Una auditoría en ANDIS arrojó sobreprecios del 4000%

El Ministerio de Salud presentó en la causa judicial que investiga a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) un informe técnico que detectó sobreprecios de hasta el 4239% en la compra de insumos ortopédicos y válvulas cardíacas, lo que ha reavivado las sospechas sobre un entramado de corrupción administrativa que habría funcionado durante gran parte de 2025. El documento, fechado el 10 de abril y firmado por la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, analiza 37 facturas emitidas a seis proveedores que recibieron pagos por más de 18.100 millones de pesos, según publicó el diario La Nación. El relevamiento oficial señala que “el análisis de la documentación respaldatoria revela desvíos de precios injustificables y una red de conexiones societarias y familiares entre los proveedores que distorsionan los principios de libre competencia y razonabilidad del gasto público”. Uno de los casos más extremos consignados en el expediente es la compra de un andador con frenos doble función y asiento acolchado por 12.150.000 pesos, una cifra que supera en un 4239% el valor de referencia del mercado. Pero el patrón de sobrefacturación se repite en múltiples rubros: una silla de ruedas para un niño de nueve años fue pagada a 19 millones de pesos cuando su precio de referencia nacional rondaba los 1,28 millones, y un sistema de válvulas bicaval transcatéter, utilizado para corregir problemas cardíacos, fue abonado por ANDIS en julio de 2025 a 425 millones de pesos, mientras que meses antes el PAMI había adquirido el mismo producto por 124,2 millones.

El informe, que está en manos de la Justicia a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, califica esas operaciones como “desvíos técnicamente indefendibles” y advierte que no existen justificaciones terapéuticas ni clínicas que avalen semejantes erogaciones del tesoro nacional. La investigación apunta centralmente al extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, cuyo abogado Mauricio D’Alessandro sostuvo que el documento no le atribuye a su cliente ninguna intervención directa en las maniobras. Sin embargo, la hipótesis fiscal plantea que el sistema digital de licitaciones Siipfis habría sido vulnerado para simular competencias de precios ficticias y beneficiar a un grupo reducido de empresas. Según el dictamen de Picardi, ese mecanismo funcionaba “bajo la fachada de imparcialidad y automatismo” pero permitía el despliegue de maniobras ilícitas y orquestadas. Los investigadores también detectaron un grupo de WhatsApp denominado “grupo museo” donde exfuncionarios y operadores externos definían qué compañías participarían en las compulsas. Entre las firmas señaladas se encuentran Farma Salud, Artrobone, Bymax Medical, Cirugía y Ortopedia Innova, Expo Trauma y Ortopedia Bernat.

La principal proveedora fue Farma Salud, que absorbió 7900 millones de pesos. Uno de sus socios mayoritarios, el contador Osmar Mariano Caballi, quien fue director general de ANDIS durante un breve lapso del gobierno de Alberto Fernández, está citado a declarar indagatoria. Otros dos socios de esa misma empresa, Hernán Darío Rasmussen y Maximiliano Ariel Perdiechizi, presentaron un descargo por escrito señalando a Caballi como el responsable de las transacciones y afirmando que él ofreció acercarles nuevos negocios gracias a su paso por la función pública. La trama incluye además vínculos personales: el gerente de Bymax Medical, Patricio Oscar Acosta, es pareja de Lorena Di Giorno, exfuncionaria de ANDIS ya procesada que respondía a Miguel Ángel Calvete, uno de los lobistas investigados. Mientras la causa avanza con 49 personas citadas a indagatoria y los acusados intentan frenar el proceso mediante planteos de nulidad basados en la supuesta ilegalidad de los audios filtrados que mencionan un “3% para Karina”, el fiscal Picardi solicitó peritajes para confirmar la autenticidad de esas grabaciones. La publicación del informe interno en plena tensión entre el ministro de Salud, alineado con Santiago Caputo, y el sector de Karina Milei ha sembrado interrogantes sobre si la filtración busca instalar un daño político dentro del propio oficialismo, mientras el expediente judicial sigue su curso con nuevas declaraciones indagatorias.