La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se topó con un episodio de alto voltaje político que compromete la eficacia de los procedimientos judiciales y exhibe posibles complicidades dentro del aparato estatal. El juez federal Sebastián Casanello se vio obligado a presentar una denuncia penal para que se investigue cómo el empresario Sergio Mastropietro, un eslabón clave que conecta el escándalo de las coimas con el financiamiento narco del diputado José Luis Espert, logró eludir el secuestro de su teléfono celular al ingresar al país, según publicaron los medios involucrados en la cobertura.
El hecho ocurrió el 15 de noviembre, cuando Mastropietro regresaba de Miami en un vuelo privado que, de manera inusual, realizó una escala no programada en Tucumán. Pese a que existía una orden expedia del juzgado para que Migraciones y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le requisaran el dispositivo inmediatamente al descender del avión, el empresario pasó los controles sin inconvenientes. Solo fue interceptado gracias a un llamado de alerta del juzgado, cuando ya se encontraba fuera de la terminal aeroportuaria. Fue en ese momento que Mastropietro ofreció una versión que los investigadores consideran inverosímil: alegó que había extraviado el teléfono, el cual, sin embargo, fue geolocalizado activo y saliendo de Aeroparque . Este incidente forzó al juez Casanello a radicar una denuncia por averiguación de delito en el juzgado federal 6, a fin de determinar si hubo “negligencia o lo quisieron ayudar” por parte de los funcionarios responsables.
La relevancia de Mastropietro trasciende con creces este insólito episodio, posicionándolo como un nodo de conexión entre dos grandes causas que sacuden al oficialismo. Por un lado, el fiscal Franco Picardi lo señala como uno de los presuntos receptores de fondos originados en las coimas de la ANDIS. Según su dictamen, las empresas de aviación de Mastropietro, Baires Fly S.A. y Baires Jets S.A., habrían actuado como pantalla para blanquear dinero, facturando grandes sumas a droguerías proveedoras del Estado por conceptos genéricos como “compra de kilómetros nacionales” . Las pesquisas judiciales reconstruyeron una estrecha relación entre Mastropietro y el lobista Miguel Ángel Calvete –otro imputado central–, quien en mensajes de WhatsApp se refería a él como “Serginho” y le ordenaba transferencias por cientos de millones de pesos.
Por otra parte, y con implicaciones quizás más profundas, Mastropietro es el mismo empresario que, en febrero de 2019, actuó como puente para presentar a Federico “Fred” Machado con el entonces candidato presidencial José Luis Espert . Machado, hoy detenido en Estados Unidos y acusado de narcotráfico y lavado de dinero por un tribunal de Texas, se convertiría desde entonces en un financista clave de la campaña de Espert. Medios nacionales han revelado la existencia de una transferencia de US$200.000 desde el fideicomiso de Machado a favor de Espert en enero de 2020, un vínculo económico que el diputado de La Libertad Avanza siempre negó, pero que los registros bancarios exhiben con crudeza . El nombre de Mastropietro, además, figura en los registros del Bank of America como usuario de ese mismo fideicomiso, con operaciones por más de US$800.000.
Este entramado de corrupción, lavado y presunto financiamiento narco de la política se encuentra bajo una lupa cada vez más potente. La pesquisa del juez Casanello y el fiscal Picardi avanza sobre un sistema que habría utilizado empresas de aviación y complejas estructuras fiduciarias en el exterior para blanquear dinero de origen ilícito. La misteriosa desaparición del celular de Mastropietro no hace más que agregar un nuevo capítulo de opacidad e impunidad a una trama que parece tocar los cimientos mismos del poder, planteando una inquietante pregunta sobre hasta dónde están dispuestas a llegar ciertas estructuras para evadir la acción de la Justicia.
