Alianza inesperada: la CGT y las cámaras empresarias unen fuerzas contra la reforma laboral de Milei

En un giro sorprendente que atraviesa las tradicionales líneas de confrontación, la Confederación General del Trabajo y las principales cámaras empresariales del país han sellado una alianza estratégica para enfrentar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Este acuerdo inédito, gestado en una reunión reservada en la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio, según reveló en exclusiva el medio El Destape, reunió a dos secretarios generales de la CGT, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, con los titulares de la CAME, Ricardo Diab, y de Adimra, Elio del Re, además de un representante de la Cámara Argentina de Comercio. La confluencia nace de un interés compartido en defender aspectos medulares del actual sistema de relaciones laborales que el proyecto oficialista busca modificar.

El núcleo del entendimiento radica en la defensa de las denominadas “cláusulas obligacionales” de los convenios colectivos, que establecen aportes extraordinarios de los empleadores. Para las cámaras, estos fondos son vitales: en el comercio financian al Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica (Inacap) y en la metalmecánica sostienen la estructura de Adimra. Para los sindicatos, su contraparte es la “cuota solidaria” que reciben de trabajadores no afiliados. Ambos bloques coinciden también en rechazar el cambio en el orden de prelación, que priorizaría los acuerdos por empresa sobre los convenios nacionales, una modificación que, afirman, fragmentaría el modelo sindical argentino y debilitaría la representación patronal de alcance nacional.

La oposición concreta se plasmó en un documento conjunto donde las entidades empresarias objetan cinco artículos específicos. Critican que el artículo 126 “limita la ultraactividad de los convenios colectivos vencidos únicamente a las cláusulas normativas y excluye las cláusulas obligacionales”, lo que a su juicio “desnaturaliza el convenio colectivo de trabajo como un instrumento integral” y “genera mayor inseguridad jurídica y conflictividad laboral”. Asimismo, rechazan el artículo 128, que vuelve voluntarios los aportes patronales especiales, poniendo en riesgo el financiamiento de instituciones de capacitación. Los artículos 130 y 131 también son cuestionados por “alteran el natural sistema de articulación y prelación entre convenios colectivos de trabajo”, advirtiendo que un esquema que privilegie los acuerdos de menor ámbito “fragmentarí[a] el marco normativo de una misma actividad” y afectaría el principio de “igual remuneración por igual tarea”.

La alianza trasciende lo declarativo y ya se tradujo en una acción política coordinada. Ambas partes acordaron realizar gestiones conjuntas ante gobernadores y legisladores para restar apoyo parlamentario a la reforma, e incluso evalúan una foto pública como símbolo de esta unidad inusual. Este acercamiento marca un quiebre histórico, donde cámaras empresarias de tradición antiperonista priorizan la defensa de sus estructuras de financiación y representación por sobre una sintonía ideológica con el gobierno. Por su lado, la conducción de la CGT demostró una habilidad táctica para sumar aliados poderosos en un debate donde se juega la arquitectura misma del sistema de negociación colectiva. La reforma laboral, una de las banderas del oficialismo, se topa así con un frente opositor de una amplitud y solidez poco comunes, configurando un escenario parlamentario complejo donde el gobierno deberá negociar no solo con la oposición política, sino con una coalición inesperada de fuerzas sociales.