El Gobierno nacional designó a Joaquín Ignacio Mogaburu como nuevo subsecretario de Derechos Humanos, en reemplazo de Alberto Baños, quien presentó su renuncia la semana pasada por motivos personales. El anuncio fue realizado este miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quien enfatizó que el flamante funcionario tiene “la claridad y la convicción necesarias” para llevar adelante los lineamientos definidos por el presidente Javier Milei para esta segunda etapa de su gobierno. Mogaburu, un abogado con formación de posgrado en Derechos Humanos y Derecho Penal, se desempeñaba hasta la fecha como director de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa y cuenta con una amplia trayectoria de más de quince años en el Poder Judicial, específicamente en Tribunales Orales Federales.
— Ministerio de Justicia (@MinJusticia_Ar) December 10, 2025
La llegada de Mogaburu consolida un perfil que ha generado ruido en el ámbito de los organismos tradicionales de derechos humanos. Durante su gestión en el Ministerio de Defensa, impulsó actividades y seminarios basados en el concepto de “memoria completa”, una narrativa promovida por el gobierno de Milei que busca contrarrestar el paradigma de Memoria, Verdad y Justicia. En ese marco, trabajó codo a codo con los asesores Silvia Ibarzábal y Arturo Larrabure, referentes de organizaciones que representan a familiares de víctimas de ataques guerrilleros ocurridos en la década de 1970. Según una respuesta oficial firmada por el propio Mogaburu durante su gestión en Defensa, los testimonios de estos asesores dejan “un mensaje de concordia política y perdón que emociona a los interlocutores y es digno de destacar”.
La designación se enmarca en un proceso de profunda reestructuración del área que el gobierno describe como “ordenamiento”. Amerio detalló que, en estos dos años, se eliminaron catorce cargos jerárquicos –incluida la degradación de la antigua Secretaría a Subsecretaría– y se redujo la planta de personal a la mitad, lo que, según la administración, implica un ahorro anual de $13.550 millones. El funcionario afirmó que estas medidas “contribuyen a desideologizar las políticas públicas en el área de los Derechos Humanos y garantizar una administración más transparente y responsable”. Sin embargo, este ajuste ha sido objeto de duras críticas por parte de organizaciones sociales y sindicales, que lo interpretan como un vaciamiento de las políticas de Estado en la materia.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha denunciado que el recorte del 50% de la planta, que pasó de 1050 a 390 trabajadores, afecta gravemente la ejecución de políticas clave. En un informe crítico, el sindicato señaló que este vaciamiento se manifiesta, por ejemplo, en la falta de personal especializado para el mantenimiento del Sitio de Memoria ESMA y en el retiro casi total del Estado como querellante en los juicios por delitos de lesa humanidad. Esta perspectiva encuentra eco en un reciente informe de Amnistía Internacional, el cual advierte sobre un “deterioro acelerado y multidimensional de los derechos humanos” en Argentina, resultado de un modelo que, según la organización, “concibe a las personas como costo, a los derechos como obstáculos y a la crítica como una amenaza”.
El informe de Amnistía Internacional sostiene que el retroceso no es casual, sino el resultado de un proyecto político que ha reducido el gasto público en áreas sociales vinculadas a derechos en más de un 41% en términos reales, mientras expande la capacidad represiva del Estado. Mariela Belski, directora ejecutiva de la organización en Argentina, explicó que este modelo “transmite un mensaje inequívoco: el Estado decidió ajustar precisamente a quienes más debería proteger”. Este diagnóstico global sobre la gestión de derechos humanos en el país proporciona un telón de fondo sobre el cual se proyecta la designación de Mogaburu y la profundización de las políticas de ajuste y reorientación ideológica en el área que él ahora conduce.
La salida de su predecesor, Alberto Baños, estuvo marcada por la polémica tras sus declaraciones ante el Comité contra la Tortura de la ONU en Ginebra, donde habló de una “memoria completa” y afirmó que en el país “hubo más de 1000 muertos por la acción del terrorismo de las milicias guerrilleras”, al tiempo que acusó a los defensores de derechos humanos de haber hecho “negocio” con la causa. Con la llegada de Mogaburu, quien ha cultivado un discurso similar centrado en la “concordia y el perdón”, el gobierno parece confirmar su intención de radicalizar este cambio de rumbo en las políticas de memoria, en un momento particularmente simbólico de cara a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1976.
