Son todos narcos, de los malos

La figura de la diputada Lorena Villaverde emerge con perfiles cada vez más definidos en el entramado político-judicial que conecta a referentes del oficialismo con redes de narcotráfico, revelando una trama de vínculos personales, negocios opacos y un pasado judicial que contrasta con su discurso público. La legisladora rionegrina de La Libertad Avanza, elegida por Karina Milei para encabezar la lista en su provincia, enfrenta acusaciones documentadas sobre su detención en Estados Unidos por tenencia de cocaína, según reveló el diputado Martín Soria en el recinto al presentar documentación oficial del caso identificado como 58-58-2002-CF. “Perfil de la delincuente, María Lorena Villaverde con fecha del año 2002, con identificación del caso 58-58- 2002-CF, categoría delito penal, julio de 2002, código de infracción, departamento de aplicación de la ley OA. Descripción del delito, tráfico de cocaína”, sostuvo Soria durante la sesión, en referencia a los 400 gramos de cocaína que habrían sido encontrados en su poder en un aeropuerto de Florida.

Este episodio judicial internacional adquiere mayor relevancia al examinar los estrechos lazos que unen a Villaverde con el núcleo duro de la investigación por narcotráfico que involucra a José Luis Espert. La diputada mantiene una relación sentimental con Claudio Alberto “Lechuga” Ciccarelli, primo hermano y socio en Argentina de Federico “Fred” Machado, el empresario detenido en Río Negro con pedido de extradición a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero. Esta conexión familiar se materializó operativamente cuando la camioneta blindada Jeep Grand Cherokee que transportaba a Espert durante la campaña de 2019 -y que fue balaceada en un episodio nunca completamente aclarado- estuvo registrada a nombre de Ciccarelli, quien funge como principal enlace de Machado en el país.

La trama empresarial que teje esta red se extiende hacia actividades mineras y de aerotransporte, donde Ciccarelli actúa como presidente de la minera Eco Friendly S.A. y socio de Gold and Sand, estableciendo además una sociedad comercial con el matrimonio conformado por Vidal Bada Vázquez de Lácteos Vidal y María Cecilia Roncero, quienes a su vez lideran la empresa de aerotransportes El Nacional. Esta firma aparece vinculada a una reciente operación de narcotráfico donde una avioneta de su propiedad transportaba 359 kilos de cocaína cuando aterrizó de emergencia en Ibicuy, Entre Ríos, con una ex Miss Bolivia a bordo que intentaba cambiar pesos bolivianos en una localidad sin señal de internet.

El historial judicial de Villaverde no se limita a su detención en Estados Unidos, ya que la legisladora enfrenta causas por fraude inmobiliario relacionadas con la venta irregular de terrenos en Las Grutas, que derivaron en un embargo por cincuenta millones de pesos. Pese a este contexto, Villaverde logró acceder a un crédito hipotecario de 225 millones de pesos del Banco Nación para adquirir una vivienda de 395.000 dólares en el barrio privado Los Patricios II de Cipolletti, operación que presenta irregularidades según la investigación periodística de Data Clave. La sucursal local había rechazado inicialmente la solicitud por incumplimiento de requisitos, pero la aprobación se concretó tras la intervención directa de Daniel Tillard, director general de la entidad bancaria y amigo personal de la diputada, según consta en los reportes periodísticos. Esta propiedad, significativamente, no figura en la declaración jurada que Villaverde presentó ante el Congreso Nacional.

La paradoja que encapsula esta compleja red de relaciones queda expuesta cuando se contrastan los discursos de “mano dura” contra el narcotráfico que profesa el espacio libertario con las conexiones concretas de sus miembros con estructuras del narcotráfico internacional. Villaverde, quien apoyó públicamente la implementación de narcotests obligatorios para todos los integrantes de los tres poderes del Estado, hoy debe responder por sus propios vínculos con una trama que abarca desde el lavado de dinero hasta el transporte de estupefacientes en avionetas, tendiendo un puente entre la política formal y el crimen organizado que cuestiona los fundamentos mismos de la lucha contra las mafias que pregona el oficialismo.