Sobreprecios millonarios en Anses: denuncian que contratos de limpieza beneficiaron a empresas vinculadas a Scioli y Caputo

Un nuevo escándalo sacude a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a raíz de denuncias por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de limpieza para sus dependencias, con un sobrecosto estimado en más de 2000 millones de pesos que compromete a funcionarios cercanos al ministro de Economía, Luis Caputo, y al embajador y exgobernador Daniel Scioli. Las empresas involucradas son La Mantovana, adjudicataria de la limpieza en las regiones Norte, Noreste y Noroeste, y Linser, que se quedó con los contratos para las delegaciones del Conurbano bonaerense, ambas señaladas por haber resultado beneficiadas pese a presentar ofertas más onerosas que sus competidoras en los procesos licitatorios.

En el caso de La Mantovana, la firma había cotizado inicialmente el servicio en 10.000 millones de pesos anuales, pero tras la aparición de una oferta más competitiva de la empresa Ezca, que propuso 4.400 millones, redujo su precio casi un 40 por ciento. Sin embargo, el organismo previsional terminó adjudicándole el contrato por 5.900 millones, es decir, 1500 millones por encima de la propuesta más baja, una diferencia que encendió las alarmas sobre el direccionamiento de la licitación. Fuentes del sector advirtieron además que la maniobra no se limita al momento de la contratación, sino que se extiende a la ejecución: según consignó el portal La Política Online, en aproximadamente el 35 por ciento de los edificios incluidos en el convenio se estaría prestando el servicio con una dotación de personal sensiblemente inferior a la exigida en el pliego, lo que implica cobrar por un trabajo que no se realiza en su totalidad. Un ejemplo paradigmático es la oficina de Anses en la localidad salteña de Joaquín V. González, un espacio de apenas 13 metros cuadrados para el cual el pliego exige dos operarios durante cuatro horas diarias, cuando en la realidad una sola persona puede limpiar el lugar en media hora. “La realidad, entonces, es que pueden mandar a una sola persona por una hora y cobra por dos personas que trabajan ocho horas. Y como suele suceder con los contratos de limpieza, eso no se controla”, explicó un empresario del rubro a ese medio.

La otra firma bajo la lupa es Linser, propiedad de Luis “Chiche” Peluso, ex titular del Instituto de Loterías y Casinos de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de Daniel Scioli. En la licitación para limpiar las delegaciones del Conurbano, Linser ofertó inicialmente 3800 millones de pesos, más del doble de lo propuesto por la empresa Distribon, que cumplía con todos los requisitos del pliego pero fue descalificada de manera irregular. Finalmente, Linsor rebajó su oferta un 45 por ciento y obtuvo el contrato por 2100 millones, una cifra que aún así superaba en 570 millones lo que había cotizado la firma excluida. El entramado de vínculos políticos se profundiza con un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que reveló que durante 2024, Anses incrementó el valor hora pagado a Linser en un 225,7 por ciento, casi el doble de la inflación del período, que fue del 118 por ciento, mientras que los salarios testigo aumentaron 205,8 por ciento. Entre noviembre de 2023 y diciembre de ese año, la empresa de Peluso embolsó más de 5477 millones de pesos por sus servicios, según consignó el organismo de control.

La relación de Linser con el Estado nacional no se agota en Anses. De acuerdo con una investigación del diario La Nación, durante 2024 la firma se adjudicó 20 licitaciones públicas, duplicando las 10 obtenidas en 2023 y triplicando las siete de 2022. Tres de esos contratos vigentes corresponden a dependencias de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, precisamente la cartera que conduce Scioli. En dos de esas licitaciones, Linser no había presentado la oferta más baja, pero sus competidoras fueron descalificadas por supuestos incumplimientos de las especificaciones técnicas, un patrón que se repitió en al menos otros ocho procesos con distintas áreas del Estado. Fuentes de la secretaría que lidera el exgobernador desligaron a Scioli de cualquier vínculo con Peluso y aseguraron que la Comisión Evaluadora consideró que la empresa había presentado la mejor propuesta de acuerdo con los requisitos del pliego.

El escándalo actual tiene un antecedente inmediato en septiembre de 2025, cuando la Sigen ya había detectado que Anses mantenía pagos millonarios a Linser pese a tener su contrato vencido desde el 1° de septiembre de 2021. La empresa había obtenido la licitación en 2018 para prestar servicios en edificios centrales y la jefatura regional de la Ciudad de Buenos Aires, un contrato que se prorrogó tres veces hasta que las autoridades decidieron no llamar a una nueva licitación. Desde entonces, el organismo previsional continuó girando fondos bajo la modalidad de “Pago por servicios usufructuados”, un mecanismo que permite reconocer gastos por prestaciones ya realizadas sin un contrato formal previo. El 5 de marzo de 2024, Anses derogó el procedimiento de reconocimiento de gastos por excepción, pero el informe de la Sigen advirtió que los pagos continuaron bajo esa misma figura, incluso después de la derogación. En octubre de ese año, el entonces director ejecutivo Mariano de los Heros aprobó pautas para renegociar los contratos, pero esas directivas nunca se ejecutaron y fueron derogadas en febrero de 2025, dejando al organismo sin un marco administrativo claro para ordenar ese tipo de erogaciones.

El entramado de negocios de los Peluso con el Estado tiene además antecedentes judiciales. Norberto Peluso, hermano de “Chiche”, es presidente de Limpiolux, otra empresa de limpieza que en 2011 obtuvo un contrato con la entonces AFIP por 15,1 millones de pesos, duplicando la oferta de su competidora Ricardo Balboa, que había cotizado 7,4 millones. Esa causa, que investigó presuntos sobreprecios y direccionamiento, fue elevada a juicio oral en abril de 2019 y aún no tiene fecha de debate. En aquel entonces, el juez federal Sergio Torres consideró que “a raíz del claro direccionamiento ocurrido en la licitación pública en beneficio de Limpiolux S.A. –que encuadra en el delito de negociaciones incompatibles, se produjo un perjuicio económico para las arcas de la Administración Pública”. La exdiputada Elisa Carrió llegó a referirse a Juan Carlos Mancinelli, otro empresario del rubro vinculado a Scioli, como “el Lázaro Báez de Scioli”, en alusión a los negocios del exgobernador con contratos de limpieza estatales que le permitieron, incluso, designar al dueño de una de esas firmas como director técnico del club de futsal de su quinta en Villa La Ñata.

En la interna del oficialismo, el caso generó tensión no solo por los sobreprecios detectados, sino también por los vínculos de Peluso con la campaña libertaria. A principios de año, el portal La Política Online reveló chats de Franca Grippo, una armadora de Sebastián Pareja en la Sexta Sección electoral, en los que proponía a referentes locales utilizar la estructura de Linser para “colar” gente en Anses. Semanas después, el propio Scioli fue fotografiado con Grippo, quien recibió una denuncia penal por usar el padrón de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para hacer campaña durante las legislativas de 2025. El paralelismo con otro reciente escándalo, el de Demián Reidel en Nucleoeléctrica, también salpicó a Peluso: Reidel fue echado de la empresa estatal por contratar con sobreprecios a Limpiolux, la otra firma del grupo, para la limpieza de la central Atucha, pese a que no había superado la instancia de análisis técnico.

Mientras desde el Gobierno aseguran a medios como La Política Online que durante el último año se cumplió el acuerdo para que Linser mantuviera los contratos, pero que ahora buscarán “limarlo” para dar lugar a empresas más afines a los nuevos dueños del poder, lo cierto es que las erogaciones millonarias continúan en un contexto de fuerte ajuste sobre jubilados y beneficiarios de programas sociales. El contraste entre el discurso de la motosierra y la persistencia de estos mecanismos de contratación irregular abre un interrogante sobre los criterios que efectivamente rigen la administración de los recursos públicos en organismos clave como Anses, mientras la oposición y diversas organizaciones sociales reclaman una investigación exhaustiva que determine las responsabilidades políticas y judiciales del caso.