El gobierno nacional oficializó este martes la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), concretando así una decisión anunciada por el presidente Javier Milei en febrero de 2025 y que ahora se hizo efectiva tras cumplirse el plazo de un año establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El canciller Pablo Quirno comunicó la medida a través de su cuenta en la red social X, donde precisó que la notificación formal había sido dirigida al Secretario General de Naciones Unidas en su carácter de depositario de la constitución del organismo. La determinación, que alinea al país con la postura del expresidente estadounidense Donald Trump, quien también retiró a Estados Unidos de la OMS en febrero de este año, se fundamenta en las “profundas diferencias” del gobierno con la gestión del organismo durante la pandemia de covid-19, a la que atribuye haber propiciado “el mayor confinamiento de la historia de la humanidad”. El ministro de Salud, Mario Lugones, justificó la decisión en términos de soberanía al afirmar que “pone en primer lugar la salud de los argentinos y la capacidad del país de definir sus propias políticas sanitarias”, y añadió que la OMS habría avanzado con una “agenda marcada por sesgos ideológicos, alejándose de la evidencia”.
A pesar del alejamiento del organismo mundial, desde el gobierno enfatizaron que la Argentina mantendrá su membresía en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una agencia regional con sede en Washington que goza de autonomía técnica y que, de hecho, es preexistente a la OMS. Esta permanencia se presenta como el pilar fundamental sobre el cual se sostendrá la cooperación sanitaria internacional del país, particularmente a través del Fondo Rotatorio de la OPS, un mecanismo de compras conjuntas que durante más de cuatro décadas ha permitido a los estados miembro acceder a vacunas y, desde ahora, a medicamentos de alto costo a precios significativamente más bajos que los que obtendrían en negociaciones individuales. El ministro Lugones subrayó que la salida de la OMS “no compromete ningún programa de salud nacional” y que la cooperación técnica y el financiamiento para proyectos específicos se gestionarán directamente a través de la OPS y acuerdos bilaterales con otros países . En esa línea, el gobierno sostiene que el impacto en el ciudadano de a pie será imperceptible, ya que no se verán afectados ni los calendarios de vacunación ni la atención en hospitales y centros de salud, que continuarán operando con normalidad.
Sin embargo, la decisión ha generado un debate sobre sus implicancias a mediano y largo plazo. Especialistas como el exministro de Salud Adolfo Rubinstein advirtieron que “salir de la OMS para un país implica estar fuera de las políticas sanitarias globales, marcos regulatorios y el Reglamento Sanitario Internacional, la preparación coordinada para pandemias, las innovaciones”, lo que supone una pérdida de capacidad de incidencia en la agenda sanitaria mundial, por más limitada que esta sea. El infectólogo Hugo Pizzi, si bien relativizó el efecto inmediato de la medida para la población, expresó su desazón personal: “Me da mucha tristeza salir de una organización como la OMS”, aunque también reconoció que en los últimos tiempos el organismo “se ha politizado”, señalando contradicciones durante la pandemia, como las recomendaciones sobre el uso de barbijos o la promoción de vacunas que no siempre resultaron ser las más adecuadas. Pizzi destacó, no obstante, que el país cuenta con instituciones científicas de primer nivel, como el Instituto Malbrán y las universidades nacionales, cuyo trabajo continuará siendo el verdadero sostén del sistema sanitario.
En paralelo a la formalización del retiro, el gobierno impulsa una redefinición del rol del país en el escenario sanitario regional, con una apuesta estratégica a convertir a la Argentina en un proveedor neto de insumos para las Américas a través de los fondos de la OPS. Durante una reciente visita al país del director de la OPS, Jarbas Barbosa, se celebraron reuniones con laboratorios nacionales y autoridades sanitarias para ampliar el alcance del Fondo Rotatorio, incorporando no solo vacunas sino también medicamentos oncológicos y biosimilares. La intención es que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) fortalezca su categoría para que sus registros sean automáticamente aceptados en las compras conjuntas regionales, lo que agilizaría el ingreso de fármacos argentinos a nuevos mercados. Barbosa ejemplificó el potencial de este cambio al señalar que, con los acuerdos ya cerrados para la provisión de vacunas antigripales y contra el neumococo, Argentina podría llegar a exportar más de 250 millones de dólares anuales mediante los fondos rotatorios, generando divisas y empleos de alta calidad. Esta estrategia, definida por altos funcionarios de la OPS como un “cambio de paradigma”, busca reducir la vulnerabilidad de la región que se evidenció durante la pandemia, promoviendo una producción organizada y programada que garantice el acceso equitativo a tecnologías sanitarias y evite la dependencia de proveedores extrarregionales. Mientras el gobierno celebra esta nueva etapa de “soberanía sanitaria” y proyección exportadora, las voces críticas insisten en que, más allá de los acuerdos comerciales, el país ha resignado su lugar en la mesa donde se discuten las reglas globales para enfrentar futuras emergencias, un costo que, advierten, podría hacerse sentir en el próximo crisis sanitaria internacional.
