La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó en las primeras horas del jueves, tras una extensa sesión que se extendió hasta la madrugada, una ley de financiamiento que autoriza un endeudamiento por hasta 3.685 millones de dólares. La medida, impulsada por el gobierno de Axel Kicillof, obtuvo el respaldo de un amplio arco opositor, incluyendo al bloque del PRO, que en esta ocasión se desmarcó del oficialismo nacional, generando una agria polémica dentro de la coalición de gobierno. El único rechazo explícito provino de La Libertad Avanza. Cristian Ritondo, líder del PRO bonaerense, justificó el apoyo afirmando que su bancada solo acompañó “la parte que permite refinanciar deuda anterior a mejores tasas, es decir, hacer el rollover que es lo que beneficia a la provincia”, pero aclaró que rechazaron el resto “ya que no explicaron el destino de los fondos que deberían haber ido a inversión”. Esta postura fue cuestionada con dureza por la senadora libertaria Florencia Arietto, quien públicamente acusó a Ritondo y a Néstor Grindetti de haber intercambiado su voto por cargos en el directorio del Banco Provincia, una afirmación que fue desmentida por el espacio de Juntos por el Cambio.
Sin embargo, la sanción legislativa es solo el primer paso. Para su concreción definitiva, la administración de Kicillof requiere el aval formal del gobierno nacional, tal como estipula el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, que en las últimas semanas ya autorizó operaciones similares para la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Este requisito coloca la decisión final en manos del presidente Javier Milei, con quien el gobernador bonaerense mantiene una relación institucional sumamente tensa. Kicillof, uno de los principales referentes opositores y que no suscribió el Pacto de Mayo, cargó contra la Casa Rosada en la red social X, afirmando que “la ley salió adelante contra la voluntad explícita del presidente Milei, que una vez más apostó al caos, al desorden y a que la provincia colapsara para sacar ventaja política”. Desde el entorno del mandatario provincial se advirtió que, de no obtenerse la habilitación, la provincia podría “caer en default”, una situación que, según argumentan, también sería negativa para la Nación.
La Legislatura bonaerense aprobó esta madrugada la Ley de Financiamiento con una mayoría de 2/3 de los legisladores. Quedan así convertidos en ley los tres proyectos enviados por el Ejecutivo, herramientas indispensables para seguir funcionando en este contexto de emergencia.…
— Axel Kicillof (@Kicillofok) December 4, 2025
El conflicto se enmarca en una pulseada política más amplia y en la falta de canales de diálogo. Hasta el momento, ni Kicillof ni sus ministros han logrado ser recibidos por el ministro del Interior, Diego Santilli, a cargo de analizar y autorizar estas operaciones junto con el Ministerio de Economía. A mediados de noviembre, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos “Carli” Bianco, solicitó formalmente una reunión para tratar diversos temas, incluidos fondos retenidos y obras paralizadas. La respuesta de Santilli, según se difundió, fue breve e irónica: “Dale Carli, gracias. Tomo nota”. En declaraciones posteriores, el funcionario nacional explicó que no tenía previsto recibir al gobernador porque no acompaña las políticas del gobierno central.
Frente a este bloqueo, desde La Plata descartan por el momento una judicialización de la solicitud de aval para la deuda, priorizando agotar las instancias de diálogo, aunque no descartan esa opción en el futuro. El gobierno de Kicillof sostiene que el endeudamiento aprobado no es nuevo, sino que está destinado fundamentalmente a refinanciar vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal. “Cubro los vencimientos de la provincia del endeudamiento de Vidal”, afirmó el gobernador, dirigiéndose al ministro de Economía, Luis Caputo, con un mensaje directo: “Rapidito, Toto”. No obstante, desde el gobierno nacional han expresado reparos. El propio Caputo señaló que, en el caso bonaerense, “lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal”, mientras que el diputado oficialista Sebastián Pareja fue más categórico al afirmar que “de ninguna manera” se otorgará el aval. La definición final, que pondrá a prueba la capacidad de coordinación en un escenario federal fracturado, queda ahora en el escritorio del Palacio de Hacienda.
