En un movimiento que anticipa una batalla legislativa de proporciones, el Gobierno nacional avanza con los lineamientos de una reforma laboral que propone transformaciones estructurales en las relaciones entre trabajadores y empleadores, modificando principios que han regido por décadas. Según trascendidos, el proyecto incluiría la implementación de los denominados “salarios dinámicos”, un concepto que convertiría los actuales convenios colectivos en techos salariales de referencia en lugar de pisos mínimos garantizados. Este cambio de paradigma, presentado por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en el Coloquio de IDEA, permitiría que cada empresa negocie individualmente con sus empleados, desmantelando la negociación colectiva por actividad y dejando a cada trabajador “a la deriva a merced del patrón”, según críticas de sectores opositores.
Te están anunciando una reforma laboral con jornadas de 13 horas y convenios definidos por las empresas.
— M (@MConurbasic) October 23, 2025
Te dicen que van a aumentar la edad jubilatoria a 70/75 años y la vuelta de las AFJP que nos saquearon a todos en los 90.
El presidente te pide un esfuerzo mientras juega al… pic.twitter.com/WQihp7iohb
La propuesta oficial busca eliminar la indexación salarial automática por inflación, reemplazándola por ajustes vinculados a la productividad de cada sector o firma, y promovería la formalización del empleo no registrado mediante incentivos en lugar de multas. Otros puntos controversiales que circulan en el debate incluyen la extensión de la jornada laboral a 12 horas diarias con un tope de 60 semanales, la creación de un “banco de horas” que eliminaría el pago de horas extras, y la sustitución de las indemnizaciones por despido por un fondo de cese laboral financiado por aportes de los propios trabajadores. El secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, anticipó que este paquete de iniciativas sería enviado al Congreso en diciembre, buscando capitalizar eventuales resultados electorales favorables.
La central obrera ya ha expresado su firme rechazo. Gerardo Martínez, dirigente de la UOCRA y representante del ala dialoguista de la CGT, emitió un contundente comunicado donde afirmó: “Expresó un contundente y categórico rechazo a cualquier intento de modificación (del código de trabajo), mucho menos aquellos inspirados en el decreto 70/23”. Martínez, quien aún mantiene la participación de la CGT en el Consejo de Mayo —espacio de diálogo multisectorial creado por el Gobierno—, argumentó que “ningún país crece y se desarrolla empobreciendo a sus trabajadores” y atribuyó los problemas del costo argentino al “mal manejo de la política económica, tributaria y cambiaria”, y no a los derechos laborales. Esta reforma, que promete ser uno de los ejes de conflicto político del verano, perfila una pulseada fundamental sobre el modelo de país, enfrentando la visión oficial de flexibilización y descentralización contra el principio de protección colectiva y derechos adquiridos. sindicatos.
