La Corte Suprema de Justicia, tras confirmar días atrás la condena a Cristina Kirchner, emitió un fallo que reactiva significativamente la causa por el vaciamiento del Correo Argentino, afectando directamente a Mauricio Macri y sus aliados políticos. En una decisión interpretada como equilibrio de fuerzas, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la recusación contra los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, magistrados de la Cámara Federal porteña que deberán resolver el expediente. Los defensores de Jaime Cibils Robirosa, ex presidente de Correo Argentino y socio de los Macri, alegaron que el proceso busca “poner de rodillas” al líder del PRO, argumentando parcialidad debido a que Boico fue defensor de CFK y Farah denunció presiones durante el gobierno macrista. La Corte desestimó estos planteos al considerar que no se dirigían contra una sentencia definitiva, respaldando así decisiones previas de la Cámara Federal y de Casación Penal, donde el juez Javier Carbajo sostuvo que no existía “temor de parcialidad objetivamente sustentado”.
Este revés judicial golpea con particular intensidad a la Unión Cívica Radical de Córdoba, donde dos figuras quedan expuestas: el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y su exdirector jurídico Juan Manuel Mocoroa –actual apoderado legal del partido–, ambos imputados por su rol en la negociación de 2016. Según la fiscal Gabriela Boquín, citada en los textos, el acuerdo impulsado por el gobierno de Macri implicó “una condonación abusiva” que licuó el 98.87% de la deuda, generando un perjuicio fiscal estimado en 4,700 millones de pesos de entonces y proyectado a 70,000 millones para 2033. El fiscal Gerardo Pollicita agregó que el trato fue “espuriamente concebido” para beneficiar a la empresa de los Macri, aunque Aguad negó ilícitos durante su indagatoria ante el juez Ariel Lijo, argumentando que buscaba evitar mayor licuación. La causa, estancada durante años pese a las presiones de Macri para archivarla –incluyendo reuniones con su ministro Germán Garavano y operadores judiciales–, ahora obliga a los imputados a enfrentar el escrutinio de una sala camarista sin recusaciones posibles.
La resurrección del expediente ocurre en un momento políticamente delicado para la UCR cordobesa: Mocoroa, como apoderado partidario, está actualmente abocado a dar legalidad a las internas para definir candidatos legislativos, mientras la sombra judicial vuelve a proyectarse sobre su gestión durante el macrismo. Este giro procesal tensiona al radicalismo provincial, especialmente a su liderazgo vinculado a Rodrigo de Loredo, al exponer cómo figuras centrales de su estructura jurídica quedaron enredadas en una causa que ilustra los cuestionados manejos económicos del gobierno macrista, donde el Estado aceptó pérdidas billonarias en beneficio de intereses privados allegados al poder.
