Según los análisis de Nicolás Lantos y Adrián Murano publicados en los últimos días en El Destape, el gobierno de Javier Milei comienza con la implementación de un plan sistemático de represión y criminalización de la protesta social.
Según publica Adrián Murano en el sitio El Destape, la represión a la marcha de jubilados del mes pasado marcó un punto de inflexión en la estrategia del gobierno. Con disparos a discreción, detenciones arbitrarias y casi 200 heridos, entre ellos el reportero gráfico Pablo Grillo, quien lucha por su vida, el operativo evidenció un salto cualitativo en la violencia estatal. Esta escalada no fue un hecho aislado, sino parte de un plan cuidadosamente diseñado que incluye al menos 20 normas modificadas o creadas para fortalecer el aparato represivo y otorgar impunidad a las fuerzas de seguridad.
Entre las medidas más destacadas se encuentran el Protocolo Antipiquetes, que permite disolver manifestaciones sin orden judicial y detener a participantes sin pruebas; la creación del Comando Unificado Urbano, que centraliza el control de las fuerzas federales bajo el Ministerio de Seguridad; y la implementación de un sistema de vigilancia masiva mediante inteligencia artificial, que rastrea movimientos sociales y opositores sin control judicial. Además, la Ley Antimafias, aprobada con apoyo de todos los bloques en el Congreso, habilita detenciones preventivas de hasta 15 días sin orden judicial y permite allanamientos e interceptación de comunicaciones sin supervisión legal.
Nicolás Lantos, por su parte, destaca que estas medidas borronean la línea entre lo legal y lo ilegal, otorgando a las fuerzas de seguridad facultades amplias para actuar fuera de la ley. La criminalización de la protesta social se ha vuelto una constante, con casos como la detención de 35 personas acusadas de terrorismo durante las protestas contra la Ley de Bases. Además, la amenaza de aplicar el derecho de admisión deportivo a quienes participen en manifestaciones refleja el desprecio del gobierno por las garantías constitucionales.
El paquete represivo también incluye la reactivación de la doctrina Chocobar, que permite a las fuerzas disparar sin previo aviso ante cualquier “sospecha razonable” de peligro, y la ampliación del uso de armas no letales de mayor toxicidad, como el gas amarillo. Estas medidas han sido acompañadas por una retórica oficial que justifica la violencia estatal, como la frase “cárcel o bala” pronunciada por un candidato oficialista.
La colaboración opositora en la aprobación de estas normas, como la Ley Antimafias, ha sido clave para consolidar este esquema represivo. Sin embargo, la interna en el gobierno por los lucrativos contratos de seguridad y espionaje, como el caso del vuelo privado eximido de revisiones aduaneras que habría transportado herramientas de espionaje ilegal, revela las tensiones detrás de esta escalada autoritaria.
En este contexto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la represión con un “estamos ganando”, frase que evoca los peores años de la dictadura militar. El gobierno de Milei, lejos de moderarse, ha decidido profundizar su deriva fascista, poniendo en riesgo no solo las libertades democráticas, sino también la vida de quienes se atreven a protestar.
