La tensión entre el Gobierno nacional y las provincias alcanzó un punto crítico tras el fracaso de las negociaciones por la distribución de recursos federales. En una reunión clave este martes en el Ministerio de Economía, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ofreció a los ministros provinciales coparticipar únicamente los fondos vinculados a obras viales del impuesto a los combustibles líquidos, transfiriendo también la responsabilidad de ejecución. La propuesta, calificada como “insuficiente” por los gobernadores, ascendería a unos $300 millones, cifra que fuentes provinciales tildaron de “miseria” al compararla con los $500.000 millones retenidos en fondos fiduciarios . Guberman justificó la medida apelando al “equilibrio fiscal”, argumentando que cualquier transferencia adicional implicaría “entrar en déficit” y que “este equilibrio redunda en beneficios para las provincias como la baja de la inflación del 25% al 1,5%” .
Frente a esta negativa, los 24 distritos —incluyendo a aliados oficialistas— ratificaron su decisión sin precedentes de avanzar con un proyecto de ley que modificaría la distribución de dos recursos clave: el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). La iniciativa busca eliminar los fondos fiduciarios de Infraestructura del Transporte (25,58% de los ingresos) e Infraestructura Hídrica (4,31%), que en 2025 acumularon alrededor de $500.000 millones de los $1,5 billones recaudados, para coparticiparlos automáticamente según los coeficientes federales . Paralelamente, exigen que los ATN —de los cuales Nación retiene casi $200 mil millones— se distribyan “de acuerdo con los porcentajes de la coparticipación primaria y secundaria”, eliminando la discrecionalidad del Ejecutivo .
Este conflicto fiscal ocurre en un contexto donde la administración de Javier Milei prioriza el superávit, incluso mediante medidas cuestionadas. Un gobernador, bajo estricto off, resumió el malestar provincial: “La banderita del superávit fiscal la levanta con la nuestra, así cualquiera” . La unidad de los mandatarios trasciende ideologías, como demostró la cumbre en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) hace diez días, donde todas las jurisdicciones —incluyendo la CABA— firmaron el reclamo unificado . La estrategia legislativa ya se activó: los gobernadores coordinan con senadores para presentar el proyecto en los próximos días, aprovechando que el oficialismo carece de los votos para frenarlo en el Congreso .
Mientras tanto, otra crisis se profundiza en el sistema de salud pública. La Resolución 2109/2025 del Ministerio de Salud, publicada el 1 de julio, transformó las residencias médicas en “becas” sin derechos laborales, eliminando salarios en blanco, obra social, aportes jubilatorios y licencias. Residentes del Hospital Garrahan denunciaron que esto implica “el cierre de la residencia más prestigiosa del país por la puerta de atrás”, reemplazada por un “estipendio” precarizado . Frente a esto, anunciaron paros nacionales para el 10 y 17 de julio, y una movilización federal hacia Plaza de Mayo . Irónicamente, esta medida coincide con el decreto 425/2025 que incrementa partidas presupuestarias para salud, incluyendo el Garrahan, pero sin revertir el desmantelamiento laboral .
La doble pulseada —fiscal y sanitaria— expone la fragilidad política del Gobierno. Si los gobernadores logran imponer su proyecto en el Congreso, sentarían un precedente para desafíos futuros, debilitando aún más la ya frágil coalición oficialista en un año electoral decisivo.
