¿Qué hizo Caputo con nuestro oro?

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Juan Manuel Olmos, expuso ante la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso una situación de “inédita” debilidad en el organismo de control y alertó sobre la reiterada negativa del Banco Central de la República Argentina a proporcionar información clave para avanzar en auditorías sensibles. La presentación de Olmos tuvo lugar en la comisión presidida por el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien también reconoció la necesidad de sostener el funcionamiento del ente fiscalizador.

El principal foco de la controversia gira en torno a los lingotes de oro girados al exterior y la fiscalización de los bonos BOPREAL. El titular de la AGN informó que el intercambio de notas con el BCRA se encuentra “agotado” debido a la negativa de la entidad monetaria a entregar la documentación necesaria para completar las auditorías. “Ha motivado la negativa del BCRA, en la forma que establece la AGN, a dar la información necesaria para realizar esa auditoría. Nos hemos detenido. No podemos saber dónde está específicamente el oro”, explicó Olmos.

La falta de colaboración del Banco Central impide a la AGN determinar la ubicación precisa de los lingotes, si están “rindiendo interés”, a qué tasa, e incluso si se “han pagados seguros de traslados”, aspectos que Olmos considera fundamentales para el control. Según detalló, la misma dinámica de reserva se repitió en la investigación sobre los bonos BOPREAL. “Tampoco podemos terminar de concluir esa auditoría, el BCRA nos dice esa información es reservada”, aseveró. Para el titular de la Auditoría, si bien ese “secreto es importante para el desarrollo funcional e institucional del Banco, pero no para el organismo auditor”, su persistencia socava la capacidad de fiscalización.

Ante este punto muerto, Olmos propuso a la Comisión que considere la citación de las autoridades del Banco Central para que brinden explicaciones directas sobre el manejo de las reservas y los instrumentos financieros. No obstante, el presidente de la AGN también señaló que la posibilidad de judicializar el tema se ve impedida por la acefalía del Colegio de Auditores, cuya integración permanece incompleta.

El retraso en la designación de auditores por parte del Congreso —a inicios de 2024 finalizó el mandato de los tres designados por Diputados y, meses atrás, los del Senado— fue otro de los puntos centrales de la exposición. Olmos advirtió que la “inédita situación” de falta de integración “debilita el sistema de control externo y dificulta el normal funcionamiento” del organismo, aunque reconoció haber podido sostener la operatividad general gracias a las funciones delegadas por el último Colegio.

Esta parálisis en la designación no solo imposibilita una acción judicial contra el Banco Central sino que también limita otras funciones esenciales de la AGN, como aprobar informes terminados, modificar el Plan Operativo Anual (POA), actualizar normas internas, cambiar criterios de reserva o acelerar auditorías. De hecho, Olmos alertó sobre las dificultades para ampliar las auditorías en curso sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), solicitadas por la Comisión misma, y pidió que la Bicameral analice intervenir para habilitar estas modificaciones.

En otro orden, y respecto al control de las universidades, el titular de la AGN reafirmó la “plena competencia” del organismo en el tema y adelantó que los informes finales de las cuatro auditorías sobre facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estarían disponibles a partir de la primera quincena de noviembre. Durante la reunión, Olmos también presentó las líneas principales del Programa de Acción Anual (PAA) para 2026 ante el presidente Pichetto, quien solicitó disponer de los detalles para su análisis en la Bicameral y trabajar “de manera colaborativa”. El titular de la AGN subrayó, además, la importancia de contar con un presupuesto propio y una ley orgánica para garantizar la autonomía funcional de la entidad y evitar las “situaciones de cierta tensión institucional” que se viven.