Protesta desesperada en la ANDIS por el ajuste en discapacidad

La crisis en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estalló con toda su fuerza este viernes cuando un colectivo conformado por prestadores, familiares de personas con discapacidad y trabajadores del organismo irrumpió por la fuerza en la sede de Belgrano. La medida, desesperada, fue la respuesta a la suspensión inesperada de una reunión clave que el interventor Alejandro Vilches había convocado para tratar los urgentes reclamos del sector. Según relataron los manifestantes a la prensa, las autoridades se negaron inicialmente a recibir un petitorio, lo que precipitó la decisión de ingresar al edificio para visibilizar un conflicto que se agrava día a día. La paciencia se agotó tras meses de reclamos ignorados, salarios congelados desde principios de año y la paralización de programas esenciales.

El origen del estallido se encuentra en una sucesión de postergaciones. La reunión del directorio, fundamental para destrabar los aumentos tarifarios y la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, fue primero adelantada y luego cancelada bajo el argumento de “fuerza mayor”, según la versión oficial. Esta decisión fue interpretada por el Foro Permanente de Discapacidad, convocante de la protesta, como una muestra más de “dilación y abandono”. Pablo Molero, presidente del Foro, cuestionó la falta de ejecución presupuestaria al señalar que “la agencia recibió $121 mil millones para otorgar aumentos, ese dinero les alcanzaría para dar un aumento importante en estos tres meses”. La sensación de impotencia frente al “ninguneo” oficial catalizó la acción directa.

Una vez dentro del edificio, tras calmarse los ánimos iniciales, los manifestantes logaron finalmente ser recibidos por el interventor Vilches. Sin embargo, el resultado del encuentro no trajo soluciones concretas. A través de un megáfono, los voceros informaron a la multitud congregada en la puerta: “Nos recibió Vilches, la verdad que no tenemos buenas noticias”. El funcionario no confirmó una fecha cierta para una nueva convocatoria del directorio, indicando que trabajaría para que se realizara “después de las elecciones”, declaración que fue recibida con una cerrada rechifla. Tampoco se especificó el monto de ningún aumento, limitándose a afirmar que “la ley está y hay que cumplirla”, una respuesta que dejó en la incertidumbre a un sector que requiere respuestas inmediatas para noviembre y diciembre.

La situación de colapso es generalizada. Lola Berthet, vocera de las familias autoconvocadas, describió la angustia ante la prensa: “Ya está todo colapsado, estamos llenando los papeles para la renovación de las prestaciones, pero no sabemos. No se sabe si el año que viene nuestros hijos o hijas van a tener prestaciones”. Esta incertidumbre se combina con un ajuste profundo: el Gobierno admitió haber recortado cerca de 100 mil pensiones, una medida que la actriz Valentina Bassi, madre de un niño con autismo, calificó duramente: “Con la piel de los discapacitados se pagó el ajuste, cosa que no puede suceder nunca. se sacaron de encima 110.000 pensiones y quieren sacarse más”, expresó en declaraciones a La Nación+. La diputada Victoria Tolosa Paz sumó su crítica, afirmando que el Gobierno “sigue demostrando su insensibilidad y desprecio hacia las personas con discapacidad”.

El contexto de esta crisis se enmarca en la no aplicación efectiva de la Ley de Emergencia, promulgada pero suspendida por el Ejecutivo nacional alegando “falta de financiamiento específico”. Mientras tanto, el organismo funciona en un estado de parálisis, con expedientes frenados, demoras en pensiones y prestadores que, según detalla la carta entregada, no reciben aumentos en los aranceles desde diciembre de 2024, lo que compromete la continuidad misma de los tratamientos. Este estallido social no es un hecho aislado, sino el síntoma de un sistema al borde del colapso, donde la desesperación de las familias y los trabajadores choca contra un muro de silencio y postergación política.