El Gobierno nacional avanzó decisivamente en la privatización de AySA mediante un decreto que modifica sustancialmente el marco regulatorio del servicio de agua y cloacas en el AMBA. El DNU 493/2025, publicado el 22 de julio en el Boletín Oficial, autoriza al Estado a “enajenar total o parcialmente su participación accionaria” en la empresa, eliminando la intransferibilidad vigente desde su reestatización en 2006. Según la normativa, el Ministerio de Economía controlará el 90% del capital accionario para su eventual venta, mientras el 10% restante permanecerá en manos de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada. Esta medida formaliza el anuncio realizado días antes por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien justificó la decisión argumentando que AySA requirió “aportes permanentes del tesoro nacional totalizando u$s13.400 millones hasta 2023” y destacó un “fuerte deterioro en la infraestructura”.
El proceso de venta se estructurará en dos etapas: una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico (con plazo estimado de 330 días), seguida de una oferta pública inicial para ampliar el capital accionario. Tal como reveló *Ámbito*, el plan oficial contempla inicialmente la transferencia de al menos el 51% de las acciones, lo que implicaría la pérdida del control estatal. Entre las modificaciones más controvertidas figura la habilitación expresa para “efectuar el corte de servicio en caso de mora”, una práctica prohibida durante casi dos décadas. Además, el decreto otorga a la futura concesionaria “amplias facultades para auditar obras” dentro del área regulada y le permite usar ingresos del servicio como garantía financiera, según detalla el texto legal.
El marco regulatorio, que reemplaza más de 100 artículos de la normativa anterior, establece ajustes tarifarios trimestrales y delega en el concesionario el financiamiento de nuevas infraestructuras mediante cobros directos a los usuarios. Esta decisión ocurre tras un incremento acumulado del 209% en las tarifas durante 2024, según datos oficiales. Pese a que Adorni prometió que la privatización “mejorará el precio y la calidad del servicio”, el decreto admite que la “profunda crisis económica limita la capacidad del Estado” para garantizar la cobertura actual a más de 11 millones de personas. Como contrapartida, se crea un Plan Director de Mejora Estratégica —no vinculante— que APLA deberá actualizar cada cinco años para orientar inversiones prioritarias.
El DNU, firmado por Javier Milei en acuerdo general de ministros, fue remitido a la Comisión Bicameral del Congreso para su revisión, en cumplimiento de la Ley 26.122. El Ejecutivo espera completar la adjudicación en 2026, aunque el régimen incluirá un período transitorio de cinco años para implementar cambios progresivos. Mientras tanto, persisten interrogantes sobre el destino de los 6.200 empleados y la garantía de acceso al agua potable en sectores vulnerables, particularmente tras el despido de 200 trabajadores en los últimos meses.
