El intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi, ha iniciado acciones legales contra el gobierno nacional para recuperar dos predios cedidos al programa Procrear, eliminado por la administración de Javier Milei. Estos terrenos, ubicados en Piñeiro y avenida Belgrano, estaban destinados a la construcción de 158 viviendas, actualmente paralizadas tras la desarticulación del plan. Ferraresi busca reactivar los proyectos con fondos comunales, posiblemente complementados por la provincia, argumentando que el abandono de las obras agrava el déficit habitacional local. “Siempre vamos a estar del lado de nuestra comunidad, defendiendo lo que nos pertenece. Nos mantendremos firmes en nuestra defensa por el derecho a una vivienda digna”, declaró el jefe comunal.
Frente a la decisión del Gobierno Nacional de disolver el Procrear reclamamos que se devuelva a Avellaneda dos inmuebles de titularidad del Municipio que se comprometieron para la realización de obras de viviendas y que hoy están paralizadas. pic.twitter.com/T1J04kMJgj
— Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) January 27, 2025
La controversia escaló con la decisión del Ejecutivo nacional de reasignar el edificio Sagol –otro proyecto Procrear en Avellaneda, completado en un 99%– a efectivos de fuerzas federales. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, formalizó la entrega de estas 160 unidades el pasado 9 de junio, en un acto que excluyó a familias adjudicatarias originales y al defensor del Pueblo local, Daniel García. Armando Bertolotto, dirigente del Frente Renovador, calificó la medida de “aberración”, recordando que las viviendas fueron legítimamente asignadas en noviembre de 2023 a familias que cumplieron requisitos crediticios para hipotecas a 30 años. “Es una oportunidad concreta de salir del alquiler eterno”, subrayó Bertolotto en diálogo con Avellaneda Hoy, cuestionando la lógica de desviar un recurso listo para habitarse mientras miles de obras permanecen detenidas.
Los perjudicados, sumidos en la “decepción y tristeza” según testimonios recogidos, preparan una avalancha de demandas judiciales. García denunció ante LPO irregularidades en el proceso: dos familias incluso recibieron tarjetas del Banco Hipotecario en enero de 2024 antes de que el gobierno paralizara abruptamente las adjudicaciones. “Es una estafa porque tendrían que haber sostenido la adjudicación pasada. La gente ya estaba comprando muebles”, afirmó el defensor, quien interpelará a tres carteras nacionales. Advirtió, además, que 25 familias policiales ya ocupan las unidades sin haber pagado, mientras se investiga si la administración del edificio recaerá en una autoridad del sector. Esta maniobra se produce en un contexto de creciente malestar en las fuerzas, con denuncias judiciales por falta de cobertura médica de la Superintendencia de Bienestar, incluyendo casos de cáncer y discapacidad no atendidos.
