El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, generó un profundo conflicto institucional al observar parcialmente la ley de presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense para el año 2026, una medida que suscitó un intenso debate sobre sus alcances constitucionales y que encendió la interna al interior del peronismo. Mediante el Decreto 2947/2025, el mandatario promulgó la Ley 15.560 pero rechazó los artículos 14, 15, 16 y 17, que establecían un novedoso mecanismo de transferencia automática y diaria de fondos desde el Tesoro provincial, calculado sobre los ingresos de libre disponibilidad. Esta decisión, según argumentó el Ejecutivo, busca evitar una “palmaria disparidad entre poderes” y preservar el sistema de cuenta única, en un contexto de extrema incertidumbre financiera por los recortes nacionales.
La reacción en el ámbito legislativo fue de inmediato rechazo y desconcierto, basándose en el artículo 94 de la Constitución provincial que establece de manera taxativa que el presupuesto del Poder Legislativo “no podrá ser vetado por el Poder Ejecutivo”. Desde la Legislatura se acusó al gobierno de incurrir en una práctica de “extorsión” financiera, recordando que el mecanismo vetado había sido diseñado precisamente para evitar los atrasos en los giros que sufrieron durante el año, donde “nos quedaron debiendo fortunas”. El presupuesto observado, aprobado en una sesión a libro cerrado el pasado 26 de noviembre, asciende a la suma de $222.800 millones, destinados mayoritariamente a gastos de personal.
Más allá del marco jurídico, el episodio destapó una aguda tensión política al interior del oficialismo bonaerense. Sectores kirchneristas y massistas, que alternan en la presidencia de la Cámara con Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera, interpretaron la medida como un acto de presión y un intento de condicionar la autonomía del cuerpo. Según fuentes legislativas consultadas por diversos medios, la observación fue percibida como una respuesta a la modificación unilateral de los procedimientos contables, que además habilitaba la intervención del Tribunal de Cuentas ante un eventual incumplimiento del Ejecutivo, un punto considerado particularmente sensible por la administración de Kicillof.
Frente a esta situación, la Cámara de Diputados evalúa ahora dos caminos con escasos antecedentes. La primera opción es insistir con el proyecto original, para lo cual necesitaría reunir una mayoría de dos tercios en el recinto, un escenario complejo dada la fragmentación política. La alternativa, de mayor alcance, es judicializar el conflicto y llevar el caso ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense, lo que abriría un capítulo de disputa entre los poderes del Estado con un final incierto y prolongado en el tiempo. Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que no hay un veto al monto total, sino una observación a la metodología, y garantiza que los fondos serán transferidos bajo el esquema tradicional de solicitud mensual, aunque esta promesa no ha logrado apaciguar los ánimos en un Legislativo que reclama plena autonomía funcional y financiera.
