Nuevos escándalos de corrupción marcan el inicio de 2026 de Milei

La administración de Javier Milei enfrenta una seguidilla de denuncias por irregularidades que han provocado una reconfiguración de su gabinete y alimentado una percepción social crítica sobre la ética en la gestión pública. A finales de enero de 2026, una serie de renuncias y desplazamientos en áreas sensibles del Estado marcaron un clima político convulsionado. Al menos cinco altos cargos, incluyendo a Paulo Starc de la Unidad de Información Financiera (UIF), Luis Pierrini de la Secretaría de Transporte, y Carlos Casares de Enargas, entre otros, presentaron sus salidas en medio de sospechas sobre el manejo de fondos públicos y la distribución de subsidios, según se detalló en coberturas periodísticas de esos días. Si bien algunas bajas se atribuyeron oficialmente a diferencias técnicas o desgaste, en varios sectores del oficialismo circularon versiones sobre presuntos manejos poco claros que precipitaron los cambios.

Uno de los focos de mayor escrutinio recayó sobre Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal a cargo de las centrales atómicas. Su presidente, Demian Reidel, cercano asesor del presidente Milei, fue denunciado ante el Comité de Integridad del organismo por presuntos sobreprecios en dos contrataciones. La primera, impulsada por el ingeniero Juan Pablo Norazco, gerente de las plantas Atucha I y II, apuntaba a un servicio de limpieza que habría sido licitado con incrementos del 140%, implicando un perjuicio estimado en más de 6,5 millones de dólares. Tal como publicó el medio, el secretario general de ATE Zárate, Fernando Pérez, confirmó la denuncia y señaló que Reidel es “la cabeza de un grupo que estaría contratando empresas de manera irregular”. Tras la difusión del caso, el directorio suspendió la licitación y apartó a dos gerentes de su cargo.

Posteriormente, la misma ATE presentó una nueva acusación contra Nucleoeléctrica, esta vez por la adquisición de un software de gestión SAP S/4HANA por siete millones de dólares, un valor que, según el gremio, tendría un costo de mercado de alrededor de 600 mil, lo que representaría un sobreprecio superior al 1000%. Estos episodios exponen tensiones internas y graves cuestionamientos a la administración de una empresa estratégica.

En paralelo, la salida del secretario de Transporte, Luis Pierrini, se vinculó directamente a una denuncia de cuatro cámaras empresariales del sector. Estas acusaron al grupo La Nueva Metropol de sobrefacturar viajes para obtener subsidios estatales mayores, desviando fondos por unos 21 millones de dólares. Según la información recogida, las cámaras presentaron la evidencia en tres oportunidades ante la Secretaría sin obtener una respuesta investigativa contundente. Fuentes del sector indicaron que la renuncia de Pierrini se produjo tras una instrucción del ministro de Economía, Luis Caputo, desde Davos. Este caso revela la persistente fragilidad en un área históricamente expuesta a manejos discrecionales, la cual manejará en 2026 un presupuesto de subsidios que supera el billón de pesos.

Otro frente de controversia se abrió con la empresa Educ.ar, Sociedad del Estado transformada en Sociedad Anónima Unipersonal. Mientras el gobierno implementa un ajuste histórico en educación, recortando presupuesto universitario, congelando salarios docentes y paralizando obras, el Presupuesto 2026 asigna a Educ.ar una partida de casi 100.000 millones de pesos. Bajo una intervención estatal, la firma suscribió un contrato directo por casi 80 millones de dólares con OCP Tech S.A., empresa del empresario Leonardo Scatturice, vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, para renovar licencias de wifi en escuelas. La adjudicación se realizó sin licitación pública y el convenio incluyó cláusulas de confidencialidad, una práctica inusual para gastos de tal magnitud. Esta operatoria coincide con el desmantelamiento de ARSAT, la empresa estatal de conectividad, configurando, según análisis críticos, un proceso de privatización encubierta que beneficia a un círculo estrecho.

Estos escándalos recientes se enmarcan en una percepción pública creciente sobre la corrupción en el gobierno. Una encuesta de QSocial reveló que el 61% de los argentinos cree que la mayoría de los funcionarios de la administración de Milei son corruptos, un índice que creció nueve puntos desde septiembre de 2025. Aunque la gestión mantiene un apoyo del 51%, la sombra de la irregularidad se proyecta sobre su discurso “anticasta”.

Estos casos no son incidentes aislados, sino que se suman a una lista de sospechas y procesos iniciados en años anteriores. Entre 2023 y 2025, la gestión de La Libertad Avanza ya había sido salpicada por otras acusaciones, incluyendo la denominada estafa $LIBRA, presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y recurrentes denuncias por sobreprecios en la obra social PAMI. Este patrón de señalamientos, en áreas que van desde lo financiero hasta lo social, compone un legado de cuestionamientos éticos que la administración actual arrastra desde sus inicios.