El proceso, adjudicado a la empresa Urbano Express por $466.554 millones, generó acusaciones de irregularidades, direccionamiento y deterioro en la calidad del producto. La compañía ganadora, vinculada al holding logístico de Walter Roman y con participación accionaria del Grupo Clarín, fue la única en presentar una oferta, mientras que las demás participantes —Lenterdit, Italpañal e Hisan— denunciaron plazos insuficientes y cambios abruptos en los requisitos.
Según la cronología del proceso, el 11 de abril se publicó la licitación en el sitio web del PAMI, seguido de una invitación a proveedores el 14 de abril y su difusión en el Boletín Oficial el 16 de abril. La apertura de sobres ocurrió el 25 de abril, dejando solo seis días hábiles para preparar las propuestas, considerando la interrupción por Semana Santa. Las empresas críticas argumentaron que el tiempo fue insuficiente para adaptarse a nuevas exigencias, como pólizas de seguro de $25.000 millones y la necesidad de contar con depósitos en CABA y AMBA para almacenar 15.000 pallets.
OTRO ESCÁNDALO EN EL PAMI.
— Jairo Straccia (@jairostraccia) May 10, 2025
Hicieron una licitación exprés con un solo oferente para comprar pañales de peor calidad y más caros.
Así, le dieron negocio de más de USS 450 millones a dos grupos de los más poderosos del país.
El lunes, los detalles en la radio.
El gobierno defendió el proceso, señalando que las solicitudes de prórroga se presentaron el mismo día de la apertura, fuera del plazo reglamentario de 24 horas. Manuel Adorni, vocero presidencial, afirmó que el nuevo sistema de entrega domiciliaria eliminaría intermediarios, evitaría reventas y ahorraría $5.000 millones anuales. Además, justificó los cambios técnicos en los pañales —como el uso de materiales anatómicos y geles de absorción mejorados— bajo estándares de la ANMAT, desestimando críticas sobre la reducción de gramaje de 75 a 50 gramos y la eliminación de dobles capas, aspectos que expertos vinculan a una posible baja en la calidad.
Sin embargo, fuentes del sector cuestionaron que el contrato, valuado en u$450 millones a tres años, implica además de un desembolso anticipado del 3%, inusual en contratos estatales. Se señaló además que Urbano Express había consultado a fabricantes locales en marzo, previo a la publicación del pliego, lo que alimentó sospechas de preparación anticipada.
Adorni atribuyó las denuncias a un “lobby empresario” que históricamente habría lucrado con los adultos mayores, mientras el ministro de Salud, Mario Lugones, enfatizó la necesidad de “transparentar” el sistema. No obstante, exfuncionarios del PAMI designados por el propio gobierno de Javier Milei habían alertado previamente sobre sobreprecios de hasta el 700% en compras sin licitación, justificadas bajo emergencias sanitarias.
La polémica se agrava ante la posibilidad de que el nuevo sistema de entrega directa utilice padrones desactualizados, facilitando facturaciones por productos no distribuidos. Con una cobertura a más de 250.000 afiliados, el caso expone tensiones entre el discurso oficial de austeridad y las prácticas denunciadas, en un contexto donde la interna dentro de La Libertad Avanza profundiza las repercusiones políticas y judiciales de este escándalo.
