¿No zafa ni uno?

La diputada nacional Lorena Villaverde, representante de La Libertad Avanza por Río Negro, enfrenta un serio revés judicial tras el embargo de $50 millones ordenado por el Juzgado Civil y Comercial 9 de San Antonio Oeste. La medida responde a una demanda por venta irregular de terrenos en Las Grutas, donde tres denunciantes alegan haber pagado por propiedades que nunca recibieron, en lo que podría configurar un esquema de estafa inmobiliaria en la costa rionegrina. El fallo instruye al Banco Patagonia retener fondos en todas las monedas bajo su nombre hasta definir responsabilidades.

Paralelamente, la legisladora oficialista enfrenta graves acusaciones por antecedentes penales internacionales. Según reveló el diputado Martín Soria (ex Ministro de Justicia) en sesión del 12 de junio, registros estadounidenses indicarían que Villaverde fue detenida en Florida en 2002 con 400 gramos de cocaína, caso catalogado como narcotráfico bajo el código de infracción 58-58-2002-CF. “Perfil de la delincuente, María Lorena Villaverde […] Descripción del delito: tráfico de cocaína”, leyó Soria en el recinto. Esta denuncia se suma a un allanamiento en su domicilio en 2017 por lavado de activos.

Oriunda de San Antonio Oeste, la parlamentaria -que abandonó estudios de Contabilidad en la UNComahue- construyó su trayectoria en marketing turístico y desarrollos inmobiliarios antes de ingresar a la política en 2023 bajo el ala de Javier Milei. Tras fracasar en su candidatura a intendenta de Las Grutas, logró un escaño nacional donde se destacó por discursos combativos apoyando la represión de protestas sociales. Paradójicamente, este año avaló el proyecto para implementar “narcotests” obligatorios en funcionarios públicos. Hasta ahora, Villaverde mantiene silencio ante ambas controversias que manchan la imagen de su bancada, ya afectada por vínculos previos de otros legisladores oficialistas con causas de drogas.