Avanza la libertad de censura

En un movimiento que generó un inmediato y amplio repudio, el gobierno de Javier Milei obtuvo del juez federal Alejandro Patricio Maraniello una medida cautelar que prohibió la difusión de audios atribuidos a Karina Milei, grabados supuestamente dentro de la Casa Rosada. La decisión judicial, calificada por numerosos juristas y periodistas como un caso de censura previa, fue celebrada por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien afirmó en la red social X que “se trata de una violación grave a la privacidad institucional y no un caso de libertad de expresión”. El fallo ordena el “cese inmediato de la difusión de los audios grabados ilegalmente a Karina Milei en Casa Rosada” a través de cualquier medio o red social, bajo el argumento de que “el derecho a la libertad de expresión debe ceder ante las graves repercusiones que podría conllevar” su divulgación, una evaluación que el magistrado realizó sin haber tenido acceso al contenido de las grabaciones.

La reacción dentro de la Rosada ante la filtración, según la nota de Pedro Lacour para El DiarioAr, fue de máxima alerta. La noche del viernes, en el despacho de Santiago Caputo, se reunieron de urgencia su mano derecha, Manuel Vidal, el vocero Adorni, el viceministro de Justicia Sebastián Amerio y el apoderado de LLA Santiago Viola, quien actuaba como enlace con Karina Milei. Este episodio, donde la voz de la hermana del Presidente fue captada dentro de la casa de gobierno, fue interpretado internamente como algo “más que una filtración: un asunto de seguridad nacional”, lo que precipitó la decisión política de judicializar una respuesta contundente.

La ofensiva legal se desarrolló en dos frentes simultáneos. Por un lado, la presentación civil que derivó en la cautelar de Maraniello, un juez que, según publicaron varios medios, busca ser camarista y enfrenta nueve expedientes en el Consejo de la Magistratura por denuncias de acoso sexual y maltrato laboral. Por el otro, una denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich, donde se solicita el allanamiento del medio Carnaval Stream –donde se difundieron los audios– y de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, del abogado Franco Bindi y del dirigente Pablo Toviggino. La cartera de Bullrich, en una presentación a cargo de Fernando Soto, llegó a vincular la filtración con “servicios de inteligencia rusos” y pidió la incautación de servidores, discos rígidos y equipos de edición.

El repudio a las medidas no se hizo esperar y fue transversal. La senadora Juliana Di Tullio se preguntó sobre el contenido de los audios: “Las confesiones de delitos que deben salir en esos audios de Karina para que el gobierno le haya pedido a sus jueces censura previa, mamita querida!”. Desde la oposición, el radical Martín Lousteau tildó el accionar de Bullrich de “un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia” y recordó que “la libertad de prensa y el secreto de las fuentes están protegidos por la Constitución”. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez fue contundente: “La interdicción de la censura previa es un contenido esencial de la libertad de expresión y el acceso a la información. Mucho más aún cuando lo que se protege está relacionado con asuntos de interés público y funcionarios públicos”. Las críticas también apuntaron al perfil del juez interviniente, señalado por múltiples denuncias de acoso.

El escándalo se enmarca en la investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso de corrupción que involucra el desvío de fondos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. La diputada oficialista escindida Marcela Pagano, cuya sombra sobrevuela el caso según el relato de Lacour, contrastó la reacción gubernamental con episodios anteriores: “Nadie se escandalizó cuando se conocieron los audios de Cristina con Parrilli. No hubo ningún pedido de allanamiento ni censura”. Mientras el gobierno intenta cerrar filas y blindar a su núcleo íntimo, la medida cautelar, lejos de acallar el affair, amplificó el interés y dejó al descubierto la profunda tensión entre el poder y la prensa en el país de “la libertad” que pregona Milei.