El subsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, protagonizó un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia argentina, al utilizar su intervención ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, Suiza, para cuestionar la cifra de 30.000 detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar y arremeter duramente contra los organismos de derechos humanos locales. La presentación de Baños, un funcionario que responde al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y cuya designación ya había generado alarma en el ámbito de los derechos humanos por su trayectoria como “juez duro” y su vínculo con las fuerzas de seguridad, rompió con una tradición de décadas de diálogo y respeto en foros internacionales.
La Argentina debía ser examinada ante el CAT sobre temas sensibles como la reducción del espacio cívico, la represión de la protesta social, la penalización y el endurecimiento del sistema carcelario. Sin embargo, el subsecretario Baños, quien viajó a Ginebra para representar al Estado argentino acompañado por dos funcionarios del riñón de Patricia Bullrich, Julián Curi (subsecretario de Asuntos Penitenciarios y abogado de la ministra de Seguridad) y Diego Goldman (subsecretario de Asuntos Legales de la misma cartera), transformó la sesión en una diatriba de marcado tinte negacionista.
Funcionario de Milei fue a la ONU a negar los 30 mil desaparecidos: "Dato falso"https://t.co/RNNmsgZZ27
— El Destape (@eldestapeweb) November 14, 2025
En su alocución, Baños puso en duda la dimensión del accionar represivo del Estado durante la última dictadura, que incluyó asesinatos, violaciones, torturas, desapariciones y secuestros de niños y niñas, y enarboló la consigna de la “memoria completa”. Afirmó, en nombre del Estado, que las políticas de memoria, verdad y justicia se habían convertido en un “negocio”, sosteniendo: “Aquí de lo que se trata es que hay organismos que están advirtiendo que los negocios del pasado se acabaron. Lamentablemente, a pesar de que a muchos no les guste, se hizo un negocio de la defensa de los Derechos Humanos y nosotros no lo vamos a tolerar. No van de la mano la corrupción y la defensa de los Derechos Humanos”. Pese a estas graves acusaciones en un ámbito internacional, no se ha presentado denuncia alguna en el plano local por estos supuestos hechos, según la nota del medio.
El funcionario, que se adjudica una supuesta concertación desestabilizadora, denunció que “El 10 de diciembre de 2023, a horas de haber asumido el Presidente Milei la presidencia de la Argentina, más de 100 organizaciones no gubernamentales poco menos que se juramentaron hacerle la vida imposible al gobierno argentino e ir a todos los organismos internacionales denunciando y cuestionando las políticas públicas de la nueva gestión”, aunque no precisó de dónde había extraído ese dato. Baños también recriminó al comité por supuestamente seguir los “dictados” del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y los acusó de funcionar como un tribunal examinador y ser víctimas de una “colonización ideológica”. Aseveró que su objetivo era “ensanchar” la memoria hacia “una memoria amplia, no como pretenden los ideólogos del pasado”, buscando equiparar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado con la acción de las organizaciones armadas de la época.
Los crímenes de las "milicias guerrilleras" no sólo son prescriptibles (porque no son crímenes de Estado) sino que, fundamentalmente, fueron todos juzgados. Si no se pudo, fue porque exterminaron a los acusados antes. https://t.co/nD8xLf6Set
— Gualter (@brezhneviano) November 14, 2025
En este marco, el subsecretario hizo hincapié en que “hubo más de mil muertos por la acción del terrorismo de las milicias guerrilleras” y que “sus deudos no han cobrado leyes reparatorias” ni hay monumentos ni juicios al respecto. Abogó por aplicar para estos casos la calificación de “lesa humanidad” para garantizar su imprescriptibilidad, en lo que se interpreta como un intento de retomar la teoría de los dos demonios y el “viejo plan” de los jerarcas militares que implicaba juzgar a sobrevivientes de los años ’70 para generar consenso para una amnistía general.
Respecto a la cifra de desaparecidos, Baños sostuvo que es un “dato falso” utilizado para “perseguir subsidios económicos”, rompiendo con el consenso histórico y legal, y manifestó que “No podemos ser ingenuos (sobre) cómo se arribó a ese número, porque, además, quien lo ideó lo dice públicamente”, haciendo referencia a Luis Labraña, un ex militante de Montoneros que se atribuye haber “inventado” la cifra de los 30.000. Este testimonio ha sido utilizado por el gobierno de Javier Milei, que incluso invitó a Labraña como orador en el video distribuido al cumplirse 48 años del golpe de Estado, a pesar de que documentos desclasificados de Inteligencia del Ejército Argentino estimaron la cifra de “muertos y desaparecidos” en aproximadamente 22 mil víctimas entre 1975 y mediados de 1978.
Por su parte, Julián Curi, el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y mano derecha de Patricia Bullrich, aprovechó su tiempo para defender acaloradamente el protocolo antiprotestas, señalando que el cuestionamiento a la resolución 943/2023 no era factible debido al 51 por ciento de los votos obtenidos por Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, lo que, según él, convalidaba su accionar en el Ministerio de Seguridad. Curi también afirmó que el “Estado argentino no tolera la violencia institucional” y, sin inmutarse, añadió que “ningún policía quiere agredir o lastimar a nadie”, pese a que ya hay varios efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal procesados por herir a manifestantes. Diego Goldman, el subsecretario de Asuntos Legales del Ministerio de Seguridad, justificó la provisión de una defensa oficial a los agentes que enfrentan cargos en la justicia, argumentando que la defensoría general no posee un área especializada en la defensa de fuerzas de seguridad y que el proceso no debería ser “todos contra el imputado”.
¿Que información tiene el subsecretario de DDHH Alberto Baños para negar que son 30.000 las y los desaparecidos en Argentina? ¿De dónde saca que hacen “negocio” los organismos de Derechos Humanos? ¿Es la misma estrategia del gobierno nacional que impulsa la impunidad con la CSJN?
— Lucía García Itzigsohn 💚 (@Lucia_GI) November 14, 2025
El tono de la delegación argentina generó un cruce con el comisionado Jorge Contesse, quien le recordó a Baños que estaba ante un comité independiente: “No nos ponemos a disposición de maniobras ni queremos atacar a un país”. Asimismo, el presidente del CAT, Claude Heller, explicó al subsecretario que el organismo se nutre de diversas fuentes para informarse sobre la situación en el país. El Ministerio de Seguridad emitió posteriormente un comunicado denunciando que el Comité no citó “fuentes al momento de realizar críticas o suministrar datos” y atacó al comisionado Contesse, sosteniendo que se había excedido en sus preguntas y demostraba un rol de “representante de algunos de esos organismos que pertenecen a la oposición argentina”. La cruzada ideológica de Baños, cuya trayectoria previa incluye haber concedido un Hábeas Corpus en 2010 al exministro de Economía de la dictadura José Martínez de Hoz para su salida del penal de Ezeiza, y su negativa a apartar a la Policía de la Ciudad en la investigación por la desaparición de Arshak Karhanyan, continuará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la próxima semana.
