Nafta al fuego: Los libertarios impulsan el arancelamiento para extranjeros

La iniciativa libertaria para cobrarles a los extranjeros sin residencia permanente por el uso de hospitales públicos y universidades en la provincia de Buenos Aires ya tiene forma de proyecto. Fue el propio jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados bonaerense, Agustín Romo, quien lo presentó y lo anunció con un posteo en X que no dejó lugar a dudas: “Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron”. La propuesta, que lleva las firmas de otros referentes libertarios como Nahuel Sotelo, Francisco Adorni y Luis Ontiveros, entre otros, apunta a dos puntas: la salud y la educación superior.

En el plano sanitario, establece que los extranjeros que no acrediten residencia permanente deberán pagar las prestaciones a través de un seguro de salud o con recursos propios, y el cobro se canalizaría mediante el Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO), una estructura que ya existe en la provincia. Para los casos de urgencia o emergencia con riesgo de vida, el proyecto aclara que nadie puede ser rechazado ni demorado, y el eventual recupero de los costos se tramita recién después de estabilizar al paciente. También quedan exceptuadas del arancel las víctimas de trata y todo lo vinculado a vacunación, prevención y control de enfermedades transmisibles por razones de salud pública. En el terreno educativo, la iniciativa faculta a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar aranceles para los estudios de grado de los no residentes, dejando en manos de cada casa de estudios la definición de los montos y las modalidades de pago. Según Romo, la lógica es simple: “Los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses”. Y desde el bloque sumaron la voz del diputado Juanes Osaba, para quien la medida busca “ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos” y que “cada peso recaudado irá a equipar nuestros hospitales, mejorar las guardias e invertir en nuestras facultades”.

Sin embargo, los números disponibles parecen desmentir la magnitud del problema que el proyecto dice querer resolver. Según estadísticas de la Fundación Soberanía Sanitaria, en 2023 las consultas de extranjeros en los hospitales bonaerenses representaron apenas el 0,2% del total de casi un millón y medio de consultas digitales registradas, y las internaciones de no residentes fueron incluso menores: del 1% en enero de 2023 bajaron al 0,65% en diciembre del mismo año. El ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, salió al cruce con datos en mano: “la asistencia médica a extranjeros es absolutamente marginal”, dijo, y puso como ejemplo que los partos de personas de otros países eran menos del 1% del total en el sector público y la atención en guardias, menos del 3%. Para el funcionario, establecer barreras de acceso termina siendo “más costoso y problemático que brindar el servicio”. En el mismo sentido, el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, había señalado que en 2026, de los más de 70 mil ingresantes a la universidad, solo el 2,5% eran extranjeros con residencia temporal, transitoria o precaria, cifra que subía al 6,1% en la Facultad de Medicina.

La discusión no es nueva. En marzo de este año, la jefa del bloque libertario en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, ya había presentado un proyecto similar para la Ciudad, aunque con un alcance más acotado: solo para el sistema de salud y sin tocar el ámbito universitario. Y a nivel nacional, el gobierno de Javier Milei ya había avanzado en mayo de 2025 con el decreto 366/2025, que habilitó a las universidades a cobrar a estudiantes extranjeros sin residencia y exigió un seguro de salud para la atención. Pero en el Ministerio de Capital Humano aclararon que, pese a estar habilitados, hasta ahora ningún rector decidió avanzar con el cobro. En la Casa Rosada, mientras tanto, no descartan ampliar la medida a todo el país: una fuente gubernamental aseguró que “puede ser que se impulse” y que, en el fondo, habría que cambiar la ley migratoria. El asesor presidencial Santiago Caputo ya mostró interés en la propuesta y analiza promover algo similar desde el gobierno nacional. Por ahora, el proyecto de Romo quedó en la Legislatura bonaerense, pero el debate sobre quién paga y quién no los servicios públicos en la Argentina parece recién empezar.