La asunción de Diego Santilli como ministro del Interior se vio empañada por un vertiginoso y anómalo ida y vuelta en las decisiones del gobierno de Javier Milei, que en menos de veinticuatro horas oficializó la quita de áreas clave de la cartera y, ante el fuerte impacto mediático y las críticas internas, dio marcha atrás al menos de manera parcial. Esta maniobra sin precedentes expuso las tensiones y las disputas de poder que persisten en las entrañas del equipo de gestión, involucrando a figuras centrales como Manuel Adorni y Patricia Bullrich.
Horas antes de que se concretara la jura de Santilli, prevista para el martes, se conoció que el Ministerio del Interior sufriría un drástico recorte en su organigrama. Tal como adelantó La Política Online el lunes, la Dirección Nacional de Migraciones pasaría a la órbita del Ministerio de Seguridad, cartera a cargo de Patricia Bullrich. Adicionalmente, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), un organismo de gran peso político y logístico por su capacidad de operar en todo el territorio, también sería transferido a Seguridad. Por su parte, la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente, actualmente ocupada por Daniel Scioli, sería absorbida por la Jefatura de Gabinete que comanda Manuel Adorni. Estos movimientos se daban, paradójicamente, mientras en otros sectores del gobierno se evaluaba la posibilidad de sumarle a Interior dependencias como Transporte, Obras Públicas y Vivienda para dotar a Santilli de los “fierros” necesarios para negociar con los gobernadores.
La decisión de desguazar la cartera política fue oficializada de manera taxativa mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial del martes, que llevaba la firma del presidente Milei, Adorni y el resto de los ministros. Esta medida generó un inmediato revuelo y pases de factura en Casa Rosada. En diálogo con LPO, un importante funcionario del gobierno reconoció una “falta de comunicación interna notable” que confirmaba las internas irresueltas. Las acusaciones volaron en distintas direcciones: mientras los allegados a la secretaria general, Karina Milei, apuntaban contra Santiago Caputo y su control de la Secretaría Legal y Técnica por la redacción del decreto, otros sectores responsabilizaron a Adorni por supuestamente estar “sobregirado en sus nuevas funciones y en la operación mediática”. Incluso hubo voces que acusaron a Patricia Bullrich de apurar los cambios como un “bautismo de fuego” para un dirigente cercano a su rival en la interna del PRO, Horacio Rodríguez Larreta.
El hecho de que el Renaper pasara a Seguridad generó una dura crítica pública, incluso antes de que la decisión se revirtiera, por parte de referentes del PRO cercanos a Santilli. El diputado y jefe del bloque Cristian Ritondo, presente en la jura, cuestionó abiertamente la medida. “El Renaper ha sido y es parte del uso civil ¿por qué va al ministerio de Seguridad?… es una cosa que yo no discutí,” expresó, añadiendo que la cartera que se encarga de confeccionar los documentos de las personas contiene “datos muy sensibles para proteger”. Ritondo apeló a la memoria histórica, al señalar que la transferencia del Renaper a Seguridad es un movimiento que “ocurrió en la dictadura” con la Policía Federal, y que en democracia “volvió porque no había que hacer seguimiento”.
Presionado por la repercusión de la medida y la voz de alarma de los referentes políticos, el gobierno decidió dar marcha atrás con la reestructuración al menos de manera parcial. En el mismo momento en que Santilli llegaba a jurar, se filtró que se había cometido un “error” y que se le devolvería el Renaper a Interior. Posteriormente, se confirmó que tanto el Renaper como Migraciones se mantendrían bajo la órbita del Ministerio del Interior. Al ser consultado por la prensa sobre el convulsionado inicio de su gestión y el repentino cambio de organigrama, Santilli optó por minimizar la disputa por las áreas. “Para mí no es una prioridad los cargos, vengo a cumplir una tarea que el Presidente me ha encomendado”, enfatizó, y señaló que en las próximas horas se reuniría con el jefe de Gabinete.
A pesar de las turbulencias, el ministro de Interior asumió con el objetivo central de ser el nexo con los mandatarios provinciales. Santilli, quien ya venía oficiosamente ocupando el cargo tras la salida de Guillermo Francos, ya mantuvo encuentros con gobernadores como el catamarqueño Raúl Jalil, el chubutense Ignacio Torres, el sanjuanino Marcelo Orrego y el cordobés Martín Llaryora. En cada una de esas reuniones, estuvo acompañado por Manuel Adorni, un gesto que cerca del ministro del Interior interpretaron como una señal de que “Diego no tiene interés en pelear espacios de poder, su objetivo es sacar las reformas”. No obstante, en la mesa de diálogo con los mandatarios provinciales, como señaló el cordobés Llaryora, los reclamos van más allá de la obra pública y apuntan a temas sensibles como las cajas previsionales y la reconfiguración de partidas coparticipables, incluyendo los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el reparto del impuesto a los combustibles líquidos. El recién asumido ministro reconoció que “hay reclamos cruzados que hay que trabajar en conjunto con los gobernadores”.
