Millonarios préstamos del Banco Nación a la dirigencia libertaria

Mientras el mercado inmobiliario permanece estancado para la mayoría de los argentinos, una serie de operaciones crediticias de magnitud otorgadas por el Banco Nación a funcionarios de alto rango y legisladores afines al oficialismo ha puesto en tensión el discurso oficial contra el “Estado opresor”. De acuerdo con los registros de la Central de Deudores del Banco Central procesados por la plataforma de acceso público “¿Cuánto deben?”, desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky, al menos nueve integrantes del Poder Ejecutivo y del Congreso accedieron a préstamos hipotecarios que, en conjunto, superan los 2.500 millones de pesos. Los datos, que surgen de fuentes oficiales, revelan un patrón de financiamiento concentrado en figuras políticamente expuestas, en un contexto donde la entidad pública que ellos mismos administran o supervisan otorga nueve de cada diez créditos hipotecarios del país. El caso de mayor volumen es el de Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, quien en febrero de 2025 obtuvo un préstamo de 475 millones de pesos por parte del Banco Nación. En la misma línea, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, exdirector del BCRA, figura como deudor de la entidad oficial por un monto de 367 millones de pesos otorgado en agosto de 2025, operación que complementó con un segundo crédito de 100 millones de pesos proveniente del Banco Ciudad. Ambas transacciones se realizaron poco después de que los funcionarios asumieran sus cargos en la estructura económica nacional.

La lista de beneficiarios se extiende a la esfera de la comunicación oficial y al Poder Legislativo. Juan Pablo Carreira, más conocido como el tuitero Juan Doe, actual titular de la Oficina de Respuesta Oficial de la Presidencia, recibió un crédito de 112 millones de pesos en diciembre de 2025. En el Congreso, los casos más llamativos son los del diputado nacional Santiago Santurio, referente de la agrupación “Las Fuerzas del Cielo”, con un crédito vigente por 340 millones de pesos; el legislador Mariano Campero (UCR-Aliado), que accedió a un préstamo de 322 millones de pesos en mayo de 2025; Alejandro Bongiovanni, vinculado a la Fundación Libertad, que obtuvo 255 millones de pesos en enero de 2026; y Lorena Villaverde, por Río Negro, con una línea de 225 millones de pesos que, según se consignó, inicialmente habría contado con reparos técnicos antes de su aprobación definitiva. Frente a esta situación, la diputada nacional Mónica Frade (Coalición Cívica) presentó una denuncia penal para investigar presuntas irregularidades, advirtiendo que los montos otorgados no se corresponderían con los ingresos declarados de los beneficiarios ni con su capacidad real de repago. “Se hace necesario que la Justicia determine si estos créditos responden a los procedimientos normales o si se han otorgado en condiciones excepcionales”, sostuvo Frade a Cadena 3, quien además mencionó la posible configuración de los delitos de tráfico de influencias y administración fraudulenta. Entre las medidas solicitadas se incluye el acceso a los legajos completos, las actas de directorio y peritajes contables para evaluar posibles perjuicios económicos para la entidad.

El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) también advirtió sobre una posible “operatoria irregular” y profundizó el análisis al señalar que, al examinar los cincuenta créditos más altos, el noventa por ciento fueron otorgados a funcionarios o referentes de La Libertad Avanza, con montos que duplican e incluso triplican el promedio de unos 80 mil dólares que el banco concede en esa línea. “En un contexto donde el Banco Nación debería estar orientando el crédito hacia la vivienda, las pymes y la producción, termina priorizando que funcionarios accedan a condiciones privilegiadas para adquirir propiedades de altísimo valor”, cuestionó Paulón en Radio 750. Como antecedente significativo, el legislador recordó el reciente desplazamiento de Leandro Massaccesi, jefe de Gabinete de la ministra Sandra Pettovello, tras conocerse su acceso a uno de estos créditos, un hecho que a su juicio constituye “un reconocimiento implícito de que hubo una operatoria irregular”. Desde los despachos oficiales y la banca pública, en cambio, rechazaron de plano las acusaciones. La directora del Banco Nación, Carolina Piparo, aseguró que “no hubo ilegalidad, ni discrecionalidad ni excepciones”, y defendió que el proceso de evaluación es “100% digital, trazable y basado en la capacidad de pago de cada solicitante”. La entidad emitió un comunicado institucional destacando que desde 2024 existe una línea diferencial para empleados y funcionarios públicos que permite financiar hasta el 90% del valor del inmueble, frente al 75% de la línea general, aunque insistiendo en que el proceso es “homogéneo, sin excepciones”. Los legisladores mencionados, por su parte, negaron haber recibido beneficios indebidos. El diputado Alejandro Bongiovanni explicó en redes sociales que tomó una deuda en “condiciones generales” para todos los que cobran haberes en el banco, mientras que Mariano Campero sostuvo que el crédito se enmarcó en una línea hipotecaria en UVAs “abierta a cualquier ciudadano argentino que califique”. La causa quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá determinar si la recurrencia de funcionarios públicos solicitando créditos en la banca que ellos mismos supervisan constituye una mera coincidencia o si, por el contrario, se violaron los procedimientos estándar de evaluación de capacidad de repago, tal como lo advirtió la denunciante: “El Banco otorga una financiación que, de antemano sabe, entrará en mora”.