En un movimiento que ha generado una fuerte controversia, el gobierno de Javier Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero decidió suspender inmediatamente su aplicación, argumentando la falta de partidas presupuestarias específicas para su financiamiento. La norma, que había sido ratificada por el Congreso con mayorías especiales tras un veto presidencial previo, fue formalizada a través del Decreto 681/2025. No obstante, el Ejecutivo invocó la Ley de Administración Financiera para justificar la paralización de su implementación, sosteniendo que el Poder Legislativo omitió indicar la fuente concreta de los fondos necesarios, los cuales estima en un 0,35% del PBI para el presente ejercicio. Esta postura ha desatado fuertes críticas desde la oposición y organizaciones de la sociedad civil, que ven en la medida una vulneración de derechos constitucionalmente garantizados.
Frente a esta decisión, el abogado constitucionalista Andrés Gil Dominguez calificó el decreto como “NULO DE NULIDAD ABSOLUTA E INSANABLE E INCONSTITUCIONAL”, argumentando que viola el procedimiento de formación de las leyes. Desde una perspectiva jurídica, se sostiene que la Ley de Emergencia en Discapacidad, por su carácter posterior y especial, puede derogar normas generales de gestión financiera, y se subraya que actualmente no hay un presupuesto vigente que la ley 24.629, invocada por el gobierno, requiera para su aplicación. Ante este escenario, se anticipa la posibilidad de que las personas afectadas inicien acciones de amparo e incluso se presenten denuncias penales por abuso de autoridad.
Milei promulgó la Ley de Emergencia en Discapacidad pero "suspendida" por no tener financiamiento.
— mauro (@MauroFdz) September 22, 2025
Al mismo tiempo le acaban de bajar a CERO las retenciones al campo, perdiendo millones en recaudación. pic.twitter.com/wJgETptK0A
Esta polémica por la asignación de recursos se produce en un contexto donde el mismo gobierno ha implementado una serie de beneficios fiscales para sectores exportadores. Recientemente, mediante el Decreto 563/2025, se oficializó la eliminación total de las retenciones a la exportación de más de 200 productos mineros, incluidos el oro y el cobre. Esta medida, que se enmarca en una política de amplios privilegios para el sector, contrasta con el congelamiento de haberes jubilatorios y los recortes en áreas sociales. El economista Alejandro Barros, de la Universidad de Morón, analizó la situación señalando que la quita de impuestos “busca sacar ahorro en granos y volcarlo al sistema”, aunque advirtió que “va a haber muchos sectores enojados con esto” por las distorsiones que genera.
La aparente disyuntiva fiscal fue puesta en duda por el mismo analista, quien cuestionó: “Si el Gobierno puede prescindir de ingresos impositivos durante un mes, significa que tiene algún aire extra para ceder en términos generales en todos los impuestos del país”. Esta observación resuena frente a la decisión de suspender una ley social por su costo, mientras se renuncian ingresos por otros conceptos. Paralelamente, el gobierno intentó atender parcialmente el conflicto con los prestadores de servicios de discapacidad mediante la Decisión Administrativa 24/2025, que realiza una modificación presupuestaria para incrementar fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad a partir de octubre, reconociendo tácitamente la necesidad de reforzar el sector, aunque manteniendo en suspenso la aplicación plena de la ley.
El contraste entre la austeridad aplicada a las políticas sociales y la generosidad fiscal hacia ciertos sectores económicos define así el pulso político actual. Mientras el Estado afirma no contar con los recursos para garantizar derechos básicos, simultáneamente despliega un abanico de exenciones para corporaciones, bajo la promesa de fomentar las exportaciones y las grandes inversiones. Esta dualidad no solo alimenta el debate sobre las prioridades de la gestión, sino que profundiza la grieta entre los anuncios oficiales y las demandas de una ciudadanía que ve cómo se restringen apoyos esenciales.
