Milei intervino el puerto de Tierra del Fuego y hay alerta por un pacto con Trump

El gobierno de Javier Milei intervino administrativamente el puerto de Ushuaia, el más austral del mundo, desatando un agudo conflicto con la provincia de Tierra del Fuego y alimentando sospechas sobre un trasfondo geopolítico alineado con los intereses de Estados Unidos. La medida, formalizada a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) en la madrugada del 21 de enero, le quita la administración a la provincia y la transfiere al organismo nacional por un plazo de doce meses, prorrogables. Las autoridades nacionales fundamentaron la decisión en un extenso informe que detalla un presunto deterioro significativo de la infraestructura, con fallas en el tablestacado, defensas y sistemas de seguridad, además de irregularidades financieras. El director del ente portuario nacional, Iñaki Arreseygor, aseguró que se detectó que más del 30% de los ingresos, equivalentes a unos cuatro millones de dólares, fueron desviados para cubrir gastos provinciales, en contravención del convenio que obliga a reinvertirlos en el propio puerto. El detonante habría sido la sanción de la Ley Provincial 1596, que crea un fondo con el superávit portuario para financiar la obra social fueguina (OSEF), norma que, según el Gobierno nacional, compromete la autonomía financiera de la terminal.

La reacción del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, uno de los mandatarios abiertamente opositores a la administración libertaria, fue inmediata y contundente. Melella calificó la intervención como un “avasallamiento” a la autonomía provincial garantizada por la Constitución y aseguró que “no existe una justificación objetiva para una decisión de esta magnitud”. En declaraciones a iProfesional, el mandatario fueguino negó de plano las acusaciones: “Ninguna razón es real. No sabemos el porqué de esta decisión, o si se quieren quedar con los dólares que ingresan por negocios de amigos o abrirle la puerta a los Estados Unidos”. El gobierno provincial anunció que recurrirá a la Justicia para revertir la medida e insiste en que las operaciones, con un récord de recaladas de cruceros, continúan con normalidad y cumplen con todos los estándares.

Sin embargo, más allá de la disputa administrativa, desde la oposición política y sectores intelectuales se alzaron voces que apuntan a motivaciones estratégicas de mayor alcance. Distintas fuentes, incluido el secretario de Malvinas y Antártida de la provincia, Andrés Dachary, vinculan la intervención con el alineamiento incondicional de Milei con el expresidente estadounidense Donald Trump. “Es una decisión alineada como un regalo a Trump en la cumbre de Davos y que responde a la doctrina de la ley del más fuerte en la que Milei le entrega el control del puerto de Ushuaia al Comando Sur”, denunció Dachary en una entrevista radial. Esta sospecha se ve alimentada por el contexto de la medida, que coincidió con la participación de Milei en el Foro de Davos junto a Trump y con la firma de acuerdos para integrar un consejo de paz impulsado por el líder republicano.

Las suspicacias sobre los intereses estadounidenses en la región no son nuevas. En abril de 2024, Milei viajó a Ushuaia para anunciar junto a la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, que la base naval en construcción se convertía en un proyecto conjunto. Desde entonces, la relación militar se ha profundizado, incluyendo visitas de altos mandos y la autorización para el ingreso de tropas estadounidenses. La reciente llegada a Ushuaia de un Boeing C-40 Clipper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, aeronave utilizada para transportar altos mandos o funcionarios, según el seguimiento de flightradar24.com publicado por Agenda Malvinas, avivó aún más estos cuestionamientos. Para el exsecretario de Malvinas durante el gobierno peronista, Guillermo Carmona, las aspiraciones de Washington en la zona “se han incrementado muy significativamente desde que asumió Milei”.

Paralelamente, circularon acusaciones de que la intervención sería el preámbulo a una privatización que beneficiaría a empresarios cercanos al poder. Tal como publicó el medio El Destape, se menciona a figuras como Nicolás Caputo, dueño del Grupo Mirgor y ministro de Economía, y a Rubén Cherñajovsky de Newsan. Moisés Solorza, integrante del Observatorio Malvinas, señaló a ese portal que “la intervención va rumbo a la base militar conjunta con Estados Unidos”. Desde una posición más radical, el denominado Manifiesto Argentino emitió un comunicado titulado “Urgente repudio y rechazo a la cesión de soberanía dispuesta por Milei”, acusando al Presidente de poner el puerto “a disposición” de Trump. Mientras el conflicto judicial y político se desarrolla, la pulseada por el puerto de Ushuaia trasciende lo administrativo y se instala en el corazón de las tensiones entre federalismo, soberanía y alianzas globales.