Milei firma un acuerdo con Estados Unidos que subordina por completo a la Argentina

El gobierno del presidente Javier Milei rubricó este jueves el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco (ACIR) con Estados Unidos, un pacto negociado en tiempo récord que refleja la estrecha sintonía política con la administración del mandatario republicano Donald Trump. El canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Manuel Adorni presentaron el viernes los alcances del entendimiento en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, donde lo calificaron como un “hecho histórico” que generará “más competencia” y “mejores precios”. Sin embargo, según publicó el medio Página/12, especialistas consultados advierten que el acuerdo consolida una relación asimétrica y diseña una estrategia de subordinación de la economía argentina a los intereses de Washington.

El texto, que aún no fue difundido en su totalidad y deberá ser aprobado por el Congreso argentino para entrar en vigor, fue firmado apenas un día después de que ambos países suscribieran un acuerdo sobre minerales críticos. Según la información oficial, Estados Unidos eliminará aranceles para 1.675 productos argentinos, entre los que destacan minerales como litio y cobre, ciertos químicos no patentados y productos de economías regionales como limón y frutos secos. Además, se ampliaría de palabra la cuota de acceso preferencial para la carne bovina argentina, pasando de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, una promesa que no quedó plasmada en el texto formal. En contrapartida, Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones, principalmente maquinarias usadas, dispositivos médicos, productos químicos y componentes de tecnología, y reducirá al 2% los impuestos a otra veintena de bienes, como autopartes. También habilitará el ingreso de ganado en pie, porcinos, aves de corral y, en un plazo de un año, carne aviar y lácteos estadounidenses, facilitando el ingreso de estos últimos al no exigir el registro de instalaciones.

No obstante, analistas subrayan la profunda desigualdad en la calidad jurídica de las concesiones. Luciana Ghiotto, investigadora del Conicet, afirmó que “el acuerdo supedita los intereses de política comercial y exterior argentinos a la política de la Casa Blanca”. En sintonía, Julieta Zelicovich, doctora en Relaciones Internacionales, señaló que “el punto clave trasciende el volumen de los compromisos y recae en la asimetría en la calidad jurídica de las obligaciones: a Argentina se le piden reformas profundas en prácticamente todas las áreas de política macroeconómica”. Estados Unidos, en cambio, basa sus concesiones en decretos de la administración Trump cuya validez está siendo revisada por la Corte Suprema, lo que las hace potencialmente reversibles. Mariano Kestelboim, ex representante ante el Mercosur, definió el pacto como un “moderno esquema de colonización” que consolida un modelo de “primarización productiva, atraso tecnológico y mayor desigualdad distributiva”.

Uno de los aspectos más controvertidos es la cesión, sin contraprestación explícita, de atribuciones regulatorias argentinas en sectores clave. El documento compartido por la Casa Blanca establece que “Argentina permitirá el ingreso de productos estadounidenses que cumplan con las normas estadounidenses o internacionales aplicables […], sin requisitos adicionales de evaluación de la conformidad”. Esto aplica para las industrias farmacéutica, alimentaria y automotriz, lo que implica que el país aceptará, por ejemplo, vehículos fabricados bajo las Normas Federales de Seguridad de EE.UU. y productos médicos previamente aprobados por la FDA. Además, Argentina asume obligaciones estrictas en materia de propiedad intelectual que benefician a empresas farmacéuticas, tecnológicas y audiovisuales norteamericanas, y se compromete a alinearse con las políticas comerciales y de sanciones de Washington hacia terceros países, especialmente China. “Centralmente es un acuerdo anti China. Argentina se compromete a copiar, directamente, la política que hace Estados Unidos respecto a terceros países”, afirmó Ghiotto.

En el plano geopolítico, el acuerdo refuerza el alineamiento incondicional de Milei con Trump, una relación que ya había permitido al gobierno argentino obtener un rescate financiero clave antes de las elecciones legislativas de octubre pasado. El pacto sobre minerales críticos, firmado el miércoles, busca diversificar la cadena de suministro estadounidense frente a China y habilita que Argentina integre el “club” de proveedores bajo la Inflation Reduction Act, dando acceso a subsidios fiscales para empresas norteamericanas que utilicen sus recursos. Para Pedro Gaite, economista de FIDE, esto implica que “Argentina va a estar dejando pasar una nueva oportunidad de usar esos recursos estratégicos para impulsar su industria con valor agregado”. Expertos también alertan sobre el impacto negativo en las relaciones con los principales socios comerciales del país. Miguel Ponce, especialista en comercio exterior, indicó que el acuerdo “trae tensiones con los dos principales socios, como Brasil y China”, y podría afectar el acuerdo sectorial automotor con Brasil, destino del 80% de las manufacturas de origen industrial argentinas.

Durante la conferencia de prensa del viernes, el canciller Quirno intentó trazar un contraste con el rechazo argentino al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, afirmando: “gracias a Dios, 20 años después, podemos gritar ‘Viva la libertad carajo’”. Según un relato periodístico, ante el silencio que recibió su declaración, el jefe de gabinete Adorni intervino para forzar el aplauso de los funcionarios presentes, diciendo: “Deberían aplaudir en este momento”. Quirno también enfrentó preguntas sobre la polémica en torno al Indec y la eliminación de un nuevo índice de inflación que había sido avalado por el Fondo Monetario Internacional. El canciller respondió que el tema no tenía “absolutamente ninguna incidencia” en la relación con Estados Unidos o el FMI, aunque reconoció que “son cuestiones que se discuten permanentemente”.

El gobierno anticipó que enviará el acuerdo al Congreso para su validación, posiblemente en el marco de sesiones extraordinarias, donde también deberá tratarse el pacto comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Mientras el oficialismo celebra una “oportunidad sin precedentes”, las críticas destacan que, pese a llevar el nombre de “recíproco”, el balance de obligaciones es marcadamente desigual. Como sintetizó Zelicovich, “no es un típico tratado de libre comercio como vimos en los años 90, donde al menos había alguna intención de reciprocidad. Aquí, aunque el nombre sea Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíproco, no es mutuo”.