Milei envía al Congreso una reforma laboral que profundiza la precarización

El gobierno de Javier Milei, fortalecido por los resultados de las elecciones legislativas de octubre, ha puesto en marcha una ofensiva definitiva sobre el mundo del trabajo con el envío al Congreso de un proyecto de reforma laboral que busca su sanción exprés en las sesiones extraordinarias. La iniciativa, que llega después de un primer intento vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU 70/2023) en diciembre de 2023, plantea una transformación radical de la legislación vigente, apuntando a una flexibilización integral de las relaciones laborales. Entre sus puntos más controversiales se encuentran la creación de un “banco de horas” que permitiría extender la jornada hasta 12 horas sin pago de extras, la posibilidad de fraccionar las vacaciones y abonar parte del salario en especie, y una profunda modificación del régimen de indemnizaciones por despido, excluyendo conceptos como el aguinaldo de su cálculo. Asimismo, el proyecto blanquea la precariedad en plataformas digitales y establece un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un porcentaje de los aportes patronales, para cubrir futuros despidos, un mecanismo que según los críticos desfinancia la seguridad social y transfiere el riesgo al trabajador.

La reacción de las centrales obreras y los especialistas en derecho laboral no se hizo esperar, catalogando la reforma como un retroceso histórico y un ataque frontal a los derechos constitucionales. La Confederación General del Trabajo (CGT) la tildó de “mamotreto antiobrero” y convocó una masiva movilización para el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo, a la que se han plegado un amplio arco de sindicatos, movimientos sociales y fuerzas políticas opositoras. Desde el ámbito jurídico, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) había calificado previamente al DNU 70/2023 como “inconstitucional”, denunciando la imposición de una “violenta Reforma Laboral” que vulnera el principio de irrenunciabilidad y regresividad de los derechos. Los expertos sostienen que el proyecto, lejos de crear empleo formal, legaliza y profundiza la precariedad existente, al eliminar multas por trabajo no registrado y abaratar sustancialmente el costo del despido.

En su defensa pública, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, argumentó que “la reforma laboral es para todos los empleos, no solo para los nuevos” y negó que se eliminen las horas extras, aunque admitió la nueva modalidad del banco de horas. Respecto al pago en especie, sostuvo que “eso ya está en la Ley”, omitiendo que el proyecto elimina el tope del 20% que existía. Sin embargo, estas explicaciones no han logrado acallar las alarmas. Los análisis históricos presentados por académicos y sindicalistas refutan la premisa central del oficialismo: que la desregulación genera empleo. Por el contrario, señalan que el período de mayor crecimiento del empleo registrado en Argentina (2004-2008) se dio bajo un marco legal de protección reforzada, tras la derogación de las leyes flexibilizadoras de los años 90, época que culminó con índices de desempleo inéditos y una profunda precarización, según estudios citados por investigadores del CONICET y la UBA.

Más allá de los aspectos económicos, intelectuales como el historiador Juan Carlos Torre han alertado sobre el significado cultural y simbólico de esta embestida, que ataca lo que denomina el “impulso igualitario” argentano, un rasgo distintivo de la identidad nacional forjado desde el peronismo. Esta dimensión se ve reforzada por artículos del DNU original que, de modo subrepticio, avanzaron sobre el financiamiento cultural, poniendo en jaque organismos como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), en lo que fue interpretado como un intento de desmantelar contrapesos institucionales y voces críticas. La reforma, por lo tanto, no se limita al ámbito laboral, sino que forma parte de un proyecto más amplio de reestructuración social y democrática.

La convocatoria de resistencia para el 18 de diciembre promete ser un termómetro crucial de la oposición social a la reforma. Según información de El Destape, a la movilización de la CGT se sumarán las dos CTA, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), movimientos sociales como la UTEP y el Evita, y sectores de la izquierda, configurando un amplio frente de rechazo. Mientras el gobierno apura los tiempos parlamentarios para lograr su aprobación antes de fin de año, el destino final de la ley se jugará también en el ámbito judicial, donde se esperan numerosas presentaciones por inconstitucionalidad. El debate, en definitiva, trasciende los artículos de una ley y pone en discusión el modelo de sociedad que se pretende construir, enfrentando una visión de mercado irrestricto contra los pilares de protección y dignidad laboral que moldearon la Argentina del último siglo.