Milei busca meter una reforma laboral sin sumar un sólo derecho al trabajador

El presidente Javier Milei confirmó que viene por una reforma laboral brutal, una de las “prioridades” para esta nueva etapa. Esta iniciativa, que se perfila como esa quita de derechos que tanto ansían los trabajadores, busca dinamitar el esquema laboral y el tributario, aprovechando la euforia que el oficialismo interpretó de las recientes elecciones. Según trascendió desde el Ejecutivo, la meta es cerrar estas propuestas y presentarlas al Congreso el 15 de diciembre, apenas cinco días después de que asuman los nuevos legisladores. Sindicatos en pie de guerra.

Esta reforma que llaman “estructural” se está cocinando a fuego lento en el Consejo de Mayo, una mesa de “diálogo” que es, en realidad, una reunión de “dialoguistas” que ya están de acuerdo en cortar derechos. Ahí están, entre otros, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez (¡el lobo cuidando el gallinero!); el presidente de la UIA, Martín Rappallini; y la secretaria Técnica del Consejo, María Cecilia Domínguez Diacoluca. También meten mano la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y la Secretaría Legal y Técnica de la presidencia, a cargo de María Ibarzábal Murphy. La misma casta que dicen combatir, sentada ahora a diagramar la precarización.

La propuesta en materia laboral, eufemísticamente titulada “ley de promoción de inversiones y empleo”, toma como base un proyecto de ley de la diputada libertaria Romina Diez. Este texto reproduce gran parte del capítulo IV del DNU 70/23, el mismo que la justicia laboral suspendió y que está esperando la estocada final de la Corte Suprema. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, un abogado con 35 años en el Grupo Techint que ya participó en la redacción del DNU antes de asumir su cargo, confirmó que este proyecto será el punto de partida, al que se sumarían las “sugerencias” del Consejo de Mayo. Entre los puntos principales que se colarían en esta reforma de explotación laboral, se destaca la clara intención de flexibilizar las condiciones de contratación y pulverizar la negociación salarial. Uno de los ejes más sensibles es la ampliación de la jornada laboral, que el proyecto de la diputada Diez pretende extender hasta un máximo de doce horas diarias, sobre el límite actual de ocho horas. También se buscaría permitir el fraccionamiento de las vacaciones y autorizar la implementación de sistemas de banco de horas (donde las horas extra se “compensan” con tiempo de descanso sin posibilidad de previsión, lo cual redunda en una total desorganización de la vida de las personas con o sin familia a cargo) y otros esquemas laborales aún más flexibles, que se “negociarían” mediante convenios colectivos.

En lo relativo a la negociación salarial y los convenios, el Gobierno aspira a que el convenio por empresa tenga prioridad sobre el convenio de la actividad general. Una excusa barata para romper la solidaridad sindical y negociar a la baja. Esta visión se complementa con la propuesta de un “salario dinámico por mérito” que, además del sueldo básico, otorgue aumentos variables según el desempeño, la productividad y la eficacia, incorporando “criterios objetivos de rendimiento y resultados” en las negociaciones. Un mecanismo perfecto para justificar la precarización y la arbitrariedad patronal. Otro punto clave es la eliminación de la “ultraactividad”, el concepto que mantiene vigentes las condiciones de un convenio colectivo vencido hasta que se negocie uno nuevo, una demanda histórica del sector empresarial para desproteger aún más a los trabajadores.

Adicionalmente, se plantea la libertad contractual para pagar sueldos en la moneda que se elija y se recupera la opción de abonar una porción del salario a través de prestaciones no dinerarias –como vales de comida–, el olvidable “ticket canasta” o salario en especie, que ya demostró ser una herramienta de ajuste. Para las pequeñas y medianas empresas, se establece la posibilidad de abonar las indemnizaciones y multas derivadas de sentencias judiciales en hasta doce cuotas mensuales. Es decir, que se licue con la inflación. La iniciativa también se enfoca en otorgar beneficios fiscales a las pymes para “fomentar la contratación de nuevo personal”. El objetivo global de la reforma, según la visión cínica del oficialismo, es formalizar a cerca de ocho millones de trabajadores de la economía informal, un paso que el mandatario considera previo a una reforma tributaria.

La sola mención de una reforma laboral con estas características ha puesto a los gremios en pie de guerra. La secretaria adjunta de la UEJN, Maia Volcovinsky, manifestó su preocupación, señalando que “hablar de ‘salarios dinámicos’ es abrir la puerta a bajarlos”. Además, consideró que proponer “convenios por empresa” busca debilitar las negociaciones colectivas y que extender la jornada laboral a 12 horas acerca el marco normativo a “formas extremas de explotación”. Aunque el líder de la UOCRA y hombre fuerte de la CGT, Gerardo Martínez, que representa la pata gremial en el Consejo de Mayo, se ha mantenido en un sospechoso silencio, Volcovinsky anticipó que la línea de acción sindical incluirá medidas de fuerza, movilización, contactos legislativos y, como última instancia, la judicialización. Por el momento, la Casa Rosada no ha definido la fecha de presentación del anteproyecto, pero ha convocado a diecinueve gobernadores para el día de mañana, en un movimiento que busca sumar apoyo político para este nuevo ataque a los trabajadores.