Milei arranca el año con un polémico fortalecimiento a la SIDE via DNU

En las últimas horas de 2025, el presidente Javier Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia que introduce una transformación profunda en la arquitectura del sistema de inteligencia argentino. La norma, publicada en el Boletín Oficial durante la madrugada del 2 de enero, fue emitida una vez concluidas las sesiones extraordinarias del Congreso, un timing que suscitó cuestionamientos sobre la intención de eludir el escrutinio legislativo. El decreto 941/2025 modifica sustancialmente la Ley de Inteligencia Nacional 25.520, concentrando poder en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), ahora bajo el mando de Cristian Auguadra, un hombre vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo.

La reforma establece que todas las actividades de inteligencia revisten “carácter encubierto en virtud de su sensibilidad”, una definición que amplía el margen de discrecionalidad. Además, habilita explícitamente al personal de los organismos de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, auxilio o requerimiento judicial, con la obligación de informar de inmediato a las fuerzas policiales. La norma también faculta a la SIDE a solicitar asistencia técnica y logística de las Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad federales, un punto que generó alarma por la potencial militarización de tareas de inteligencia interior.

Fuentes oficiales defendieron la medida como una “reforma de segunda generación” necesaria para corregir superposiciones y fragmentación históricas en el sistema. La reestructuración orgánica incluye la separación entre ciberinteligencia y ciberseguridad. La antigua Agencia Federal de Ciberseguridad se transforma en la Agencia Federal de Ciberinteligencia y permanece bajo la órbita de la SIDE. Paralelamente, se crea el Centro Nacional de Ciberseguridad, que dependerá de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete. La Agencia de Seguridad Nacional cambia su denominación a Agencia Nacional de Contrainteligencia, y se disuelve la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar, consolidando esa función en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La oposición política y organizaciones de derechos humanos reaccionaron con contundencia, advirtiendo sobre los riesgos de un espionaje político sin control. El diputado y expresidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, Leopoldo Moreau, afirmó que se trata de “la creación de una policía secreta, ya no se trata de un organismo de inteligencia”. En declaraciones a Página/12, la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, calificó la reforma como “muy regresiva y peligrosa”, criticando la modalidad recurrente de legislar por decreto en materia sensible sin debate parlamentario.

Las críticas también provinieron de un ex titular de la SIDE, Miguel Ángel Toma, quien en declaraciones a Mitre Córdoba consideró que “muchas veces una buena idea termina siendo mal ejecutada”. Toma cuestionó la complejidad burocrática del decreto y afirmó: “La verdad, no entiendo qué se ha buscado con este decreto”. Añadió que la medida, en lugar de agilizar el sistema, “lo único que hace es burocratizar más la actividad de inteligencia, generar falsos debates y realmente convertir a la inteligencia en un monstruo que no va a terminar cumpliendo su función con agilidad, con eficacia”.

El perfil del nuevo conductor de la SIDE añade otra capa de controversia. Cristian Auguadra, contador y empresario con una carrera ajena al espionaje tradicional, ascendió a la cúpula hace un mes luego de que su predecesor perdiera la confianza de Santiago Caputo. Su designación estuvo precedida por un episodio que reveló una grave falta de protocolo de seguridad: su perfil de Facebook, repleto de selfies y datos personales sensibles, permaneció abierto al público durante 48 horas, un descuido que le valió el apodo de “Señor Selfie” en los círculos internos y planteó dudas sobre su idoneidad para un rol que demanda máxima discreción.

El decreto deberá ser ahora examinado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso. No obstante, en un clima de fuerte polarización, la oposición ya anunció proyectos para su derogación, mientras persiste la preocupación por un sistema que gana en opacidad y facultades operativas, bajo una conducción cuestionada y en un marco donde los contrapesos institucionales aparecen debilitados.