Mientras un abogado de los Milei defiende a cómplices de la ESMA, sectores afines al Gobierno movilizan para pedir liberar represores

La revelación de que Santiago Viola, apoderado legal del presidente Javier Milei y de La Libertad Avanza, ejerce la defensa de cómplices civiles de represores de la ESMA, ha expuesto una afinidad inquietante entre el entorno del poder actual y sectores que buscan revisar el consenso en materia de derechos humanos. Un fallo reciente de la Sala II de la Cámara de Casación Penal, con los votos de los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, declaró “inadmisible” un recurso presentado por Viola para revertir medidas cautelares sobre los bienes de su defendida, Norma Berta Radice. Esta, junto a su hermano el represor Jorge Radice, está acusada de apropiación y lavado de activos de víctimas detenidas-desaparecidas en el centro clandestino, utilizando una compleja red de 17 sociedades. En su fundamentación, el juez Slokar subrayó que “el deber de investigar y sancionar violaciones a los derechos humanos tiene primacía sobre cualquier disposición local” y advirtió que cualquier retroceso “significaría reingresar en un pasaje de impunidad”.

Este episodio jurídico no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un clima político donde grupos afines al oficialismo ganan espacio público. En sintonía con esta línea, militares retirados y militantes mileístas convocan a una movilización para el próximo 29 de noviembre en la Plaza de Mayo bajo la consigna de exigir la excarcelación de condenados por delitos de lesa humanidad, a quienes consideran “presos políticos”. La convocatoria, impulsada por agrupaciones como “Unidos por la sangre derramada” y “Pañuelos Negros”, busca reivindicar el rol de “veteranos uniformados de la guerra contra la subversión”. Según pudo confirmar elDiarioAR a través de fuentes parlamentarias, la actividad ya cuenta con vínculos con funcionarios y legisladores del bloque de La Libertad Avanza, evidenciando una conexión con el discurso oficial que cuestiona las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.

Orlando González, director coordinador de la agrupación y veterano de Malvinas, declaró a ese medio que “en el Gobierno hay gente que piensa como nosotros” y confirmó la existencia de contactos para apoyo logístico. González, quien se declara votante de Milei, expresó su “esperanza, paciencia y fe por su promesa de frenar los juicios”. Esta movilización, que se autodenomina una “batalla patriótica y cristiana”, representa la cristalización en las calles de una narrativa que el propio Milei avaló al referirse a “excesos” de las Fuerzas Armadas durante la dictadura. La coincidencia temporal entre el fallo que involucra al abogado presidencial y la organización abierta de un acto que reivindica a represores configura un escenario donde los límites de lo decible y lo posible en materia de derechos humanos parecen estar desplazándose, en un desafío directo a décadas de consenso social y compromisos internacionales del Estado argentino.