Mientras Montenegro pega palos, Kicillof pega ladrillos.

En Mar del Plata, la situación de las personas sin hogar está en el centro de una disputa entre el intendente Guillermo Montenegro y el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Montenegro ha adoptado una postura firme, compartiendo videos en sus redes sociales donde muestra una crueldad inusitada con la gente en situación de calle. Sin embargo, esta actitud contrasta con las iniciativas del gobierno provincial, que busca recuperar espacios emblemáticos y fomentar la integración social.
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia anunció recientemente una inversión millonaria para renovar la Rambla de Mar del Plata. La obra no solo preservará un patrimonio histórico nacional, sino que también mejorará los espacios públicos para todos los ciudadanos, incluidos los más vulnerables. Mientras Montenegro se enfoca en desalojar a quienes viven en la calle, Kicillof propone restaurar 31.500 m² del paseo costero para que todos puedan disfrutarlo sin distinción.

El ministro Gabriel Katopodis destacó: “Defendemos nuestra identidad cultural e histórica mientras construimos futuro para los bonaerenses”. Las obras incluyen nuevas luminarias LED, recuperación paisajística y restauración artística, beneficiando a unas 200.000 personas anualmente.

La disputa se intensifica con Montenegro presentando una denuncia penal para desalojar una feria ilegal en la playa Bristol, argumentando riesgos a la seguridad y salubridad pública. Según informes municipales, la feria viola varias leyes nacionales al ofrecer productos falsificados y no cumplir con normativas ambientales.

Métodos de “odio y desprecio”

Montenegro fue denunciado por sus violentos operativos. La Comisión Provincial por la Memoria, presidida por Pérez Esquivel, hizo una presentación en la Justicia contra el jefe comunal del partido de General Pueyrredón. Distintas organizaciones vinculadas a la Iglesia sumaron cuestionamientos a sus operativos contra gente en situación de vulnerabilidad.

Menos represión y más escucha. Políticas públicas en lugar de “una mirada excluyente y violenta”. Ese fue el reclamo emitido desde la Iglesia de Mar del Plata hacia el intendente local, Guillermo Montenegro, por los operativos desplegados en la ciudad para desalojar a personas en situación de calle en plena temporada de verano. A este planteo se sumó en las últimas horas un documento de juezas y jueces de todo el país referenciados con el Papa Francisco, en el que cuestionaron a quienes “promueven como solución ‘barrer’ a estas personas a fin de que no ‘molesten’ en la vía pública”.

En medio de la polémica por estos procedimientos y por los posteos del propio Montenegro en redes para amplificar su difusión, el jefe comunal del partido de General Pueyrredón fue denunciado además penalmente este viernes por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presidida por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y la socióloga e historiadora Dora Barrancos, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

En un mensaje conjunto, Cáritas, los centros del Hogar de Cristo y la Pastoral de las Adicciones de la diócesis marplatense, conducida desde diciembre por el obispo Ernesto Giobando, expresaron días atrás que “preocupa profundamente que las respuestas” institucionales hacia sectores vulnerables y personas en situación de calle “sean insuficientes” y que “muchas veces adopten un enfoque que prioriza la represión y el desalojo por encima de la escucha, el cuidado y la dignidad”. Cuestionaron que se aplique “una mirada excluyente y violenta” y reclamaron “políticas públicas que verdaderamente promuevan la inclusión y reconozcan a cada persona como sujeto de derechos”.

“Desde el Evangelio de Jesús, reafirmamos que las personas en situación de calle no son un ‘problema’ que deba resolverse, sino hermanos y hermanas que merecen respeto, reconocimiento en su dignidad y acompañamiento”, señaló el comunicado. Exigió en ese sentido “un pacto social que coloque a los más vulnerables en el centro de las prioridades, desplazando la indiferencia y rechazando la violencia institucional como respuesta a la pobreza”.

La calle no es un lugar para vivir

En la misma línea, magistrados y magistradas que integran el capítulo argentino del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) advirtieron sobre las expresiones de funcionarios “particularmente de las ciudades de Mar del Plata y de Buenos Aires” sobre las personas en situación de vulnerabilidad habitacional.

A través de un documento titulado “La calle no es un lugar para vivir”, estos jueces y juezas referenciados con el pensamiento del Papa Francisco señalaron que si bien “la población comparte que la calle no es un lugar para vivir, ni para pernoctar, ni alimentarse, ni criar a los hijos”, existen “diferencias en los ‘métodos’ para solucionar el problema como parecería surgir a raíz de las declaraciones de diversos funcionarios locales con responsabilidad en la materia”.

Las consecuencias del discurso de odio

La violencia hacia las personas en situación de calle sigue en aumento, y el reciente asesinato de Walter “Picurú” Sotelo, de 57 años, en el barrio Sarmiento de Mar del Plata, es un trágico ejemplo. Sotelo fue asesinado de una patada en la cabeza por Rodolfo Sebastián Benítez, también en situación de calle, quien fue detenido y enfrenta cargos por homicidio. Este crimen, sumado al de Gabriel Osses el 2 de enero, refleja la extrema vulnerabilidad de este sector. Sin embargo, no puede ignorarse cómo los mensajes de odio y estigmatización difundidos por el intendente Guillermo Montenegro, a través de videos que promueven desalojos y criminalizan a las personas en situación de calle, contribuyen a un clima social que normaliza la violencia hacia ellos. Estas narrativas, lejos de resolver el problema, profundizan la exclusión y pueden desencadenar hechos tan brutales como el asesinato de “Picurú”.