Axel Kicillof movió esta semana el tablero legislativo bonaerense con el envío de tres proyectos que estaban anunciados desde la apertura de sesiones de marzo pero que permanecían cajoneados por una interna peronista que mantuvo el Senado prácticamente paralizado durante meses. Los textos ingresaron a la Cámara alta a horas de la primera sesión ordinaria del año y apuntan a dos áreas que el gobernador considera centrales para diferenciarse de la administración de Javier Milei: la salud pública y los derechos laborales de quienes trabajan con plataformas digitales. La apuesta es ambiciosa y el contexto le agrega urgencia: mientras la gestión provincial intenta cubrir con recursos propios los agujeros que dejó el abandono de los programas nacionales, Kicillof busca que la Legislatura le dé las herramientas institucionales para sostener esa estrategia en el tiempo.
El proyecto más significativo es el que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria bajo la órbita del Ministerio de Salud que conduce Nicolás Kreplak. La iniciativa ya había tenido media sanción en Diputados durante 2024 pero naufragó en el Senado y perdió estado parlamentario a fin de año. Ahora vuelve recargada con un objetivo explícito: investigar, desarrollar, producir y comercializar medicamentos, vacunas e insumos médicos sin depender de la fijación de precios de los grandes laboratorios. Según expuso el gobernador al anunciar el programa Medicamentos Bonaerenses, la desregulación del mercado farmacéutico que aplicó el gobierno nacional provocó un aumento del 237% en los precios de los remedios entre noviembre de 2023 y enero de 2025, muy por encima de la inflación y de la evolución de los salarios. “Lo que está ocurriendo es un crimen sanitario”, dijo entonces, y responsabilizó directamente al presidente: “Tiene un nombre y apellido este verdadero saqueo y este ataque a la salud de la población, es Javier Milei”.
Los datos que maneja la Provincia son elocuentes. La venta de medicamentos cayó un 27% a nivel nacional, el programa Remediar se redujo un 73% y el PAMI retiró la cobertura del 100% para 55 principios activos. Kicillof puso ejemplos concretos: un afiliado que gastaba 1.042 pesos en Atorvastatina pasó a pagar 4.142, el Ibuprofeno saltó de 940 a 7.419 pesos y el Omeprazol de 2.754 a 23.614. “Nadie decide ‘hoy me quiero comprar Omeprazol’ o ‘qué lindo día para consumir ibuprofeno'”, ironizó. La producción pública, argumentan en La Plata, permitiría establecer precios de referencia que ordenen el mercado y garantizar el acceso a tratamientos esenciales, sobre todo en un contexto donde cada vez más bonaerenses recurren a hospitales y centros de salud porque no pueden pagar los remedios en farmacias.
El segundo proyecto sanitario es el Sistema Integrado de Salud de la Provincia de Buenos Aires (SIPBA), que busca articular en una estructura común al sistema público, las obras sociales como IOMA y los efectores privados. La fragmentación actual, explicó el gobernador, genera ineficiencias en el gasto, superposición de prestaciones y desigualdades territoriales que impactan en la continuidad de los cuidados. La norma prevé centralizar la compra de insumos, unificar la trazabilidad de los pacientes y ordenar la distribución de recursos entre los 135 municipios.
El tercer texto es la denominada “ley Rappi”, elaborada por el ministro de Trabajo Walter Correa según recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. La iniciativa crea un registro provincial obligatorio para los más de 80.000 repartidores y conductores que operan en el territorio bonaerense y establece cuatro puntos irrenunciables: la contratación por parte de las empresas de un seguro de accidentes personales que cubra muerte, invalidez y gastos médicos; una aplicación de asistencia con botón de pánico y aviso rápido de seguridad; inspecciones presenciales a los centros logísticos y comercios; y la apertura de paradores gratuitos para descanso. “Están expuestos a un riesgo de siniestralidad vial significativamente elevado”, advirtió Kicillof, y remarcó que la norma exige a las plataformas que “asuman la responsabilidad, seguridad y la integridad física de quienes prestan el servicio”.
Mientras estos tres proyectos empiezan su recorrido parlamentario, hay dos que prometió en marzo y todavía no envió: la reforma de la Ley de Formación del Personal Policial y la actualización de la Ley de Seguridad Pública. En ese retraso asoma una tensión con quien fuera su ministro de Seguridad, el senador y jefe del bloque oficialista Sergio Berni, aunque en La Plata evitan hacer comentarios públicos al respecto. Lo que queda claro es que Kicillof busca imprimirle velocidad a una agenda propia en un año donde la interna peronista ya mostró que puede trancar cualquier iniciativa si no hay acuerdos previos.
