Medio país a oscuras en medio de la ola de calor

Una ola de calor histórica puso al descubierto las falencias del sistema eléctrico argentino, con apagones masivos que afectaron a miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en varias provincias del interior, como Córdoba, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Chaco. Los cortes, que se produjeron en medio de un pico de demanda que rozó los 28.500 MW, evidenciaron la falta de inversión en generación y distribución de energía durante la gestión actual del Gobierno, así como la ausencia de controles efectivos a las empresas prestadoras del servicio.

En Córdoba, el colapso se originó por la salida de servicio de seis líneas de 132 kV de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), mientras que en el noreste (NEA) un colapso de tensión de aproximadamente 1.000 MW dejó sin suministro a varias provincias. Aunque el servicio se restableció en la mayoría de las zonas afectadas hacia las 17:20 horas, fuentes del sector señalaron que la causa principal de los cortes no fue la falta de energía, sino la precariedad de la red eléctrica en el interior del país, donde las inversiones han sido insuficientes durante años.

En el AMBA, más de 49.000 usuarios sufrieron cortes de luz, con zonas como Almirante Brown, Lomas de Zamora, Avellaneda, Berazategui y Lanús entre las más afectadas. A pesar de los sucesivos aumentos tarifarios aplicados en 2024, destinados supuestamente a mejorar la infraestructura, las empresas distribuidoras como Edesur y Edenor no lograron garantizar un servicio estable. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) reportó que, a las 19 horas, aún había 39.001 clientes de Edesur y 10.111 de Edenor sin suministro.

Falta de inversión y un sistema al límite

El Gobierno admitió que heredó un sistema eléctrico “al borde del colapso”, pero durante su gestión no se han realizado las inversiones necesarias para modernizar la infraestructura. Según datos oficiales, el 40% de las instalaciones están al final de su vida útil, y la red de transporte creció apenas un 0,8% anual en la última década, frente a un aumento del 2% en la demanda residencial. Esta brecha entre oferta y demanda se agrava cada año, ya que se suman aproximadamente 1.000 MW de consumo adicional debido al crecimiento poblacional, sin que se construyan nuevas líneas de transmisión o plantas generadoras.

Además, la falta de control sobre las empresas prestadoras del servicio es evidente. A pesar de los cortes recurrentes y las quejas de los usuarios, no se han aplicado sanciones significativas a las distribuidoras por incumplimiento. En cambio, se les han otorgado aumentos tarifarios sin exigir contraprestaciones claras en materia de mejora del servicio. Por ejemplo, la Secretaría de Energía solicitó un incremento del 30% en la cantidad de cuadrillas de reparación, pero no estableció mecanismos efectivos para garantizar que estas medidas se implementen.

Medidas insuficientes y dependencia de importaciones

Frente a la crisis, el Gobierno implementó medidas de emergencia, como la importación de electricidad desde Brasil y la solicitud a grandes usuarios industriales de reducir su consumo. Sin embargo, estas acciones son insuficientes para resolver los problemas estructurales del sistema. La importación de energía, que llegó solo desde Brasil, no cubre la demanda interna, y los acuerdos con otros países limítrofes, como Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay, aún están en proceso.

Mientras tanto, el sistema eléctrico sigue operando “atado con alambre”, como lo demuestran los recurrentes cortes en épocas de alta demanda. Las altas temperaturas, que superaron los 40°C en varias provincias, agravaron la situación, ya que el uso intensivo de aires acondicionados incrementó la presión sobre una red ya sobrecargada. Aunque se esperaba que la demanda superara los 30.000 MW, las fallas en el sistema impidieron que se alcanzara ese nivel.

La combinación de una ola de calor extrema, una demanda récord de electricidad y un sistema eléctrico frágil y desactualizado dejó en evidencia la urgencia de inversiones en infraestructura energética. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha presentado un plan claro para modernizar el sistema ni ha ejercido un control efectivo sobre las empresas distribuidoras. Mientras tanto, los usuarios siguen pagando tarifas más altas por un servicio que no mejora, y el riesgo de nuevos apagones masivos sigue latente, especialmente en el interior del país, donde las redes son más precarias.

En definitiva, los cortes de luz masivos no son solo consecuencia del calor, sino el resultado de años de falta de inversión y de una gestión que no ha priorizado la modernización del sistema eléctrico ni el control de las empresas prestadoras. Sin cambios profundos, estos episodios seguirán repitiéndose, afectando la calidad de vida de los argentinos y la competitividad de la economía.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, se ha registrado un aumento significativo en la venta de grupos electrógenos, reflejando la desconfianza de la población en la capacidad del sistema eléctrico para garantizar un suministro estable. Este fenómeno, impulsado por los recurrentes cortes de luz y la falta de inversión en infraestructura energética, muestra cómo los usuarios buscan alternativas ante la precariedad del servicio. La demanda de estos equipos se ha convertido en un indicador más del deterioro del sistema eléctrico y la insatisfacción con las empresas prestadoras.