Media sanción a la reforma laboral

El proyecto de reforma laboral que impulsa el Poder Ejecutivo obtuvo este miércoles media sanción en el Senado tras trece horas de debate, en una jornada que expuso tanto la solidez de los acuerdos parlamentarios tejidos por el oficialismo como la fractura conceptual y política que la iniciativa abre entre el Gobierno nacional y la principal provincia del país. Con cuarenta y dos votos afirmativos contra treinta negativos, la Cámara alta dio el primer paso para la sanción del régimen que el presidente Javier Milei definió como “histórico” en su cuenta de X, mientras desde el palco lo observaban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el ministro del Interior, Diego Santilli, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. La celebración libertaria contrastó con la advertencia lanzada minutos antes por el jefe del interbloque peronista, José Mayans, quien calificó la norma como “abiertamente inconstitucional” y vaticinó que derivará en “alta litigiosidad” y en un nuevo fracaso para un modelo económico que, según los datos que aportó, ya acumula quinientos sesenta y un mil empleos registrados perdidos desde el cambio de gestión.

El texto aprobado, que ahora deberá ser tratado en Diputados, incorpora más de veinte modificaciones respecto del proyecto original. Los principales beneficiarios de las últimas negociaciones fueron los gobernadores, que lograron excluir del plan cualquier recorte en la recaudación del Impuesto a las Ganancias, un recurso coparticipable que representa billones de pesos para las cajas provinciales. Los gremios, por su parte, aseguraron la continuidad de los aportes patronales a las obras sociales y la permanencia del aporte solidario, aunque con topes más bajos y sin fecha de caducidad, un cambio de último momento que, según consignó Infobae, generó malestar en sectores aliados como el PRO y derivó en el voto negativo del senador misionero Martín Goerling a ese capítulo en particular. El Fondo de Asistencia Laboral, cuestionado por la oposición como un mecanismo que desfinancia a la Anses y subsidia despidos en hasta dieciocho cuotas, también recibió luz verde con cuarenta y un votos, al igual que el polémico traspaso de la Justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, un anexo que el oficialismo incorporó sobre la marcha y que los senadores kirchneristas denunciaron como un avance sobre el federalismo.

En las afueras del Congreso, mientras los legisladores debatían el articulado, la protesta sindical se tiñó de tensión con episodios de represión que dejaron un saldo de cuarenta demorados según el gobierno porteño y sesenta de acuerdo con el relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó los incidentes a la izquierda, mientras que el presidente y su gabinete difundían en redes sociales imágenes de un grupo reducido de manifestantes arrojando objetos incendiarios, a los que señalaron como “kukas”. En ese escenario de polarización callejera, una figura se destacó entre los dirigentes opositores: el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó una columna del Movimiento Derecho al Futuro y se convirtió en el único mandatario provincial presente en la movilización, escoltado por miembros de su gabinete y por intendentes que responden a su liderazgo, en una explícita demostración de fuerza política que contrastó con la ausencia de Máximo Kirchner y con la escasa visibilidad de la conducción cegetista en la convocatoria.

La respuesta institucional de la Provincia no se agotó en la palabra del gobernador. El miércoles por la mañana, horas antes de que comenzara la sesión, el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, presentó junto a la cartera de Gobierno un informe de más de sesenta páginas titulado “Razones por las cuales la provincia de Buenos Aires rechaza este proyecto de Modernización Laboral” . El documento, elaborado con el respaldo de referentes sindicales como Hugo Yasky y Hugo Godoy, y de representantes pymes, advierte sobre el riesgo de precarización, debilitamiento sindical y desfinanciamiento del sistema de seguridad social. Allí se contrapone al proyecto oficial una iniciativa alternativa que incluye paritarias libres, reducción gradual de la jornada laboral y participación de los trabajadores en las ganancias empresarias, ejes que el kirchnerismo y sus aliados intentarán instalar en el debate de Diputados.

La fractura entre el Gobierno nacional y la Provincia, sin embargo, no se expresa únicamente en el plano de los principios. Mientras el oficialismo celebraba la media sanción con el hashtag presidencial “Viva la libertad, carajo”, Kicillof redobló la apuesta al cuestionar la política exterior del Ejecutivo. En declaraciones a C5N, calificó al presidente de “chanta y vende patria”, denunció que los acuerdos con Estados Unidos constituyen “un pacto de adhesión indignante” y sostuvo que el gobierno nacional actúa con “sumisión a los mandatos de Trump” . La escalada verbal sugiere que, más allá del resultado legislativo, la reforma laboral ha consolidado a Kicillof como el principal antagonista político de La Libertad Avanza en la antesala del año electoral, con el Movimiento Derecho al Futuro ya en funciones de armado nacional y el peronismo bonaerense unificado formalmente bajo su conducción, aunque con la herida de la interna con La Cámpora aún abierta en distritos como Lanús, donde el intendente Julián Álvarez resolvió a los golpes un conflicto gremial que sus adversarios internos no dudaron en capitalizar.

El debate en el Senado dejó al descubierto, además, las contradicciones de un arco opositor que, frente a la solidez de los cuarenta y dos votos oficialistas, no logró articular una alternativa parlamentaria. Los treinta votos negativos correspondieron en su totalidad al bloque Justicialista y a los dos senadores de Moveré por Santa Cruz, mientras que la UCR, el PRO, Provincias Unidas y los bloques provinciales aliados convalidaron la iniciativa en general, aunque con reservas particulares que algunos legisladores, como el radical Maximiliano Abad, explicitaron al adelantar su rechazo a capítulos específicos. Gerardo Zamora, senador por Santiago del Estero, fundamentó su voto negativo con un argumento que sintetiza la incomodidad del peronismo federal: “El país necesita una política de Estado basada en el consenso, pero nada de eso contempla este proyecto; al contrario, va a profundizar la crisis porque parece pensado para las conveniencias de un puñado de grandes empresas” . En las antípodas, la senadora cordobesa Alejandra Vigo justificó su apoyo al sostener que “esta ley no es la ideal, pero es la posible y la que ha logrado mayor consenso”.

Mientras el Gobierno nacional celebraba la primera victoria legislativa del año y anticipaba que el debate en Diputados podría extenderse más allá de las sesiones extraordinarias, desde la Gobernación bonaerense insistían en que el camino no termina en el Congreso. “Los y las peronistas vamos a seguir defendiendo, en las calles y en la Cámara de Diputados, la dignidad del pueblo trabajador”, arengó la senadora Juliana Di Tullio. El gobernador, por su parte, cerró la jornada con una advertencia que resume la naturaleza del conflicto: “Está demostrado que las leyes de flexibilización laboral no crean empleo. Esta es una ley al estilo de los noventa, que ya vimos mil veces, y nunca terminó el ciclo de empleo y desempleo en la Argentina”. La reforma tiene media sanción, pero la batalla por su significado y por su implementación recién comienza, y tiene en la provincia de Buenos Aires a su principal campo de disputa.