La investigación por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se expandió esta semana con una nueva serie de allanamientos ordenados por la Justicia, mientras el Congreso citó a interpelación a cuatro funcionarios del Gobierno de Javier Milei, incluyendo a su hermana Karina Milei, en una derrota política para el oficialismo en la Cámara de Diputados. El juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi dispusieron 24 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, según informó Border Periodismo, en una medida que busca recolectar dispositivos electrónicos con pruebas sobre un presunto entramado de coimas en la adquisición de medicamentos de alto costo. La investigación judicial se centra en la detección de un esquema de pedidos de sobornos a droguerías proveedoras del organismo, que habría sido coordinado por personas allegadas a Daniel Garbellini, exsubdirector ejecutivo de la ANDIS y mano derecha del exdirector Diego Spagnuolo.
Los operativos se produjeron en medio de una creciente presión política sobre el Gobierno, luego de que la Cámara de Diputados aprobara durante una maratónica sesión las interpelaciones a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones. Según publicó Infobae, la oposición logró reunir los votos necesarios para convocar a ambos funcionarios, quienes deberán presentarse el próximo miércoles 15 de octubre a las 14:00 horas para responder por los audios del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se hizo mención al presunto cobro de coimas . El diputado Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, justificó el pedido argumentando que “hemos intentado muchísimas veces citar, pedir informes […] para conseguir que nos contesten sobre estos temas y no lo hemos conseguido”.
La investigación judicial avanza sobre irregularidades que incluyen direccionamiento de contratos, sobreprecios y la elusión de controles establecidos por el Ministerio de Salud. Según pudo reconstruir TN.com.ar, el fiscal Picardi investiga si existió un circuito de cobro de retornos a través de contrataciones irregulares con droguerías privadas, donde las compras se realizaban sin trazabilidad, fuera de los procedimientos administrativos y con sobreprecios que podrían haber alcanzado hasta un 30% . Parte de las adquisiciones detectadas no figuran en los portales públicos ni fueron registradas en el sistema oficial de compras del Estado , lo que configuraba un sistema paralelo de adjudicaciones.
El caso tomó notoriedad pública tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, donde el exfuncionario hacía referencia a supuestas coimas exigidas a laboratorios. En esas grabaciones, según consignaron múltiples medios, se menciona también a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, aunque hasta el momento ninguno ha sido formalmente imputado. La revelación de estos audios derivó en una ola de pedidos de informes en el Congreso y allanamientos judiciales que incluyeron el secuestro de teléfonos celulares cuyos datos, en el caso del dispositivo de Spagnuolo, fueron hallados completamente borrados, lo que encendió nuevas alarmas sobre un posible intento de encubrimiento.
Frente al escándalo, el Gobierno nacional inició una auditoría interna en la ANDIS y dispuso la intervención del organismo a través del Decreto 601/2025. Fuentes oficiales confirmaron que ya recibieron parte de la documentación incautada por la Justicia, incluyendo facturas de compras a droguerías, según informó Border Periodismo. El equipo legal del Ministerio de Salud solicitó acceso a copias de estos documentos para que el interventor de la ANDIS, Alberto Vilches, pueda liderar el proceso de revisión interna. Desde la Casa Rosada, según TN.com.ar, se evalúan reformas en el esquema de contrataciones del organismo, con la posibilidad de terminar con su autarquía y centralizar las compras directamente desde el Ministerio de Salud, eliminando intermediarios.
La tensión política por el caso ANDIS se enmarca en un contexto más amplio de enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición. En la misma sesión legislativa, la oposición también aprobó las interpelaciones al ministro de Economía, Luis Caputo, para que explique las negociaciones con Estados Unidos, y al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la postergación en la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La diputada Sabrina Selva, al defender el pedido de interpelación a Karina Milei y Lugones, respondió a las acusaciones oficialistas de desestabilización con una contundente frase: “Este gobierno se desestabiliza solo”.
Mientras la Justicia avanza con el análisis de los dispositivos electrónicos incautados en los allanamientos y la investigación se mantiene bajo secreto de sumario, el Gobierno intenta contener el impacto político del escándalo que compromete a funcionarios del círculo íntimo del Presidente. La interpelación del próximo miércoles se anticipa como uno de los momentos de mayor tensión institucional desde el inicio de la gestión de Javier Milei, con su hermana y el ministro de Salud obligados a dar explicaciones sobre un caso de corrupción que involucra a un organismo creado para proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
