El Gobierno disuelve la ANDIS para ocultar la estructura de corrupción

En medio de una crisis política y judicial de proporciones, el Gobierno nacional anunció este martes la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que será absorbido por el Ministerio de Salud. La medida, justificada oficialmente en la necesidad de eliminar “toneladas de capas burocráticas” y un “descontrol administrativo”, llega en el punto más álgido de una investigación por una trama de corrupción que involucra a exfuncionarios del área, operadores externos y que salpica al círculo íntimo del presidente Javier Milei.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que el traspaso, que incluye una reducción del 46% en los cargos jerárquicos, “no significa que se vayan a cortar pensiones” para las personas con discapacidad. Sin embargo, la decisión se tomó en un contexto de fuertes ajustes en el sector y del rechazo del Ejecutivo a cumplir con la ley de emergencia en discapacidad sancionada por el Congreso, lo que genera dudas sobre el futuro de las políticas públicas en la materia.

El detonante de esta reestructuración radical fue el estallido, en agosto pasado, del denominado “Coimagate”. La difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces director de la ANDIS y exabogado personal de Milei, reveló un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos. En las grabaciones, Spagnuolo describía un sistema de retornos del 3% al 8% por contratos, dinero que, según su relato, terminaba en manos de Karina Milei, hermana del presidente y secretaria general de la Presidencia, y de su asesor Eduardo “Lule” Menem.

La investigación judicial, a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez federal Sebastián Casanello, avanzó rápidamente más allá de los polémicos audios. Un testigo, Fernando Cerimedo, confirmó que Spagnuolo le había relatado el mismo esquema de coimas ya en mayo de 2024, y afirmó que el exfuncionario se lo había comunicado tanto al presidente Milei como a la ministra Sandra Pettovello. A pesar de estas declaraciones, Milei negó enérgicamente las acusaciones, llegando a sugerir que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial y argumentando que “si me hubiese dicho que había corrupción, le habría volado la cabeza”.

Las pesquisas judiciales desenterraron una compleja red. Picardi determinó que en la ANDIS funcionó “una enorme trama de corrupción”, donde el organismo “fungió como una ventanilla de pagos millonarios” direccionados a un grupo de droguerías mediante licitaciones amañadas y sobreprecios. En el centro de la trama se ubica la figura de Miguel Ángel Calvete, un empresario señalado por la fiscalía como un jefe “paraestatal” de la agencia, quien actuaba como conector entre los funcionarios y los proveedores. Calvete, quien actualmente cumple una condena por explotación económica de la prostitución, fue trasladado a declarar pero se negó a responder.

Un episodio crucial fue el allanamiento del 9 de octubre en el domicilio de Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel y entonces funcionaria del Ministerio de Economía. Allí, la Justicia secuestró casi 700.000 dólares y 19 millones de pesos. En su defensa, Calvete presentó un escrito pidiendo su sobreseimiento, alegando “absoluta ajenidad” y sosteniendo que el dinero pertenecía a una empresa de su padre y había estado en la casa desde antes de que ella se mudara. Sobre un chat en el que le prometía a su padre comprarle “una Lambo, una granja, lo que quieras”, argumentó que se trataba de “una broma” en una charla privada sobre agroquímicos, no sobre la ANDIS. La investigación también descubrió un insólito nivel de organización para el encubrimiento: en la casa de Calvete padre se halló un papel pegado con un imán en la heladera con instrucciones sobre cómo actuar ante un allanamiento, incluyendo avisos a un abogado que, en los hechos, coordinaba denuncias en la Oficina Anticorrupción.

Diego Spagnuolo, por su parte, presentó un descargo escrito ante la Justicia donde negó categóricamente toda irregularidad. Argumentó que no tenía competencia sobre las compras investigadas, que su patrimonio era anterior a su gestión y que la máquina de contar billetes encontrada en su casa era de su época en una asociación civil. Respecto a los audios, insistió en que fueron “manipulados, sometidos a Inteligencia Artificial y serían falsos”.

El escándalo tuvo un impacto político inmediato. La oposición en el Congreso logró poner en marcha una investigación y planea interpelar a Karina Milei. El Gobierno respondió inicialmente con silencio, luego despidió a Spagnuolo y, en un giro, presentó una denuncia por una supuesta “operación de inteligencia ilegal” con injerencia extranjera destinada a desestabilizar al gobierno. Mientras el fiscal Picardi estima que el desvío de fondos públicos asciende a 37 mil millones de pesos, la disolución de la ANDIS aparece como la respuesta final de un Ejecutivo acorralado por un caso que expone las sombras de su administración y pone a prueba sus promesas de transparencia en uno de los sectores más sensibles del Estado.