El caso de Marcos Galperin, el empresario más rico de Argentina y fundador de Mercado Libre, se ha consolidado como un estudio de caso emblemático sobre las profundas contradicciones entre la retórica ideológica que domina el debate público y las realidades financieras que sostienen el gran capital. El magnate, cuya empresa es el imperio digital de ventas y pagos online más grande de la región, valorada con un market cap de más de USD 82.000 millones, ha emergido en los últimos años como un “tuitero feroz” y un militante acérrimo de las ideas de ultraderecha, utilizando sus plataformas para criticar lo que despectivamente llama “Peronia” y para celebrar al gobierno de Javier Milei como la vía para “salir de la decadencia y la pobreza en la que nos hundió el populismo”. Sin embargo, esta cruzada pública contra el intervencionismo estatal contrasta abiertamente con la dependencia estructural que su propia compañía mantiene respecto a los subsidios y beneficios fiscales otorgados por ese mismo Estado, un fenómeno que quedó expuesto con precisión en los informes de la compañía presentados ante la SEC de Estados Unidos.
El detalle de la contabilidad corporativa, requerido por la cotización de Mercado Libre en Wall Street desde 2007, revela que la compañía recibe anualmente más de USD 100 millones en subsidios impositivos, un hecho que genera una incómoda tensión entre la postura política de Galperin y su estrategia de negocios. Los informes del tercer trimestre de 2023, por ejemplo, mostraban que en solo nueve meses, la empresa había acumulado beneficios impositivos por USD 84 millones, desglosados en USD 35 millones en concepto de exenciones en Ganancias y USD 49 millones en bonificaciones en aportes patronales (seguridad social), cifra que, extrapolada, superaría los USD 110 millones para el año completo. El periodista Mariano Martín fue uno de los que expuso esta dicotomía en redes sociales, señalando que estos beneficios fiscales no eran marginales, sino que representaron, en ciertos periodos, al menos el 12% del resultado operativo favorable total de la compañía en Argentina. Ante la fiscalización de estos datos, el propio Galperin defendió la medida con una retórica descalificadora, argumentando que “A la casta le cuesta verla” y que era “agotador estar educando a microcefálicos”, utilizando el lenguaje libertario para intentar deslegitimar el cuestionamiento público de los privilegios que recibe su firma.
La justificación de estas exenciones multimillonarias se encuentra en el Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento (LEC), cuyo marco legal otorga rebajas sustanciales en el Impuesto a las Ganancias y créditos fiscales transferibles para compensar contribuciones patronales. El origen de este esquema se remonta a la Ley de Software sancionada en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, y se fue perfeccionando hasta llegar a la ley actual, complementada por el Decreto 1034/2020 durante la gestión de Alberto Fernández. La estabilidad de estos beneficios está asegurada, al menos, hasta fines de 2029. La magnitud del costo fiscal que implica este régimen para el erario público escaló considerablemente: según datos oficiales, en 2025 el monto total de exenciones impositivas otorgadas a empresas tecnológicas trepó a unos $195.000 millones. Mercado Libre, la principal beneficiaria, concentró cerca del 20% de ese total, lo que significa unos $39.000 millones en créditos fiscales y alivios tributarios solo en ese año, un incremento del 50% respecto al año anterior en los beneficios fiscales recibidos por la compañía.
En momentos en que se discute el rol del Estado en la economía quiero contarles algo sobre Mercado Libre. La empresa de @marcos_galperin obtuvo, sólo en 18 meses de 2022 y 2023, últimos dos años del gobierno peronista, un total de U$S 142 millones en rebajas de impuestos. Hilo 👇 pic.twitter.com/TomzLKCDEE
— Mariano Martín (@marianoemartin) January 17, 2024
Esta transferencia de recursos públicos al sector privado, que beneficia principalmente a un puñado de grandes empresas —solo cinco firmas consumen más del 50% de todo el cupo fiscal, con el unicornio de Galperin a la cabeza—, se produce en un contexto de ajuste draconiano. El monto total de casi $200.000 millones que el gobierno decidió asignar a subsidiar a este sector, plagado de grandes empresas con ganancias millonarias (Mercado Libre tuvo ingresos cercanos a los USD 21.000 millones en 2024), equivale, por ejemplo, a un año entero de presupuesto para el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires. Este contraste subraya que el rigor fiscal y la ideología de austeridad se aplican de manera selectiva, impactando a los jubilados, cuyos ingresos mínimos, con bonos incluidos, apenas alcanzan los $349.000, mientras que el gran capital aliado mantiene intactos sus privilegios. La ley que sostiene este andamiaje de beneficios, votada en 2020, evidenció un amplio consenso político, al contar con el apoyo de “macristas, radicales, peronistas y kirchneristas”; una estructura de respaldo transversal que subraya cómo la clase política, con la notable excepción del Frente de Izquierda Unidad, ha consolidado un esquema de prebendas millonarias a favor de los grandes empresarios.
A la recepción masiva de fondos públicos se suma la elusión personal de responsabilidades fiscales por parte del fundador. Marcos Galperin, cuya fortuna personal suma, según Forbes, unos USD 6.800 millones, fijó su domicilio legal y fiscal en Uruguay en 2019, una maniobra que le permite coordinar buena parte del negocio regional y eludir el pago de impuestos personales, como el Impuesto a la Riqueza, en Argentina. La paradoja aquí es aguda: Galperin logró lo que muchos empresarios sueñan, ser subsidiado por un Estado al que él, como individuo, no le paga sus impuestos personales. El costo fiscal para el país crece en la medida en que el dueño del capital más beneficiado se desvincula territorialmente de la contribución directa.
La instrumentalización de los marcos normativos por parte de Mercado Libre no se limita al plano fiscal, sino que se extiende al ámbito laboral, impactando directamente en la calidad del empleo que genera. Una vez asegurada la estabilidad de los beneficios tributarios, la compañía utilizó las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Javier Milei para reducir costos mediante la precarización. Específicamente, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que extendió el periodo de prueba de tres a seis meses, fue aprovechado por la multinacional para forzar una rotación planificada de su vasta plantilla, que supera los 13.500 empleados solo en Argentina. Los testimonios recogidos por LPO de ex trabajadores describen un sistema de “contratos eventuales, despidos por teléfono” y una “puerta giratoria” por la cual los jóvenes “entran, trabajan, se desgastan y, antes de llegar al umbral de la indemnización, se van”. Este mecanismo permite a la compañía un “ahorro monumental,” al evitar el pago de vacaciones, licencias pagas e indemnizaciones, transformando el DNU, que supuestamente buscaba favorecer la creación de empleo Pyme, en una herramienta de ingeniería laboral para la gran corporación. El trabajador que supera los extenuantes procesos de selección de hasta seis instancias, y que cree ingresar a un empleo formal, se encuentra en realidad con “un contrato con fecha de vencimiento oculta,” una realidad particularmente “implacable” para quienes se desempeñan en logística y depósitos. Esta política de flexibilidad extrema se integra a un historial de conflictos laborales que incluye tercerización y denuncias de fraude, así como el choque público de Galperin con una reclutadora de talento a la que respondió despectivamente “Es fácil, mami” cuando fue cuestionado por el impago de horas extras, recordándole la CGT, según el medio La Política Online (LPO), que la ley obliga a pagar el trabajo extraordinario.
La cúspide de la inconsistencia ideológica de Mercado Libre se reveló a fines de 2025, cuando el mercado global supuso una amenaza directa a su negocio. Tras años de predicar la doctrina del libre mercado y la no intervención estatal, la empresa se encontró bajo presión por el avance de plataformas chinas como Shein y Temu. Fue entonces que Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre para Argentina, reclamó públicamente la acción del Estado para “frenar el avance” de estos competidores, a los que acusó de “competencia desleal” y de estar “destruyendo empleo argentino”. Este pedido de intervención estatal para imponer barreras comerciales es un sinónimo de proteccionismo que colisiona frontalmente con la retórica libertaria de su fundador, lo que llevó a un empresario a chicanear ante este medio con ironía: “Galperin descubrió que el mercado es libre… hasta que llegan los chinos” y a concluir que lo que ocurre es un conflicto de “mercado libre contra el libre mercado”.
Esta demanda de protección externa se alinea con la firme resistencia que la empresa ha mostrado a la regulación interna en el ámbito de los medios de pago, a través de Mercado Pago. La fintech ha mantenido una tensión permanente con los bancos tradicionales y con el Banco Central (BCRA) debido a la falta de interoperabilidad de su código QR y a su rechazo a la desactivación del sistema Débito Inmediato (Debin) en favor de las “transferencias pull,” un mecanismo que utilizan otras aplicaciones bancarias. A pesar de que la empresa desarrolló su plataforma de pagos con dinero proveniente de los beneficios que le otorga el Estado, ha sido acusada de “comportamiento monopólico” por no abrir completamente su QR a las tarjetas de otras billeteras, y ha logrado que la nueva gestión del BCRA postergara la puesta en marcha de las medidas regulatorias. El modelo económico de Galperin, por tanto, se define por una estrategia utilitaria: exige un Estado mínimo cuando se trata de sus obligaciones fiscales o laborales, pero demanda un Estado maximalista cuando se trata de subsidios, contención de la competencia extranjera o protección de su posición dominante en el mercado financiero.
En síntesis, la trayectoria reciente de Mercado Libre y su fundador, Marcos Galperin, desnuda una hipocresía estructural que utiliza los beneficios del Estado de tres maneras fundamentales: recibiendo miles de millones de pesos en exenciones fiscales anuales que equivalen al presupuesto de hospitales esenciales, eludiendo la contribución fiscal personal mediante la residencia en el exterior y utilizando la desregulación política (DNU) para institucionalizar la precarización laboral masiva de su fuerza de trabajo, todo mientras exige medidas proteccionistas que contravienen el libre mercado que públicamente defiende. La continuidad de estos beneficios fiscales, a pesar de la retórica anti-gasto del gobierno actual, refuerza la noción de que el alineamiento ideológico de la ultraderecha en el poder sirve, primordialmente, para consolidar los privilegios del capital concentrado, transfiriendo el costo de la alta rentabilidad empresarial al fisco y a los trabajadores.
