Macri, el impune

El sistema judicial argentino exhibe una preocupante disparidad en el tratamiento de causas de alto perfil político, según un análisis comparativo de casos emblemáticos. La Causa Vialidad, que culminó con la condena firme de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, avanzó con notable celeridad en sus etapas finales: desde la sentencia de primera instancia en diciembre de 2022 hasta la ratificación unánime de la Corte Suprema en junio de 2025, el proceso se resolvió en apenas 2,5 años. Nunca La Corte había dado tan rápido una resolución, y mucho menos en meses electorales. Jamás había pasado. La sentencia impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, tras comprobar un perjuicio al Estado de al menos 84.000 millones de pesos. Sin embargo, este ritmo contrasta con la trayectoria de expedientes vinculados al expresidente Mauricio Macri, que acumulan décadas de dilaciones, sobreseimientos controvertidos y maniobras jurisdiccionales.

El caso Correo Argentino, iniciado en 2001 por una deuda impaga de 300 millones de dólares de la empresa familiar SOCMA, sigue en trámite tras más de 20 años. Durante su presidencia, Macri impulsó un acuerdo para reducir la deuda en un 98,82%, calificado por la fiscal Gabriela Boquín como “abusivo” y causante de un “daño fiscal”. Aunque en 2021 se declaró la quiebra de la empresa, la Corte Suprema transfirió el caso en diciembre de 2024 al Tribunal Superior de Justicia de CABA, integrado por jueces con vínculos estrechos con Macri, como Inés Weinberg y Santiago Otamendi. Según la disidencia del juez Carlos Rosenkrantz, esta decisión implicó una “transformación sin precedentes” del sistema judicial, generando temores sobre la posible anulación de la quiebra.

Otros casos reflejan patrones similares. En la causa SEVEL (2001), Macri fue procesado por contrabando de autopartes, pero la Corte Suprema confirmó su sobreseimiento en 2002, un fallo rodeado de rumores sobre favores políticos durante el gobierno de Carlos Menem. Procesamientos posteriores por espionaje ilegal —como presidente y como jefe de Gobierno porteño— fueron revocados en instancias superiores. Actualmente, causas abiertas sobre peajes, parques eólicos y la deuda del Correo Argentino permanecen sin avances sustanciales.

Este contraste se enmarca en un sistema donde el promedio de duración de causas por corrupción es de 11 a 14 años, según el Ministerio Público Fiscal. La rapidez en la fase final de la Causa Vialidad —atribuida por algunos a su impulso durante el gobierno de Macri— y la parálisis en los casos del expresidente alimentan acusaciones de lawfare y selectividad. La transferencia del Correo Argentino a la justicia porteña, sumada a los múltiples sobreseimientos, refuerza la percepción de una justicia “a dos velocidades” que erosiona la confianza en la igualdad ante la ley.

El origen del patrimonio familiar también suscita cuestionamientos. Desde la estatización de su deuda privada (350 millones de dólares) en 1982 durante la dictadura, hasta el decreto de Domingo Cavallo que condonó la multa por el contrabando de SEVEL (1995), pasando por la fuga de capitales detectada en 2001 y su aparición en los Panamá Papers (2016), la trayectoria de los Macri refleja una trama de beneficios estatales y opacidad financiera.

La disparidad judicial no solo expone tensiones entre política y justicia, sino que profundiza la polarización. Mientras la condena a Fernández de Kirchner es celebrada por sus detractores como un triunfo contra la impunidad, la persistente falta de resoluciones firmes contra Macri alimenta narrativas de protección privilegiada. La ciudadanía, ante estos desequilibrios, exige transparencia y coherencia para restaurar la credibilidad institucional.