Los nombramientos de jueces ya rinden sus primeros frutos

La flamante Sala I de la Cámara Federal porteña no perdió tiempo en mostrar su sintonía con el gobierno. Apenas un día después de que Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola juraran como nuevos camaristas en un acto que reunió a lo más granado del mundillo judicial, la dupla integrada por Bertuzzi y Mariano Llorens firmó una serie de resoluciones que, como un paquete de figuritas para un nene que se portó bien, salieron a la luz en un viernes atípico. El primero en la lista de agasajados fue el propio Javier Milei: los jueces confirmaron la expulsión de los querellantes en la causa $LIBRA, dejando la investigación prácticamente en manos de la parsimonia del fiscal Eduardo Taiano. Los camaristas sostuvieron que los inversores no demostraron haber sido engañados y que asumieron voluntariamente los riesgos del mercado cripto, desestimando así la teoría del rug pull que planteaban las querellas. “La operatoria examinada se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo”, escribieron Bertuzzi y Llorens, trasladando la responsabilidad a quienes confiaron en el tuit presidencial que promocionaba el token como una herramienta para fondear pequeños emprendimientos. Martín Romeo, uno de los damnificados, había insistido en que el engaño estaba en la propia publicación de Milei, que anunciaba un proyecto privado con apoyo presidencial que en realidad no existía. Pero para los jueces, eso no fue suficiente.

La misma sintonía fina se repitió en otros expedientes que habían sido motivo de preocupación para el oficialismo. En el mismo día, Llorens y Bertuzzi ratificaron el archivo de la investigación sobre el préstamo de 57.000 millones de dólares que Mauricio Macri tomó del FMI, beneficiando también a Luis Caputo y Federico Sturzenegger. Y como si fuera poco, confirmaron el sobreseimiento del actual ministro de Economía en la causa por omisión maliciosa y enriquecimiento ilícito vinculada al bono a 100 años que emitió en 2017, cuando era funcionario de Macri. El argumento central fue que no se comprobó una “confusión entre intereses públicos y privados” en la colocación de esos bonos, desestimando el planteo del fiscal Carlos Rívolo, que había pedido en tres oportunidades la indagatoria de Caputo por haber omitido declarar sus vínculos con sociedades offshore y por haberle facturado servicios profesionales a una de ellas mientras integraba el gobierno. Rívolo había señalado que Caputo “sin lugar a dudas” debió haber informado todo esto ante la Oficina Anticorrupción para evitar una incompatibilidad en el cargo, pero la Cámara consideró que las conductas atribuidas “no resultaban constitutivas de delito alguno”. La jugada quedó completa: el oficialismo había conseguido colonizar la Cámara Federal, y los nuevos integrantes estaban pagando el favor con creces.

Lo que hace particularmente notable este vórtice de fallos favorables es el contexto en el que se produjeron. Bertuzzi había llegado a la Cámara Federal en 2018 por decisión de Macri, sin concurso de por medio, y luego de que la Corte declarara inconstitucional esa designación, concursó, quedó en el puesto 21, pero el Consejo de la Magistratura lo ayudó a entrar en la terna de la que fue elegido por el gobierno libertario. Yadarola, por su parte, era juez penal económico desde 2015 y se hizo conocido por integrar el grupo que viajó a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido junto con el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques. Ambos juraron el jueves y al día siguiente ya estaban firmando fallos que blindaban a Milei, Macri y Caputo. Yadarola, incluso, se tomó licencia para no quedar pegado a las decisiones más polémicas, mientras que Bertuzzi y Llorens se encargaban de desarmar causas que habían sido consideradas emblemáticas por las investigaciones de corrupción. Como ironizó el abogado Nicolás Oszut, representante de uno de los querellantes de $LIBRA, “en vez del sistema acusatorio están implementando el sistema de defensa de los jueces a los imputados. No hay ningún tipo de necesidad de tener abogado defensor. Para eso están el juez y la Cámara”.

Este esquema no es nuevo en la región. La investigación del diario francés Le Monde sobre la operación Lava Jato en Brasil mostró cómo el Departamento de Justicia de Estados Unidos construyó durante años una red de jueces y fiscales alineados con sus intereses, a través de cursos de capacitación y programas de cooperación que, bajo el rótulo de la lucha contra la corrupción, terminaron sirviendo para desestabilizar gobiernos progresistas. En aquel caso, el juez Sergio Moro y los fiscales de Curitiba actuaron con una elasticidad procesal que les permitió condenar a Lula da Silva sin pruebas contundentes, con escuchas ilegales y con una relación por lo menos comprometedora con las autoridades estadounidenses. “En un caso de corrupción, hay que ir tras el ‘rey’ de forma sistemática y constante para derribarlo”, había dicho la asesora legal de la embajada de EE.UU. en Brasil en una conferencia de 2009. Ahora, en Argentina, el “rey” parece ser otro, y los jueces Bertuzzi y Llorens están haciendo exactamente lo contrario: protegiendo al poder de turno y desactivando cualquier investigación que pueda incomodarlo, con argumentos formales que esconden una decisión política clara. La pregunta que queda flotando es si este nuevo mapa judicial, diseñado a medida del oficialismo, logrará sostenerse en el tiempo o si, como ocurrió en Brasil, terminará estallando por el peso de sus propias contradicciones y la acumulación de pruebas que, aunque hoy sean ignoradas, seguirán ahí, esperando su momento.