LLA – PRO: Ahora también se roban entre ellos

A solo días de las legislativas, el PRO decidió retirar a sus más de mil fiscales del operativo electoral en La Matanza, el distrito más poblado del país, tras acusar a La Libertad Avanza de robarse los fondos destinados a la fiscalización. La ruptura, gestada en el corazón del conurbano bonaerense, tiene como epicentro una disputa entre el diputado nacional Alejandro Finocchiaro, referente macrista en el territorio, y Luis “Lucho” Ontiveros, el operador libertario designado por Sebastián Pareja para coordinar la campaña. Según fuentes del PRO, la decisión se tomó ante la presunta intención de Ontiveros de reducir la cantidad de fiscales para quedarse con parte del dinero asignado, un señalamiento que desde el espacio libertario se atribuye a “una cuestión personal” y una puja por la territorialidad.

La tensión escaló con Finocchiaro advirtiendo que a Ontiveros “lo voy a cagar a trompadas”, según reveló un interlocutor de LLA. El conflicto no es menor en un distrito que requiere alrededor de 4.000 fiscales para cubrir sus mesas y donde el operativo demanda una inversión cercana a los 300 millones de pesos. Desde el PRO aseguran que la relación ya venía deteriorada tras los comicios del 7 de septiembre, cuando denunciaron graves deficiencias en el control, con escuelas sin fiscalizar y una falta de transparencia en el uso de los recursos. En aquella oportunidad, las viandas para los fiscales consistían en un modesto sándwich de jamón y queso, a pesar de manejarse un presupuesto de 15 mil pesos por persona.

Más allá de La Matanza, el caos en la fiscalización se extiende por la provincia de Buenos Aires. En la Sexta Sección electoral, según publicó LPO, existen déficits críticos: a Bahía Blanca le faltan 502 fiscales de mesa, a Tres Arroyos 119 y a Punta Alta 80, mientras que en distritos como Laprida y Salliqueló directamente no hay fiscales generales asignados. Un dirigente encumbrado del PRO reveló que, a nivel provincial, solo está garantizado el 50% de la fiscalización, responsabilizando a la estructura de Pareja por la falta de coordinación y transparencia. Esta crisis operativa abre una nueva oleada de críticas internas contra Sebastián Pareja, a quien acusan de “hacer la plancha” tras la derrota del 7-S y priorizar la colocación de legisladores afines por sobre la eficacia electoral, en un escenario donde cada fiscal no solo representa un control, sino también un instrumento de poder y recaudación ante los aportantes empresarios.