La noticia de la libertad condicional de Eduardo Emilio Kalinec, el ex comisario de la Policía Federal más conocido por el tenebroso apodo de “Doctor K” durante la última dictadura cívico-militar, cayó como un mazazo en la comunidad de derechos humanos y reavivó el dolor de las víctimas del circuito represivo Atlético-Banco-Olimpo (ABO). Este lunes, el juez del Tribunal Oral Federal N°2, Guillermo Costabel, firmó el fallo que concedió el beneficio, actuando en cumplimiento de una polémica resolución de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal. Según la nota de actualidad, los camaristas Gustavo Hornos y Javier Carbajo, con la disidencia de Mariano Borinsky, revocaron la decisión del TOF 2 que había denegado la excarcelación en septiembre, privilegiando un informe del Servicio Penitenciario Federal sobre su “buena conducta” por encima de las evaluaciones que destacaban su nulo arrepentimiento.
Kalinec, de 73 años, cumplía una condena a prisión perpetua –firmada en 2010– por su participación como partícipe necesario en secuestros, torturas y homicidios en aquellos centros clandestinos. Su liberación se produce tras dos décadas de encierro y en un año, 2025, señalado por la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad como el de mayor número de absoluciones en causas por terrorismo de Estado. Este contexto de retroceso en las políticas de memoria coincide con la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa y un discurso negacionista que ha ganado espacio en la esfera pública. Además, tal como publicó el medio, el represor impulsa activamente que se reabra la causa por la bomba en la Superintendencia de Seguridad Federal para judicializar a militantes de los años setenta.
La figura de Kalinec trasciende su rol como verdugo para encarnar un drama familiar que ilustra las heridas aún abiertas. Su hija Analía, psicóloga y docente, integrante del colectivo Historias Desobedientes, ha sido la única de sus cuatro hijas en repudiarlo públicamente y en romper el mandato de silencio. Este posicionamiento le valió ser expulsada del núcleo familiar y convertirse en objetivo de una demanda por “indignidad”, mediante la cual su padre intentó –con el apoyo de sus hermanas– excluirla de la herencia de su madre, fallecida en 2015. “El hecho de constatar que mi padre, a través de este artilugio legal, ejerce un poder sobre mi persona tiene para mí un costo emocional muy alto”, declaró Analía en una entrevista previa, revelando el impacto en su salud mental.
El fallo que ahora lo libera no hace más que profundizar esa herida y genera indignación entre los sobrevivientes. Delia Barrera, una de las víctimas de Kalinec, cuestionó la decisión judicial en declaraciones reproducidas por este diario: “¿Y qué pasó? Hoy vemos cómo la impunidad, la falta de justicia y los oídos sordos nuevamente nos dan la espalda”. Por su parte, Ana María Careaga, también sobreviviente, recordó la paradoja de que quien “apuntaba ferozmente, en el marco de las torturas, a la pérdida de la dignidad” ahora utilice esa figura legal contra su propia hija. Estas voces se alzan contra un beneficio que consideran inaceptable para quien nunca mostró remordimiento.
Analía Kalinec recibió la noticia en un momento cargado de simbolismo, durante el egreso de su hijo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, institución que recuerda a sus estudiantes desaparecidos. “Lo primero que pensé fueron las víctimas de mi papá”, afirmó en diálogo con radios porteñas. Con firmeza, señaló que su padre “manejó información sensible y la sigue manejando”, en referencia al destino de detenidos desaparecidos y de bebés apropiados en el circuito ABO, información que nunca aportó. “Su silencio es un daño actual que sigue produciendo”, remarcó, definiendo la resolución judicial como “bochornosa” y confiando en una respuesta social frente a lo que percibe como una injusticia.
El camino a la libertad condicional había sido allanado previamente con la concesión de salidas transitorias desde 2022, otorgadas por la misma Cámara con el argumento de que servían para “afianzar y mejorar lazos familiares y sociales”, un planteo que su propia hija desobediente ya había calificado de paradójico y ofensivo. Para Analía y el colectivo al que pertenece, equiparar los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes y otorgar beneficios basados en conductas intramuros, como cursos de bijouterie, sin considerar la gravedad de los hechos y la falta total de colaboración con la justicia, representa un peligroso retroceso. “Argentina logró algo único a nivel mundial: juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con todas las garantías constitucionales. Eso es un piso que hay que defender”, insistió.
La salida de Eduardo Kalinec de la Unidad 19 de Ezeiza no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una tendencia observada durante los últimos meses. Según advirtió este medio, el Servicio Penitenciario Federal ha tendido a presentar informes favorables para la excarcelación de represores, en sintonía con una “caída histórica” en el número de genocidas en cárcel común, muchos trasladados a una unidad VIP en Campo de Mayo. Mientras el “Doctor K” recupera la libertad, su hija y cientos de víctimas sostienen la bandera de una lucha que, lejos de apagarse, se reaviva ante cada nueva señal de impunidad. “Por más que sea mi papá está mal lo que hizo. Que sea su hija no me exime de repudiar estos crímenes”, cerró Analía Kalinec, reafirmando su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.
1. El ex comisario condenado a perpetua por crímenes en el circuito ABO fue beneficiado por la Cámara de Casación. Su hija Analía, integrante de Historias Desobedientes, y los sobrevivientes repudiaron la decisión, en un año marcado por el aumento de absoluciones en causas de lesa humanidad.
2. Eduardo Kalinec, el temido “Doctor K”, obtiene la libertad condicional tras un fallo dividido. Mientras las víctimas denuncian impunidad, su hija Analía afirma que él guarda información clave sobre desaparecidos y que su silencio sigue causando daño.
