La ocupación británica de las Islas Malvinas, iniciada el 3 de enero de 1833 tras la expulsión violenta de las autoridades argentinas a bordo de la corbeta HMS Clio, constituye una herida abierta en la integridad territorial de la República Argentina que no ha cesado de ser denunciada por la diplomacia nacional. Lejos de tratarse de un reclamo fundado en un sentimiento de pertenencia o en la memoria de la guerra de 1982, el andamiaje jurídico e histórico que sostiene la posición argentina se ha consolidado a lo largo de casi dos siglos a partir de principios inapelables del derecho internacional, antecedentes coloniales verificables y estudios científicos que demuestran la prolongación natural del continente. Tal como detalla un análisis pormenorizado sobre la disputa en el Atlántico Sur, la legitimidad del reclamo se hunde en la herencia del uti possidetis iuris: al emanciparse de la corona española tras la Revolución de Mayo de 1810, las Provincias Unidas del Río de la Plata heredaron todos los territorios que habían pertenecido al Virreinato, incluyendo un archipiélago que España había administrado con una sucesión ininterrumpida de treinta y dos gobernadores hasta 1811. Durante el período colonial, las islas dependieron administrativamente de Buenos Aires, y España ejerció actos concretos de soberanía, como la designación de autoridades, el control de actividades económicas y la defensa militar frente a otras potencias, incluyendo el desalojo de un asentamiento británico en Puerto Egmont en 1770, tras el cual Londres abandonó voluntariamente el lugar en 1774.
Tras la independencia, la naciente Argentina consolidó su presencia efectiva con actos de gobierno inobjetables. En 1820, el coronel David Jewett, al mando de la fragata Heroína, realizó una toma de posesión formal que fue difundida por la prensa internacional de la época, incluyendo medios como The Times de Londres, sin que el Reino Unido formulara protesta alguna. Posteriormente, el 10 de junio de 1829, se creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas, designando a Luis Vernet como su primer titular, quien desarrolló un plan de colonización con población estable, actividad productiva y regulación de recursos. Como señala una especialista en relaciones internacionales citada por un medio jujeño, “Argentina tuvo autoridades políticas, tuvo gobernadores en las islas en la década de 1820. Hay una persona llamada Luis Bernet (sic) que viajó a las Malvinas, estuvo viviendo allá, previó un plan poblacional. Fue con su familia, fue con su mujer embarazada hasta allá y ahí nació su hija Matilde, Matilde Malvina Bernet”. Bajo su gestión, se celebró el primer matrimonio civil bajo leyes argentinas en 1830 y se festejaban las fechas patrias del 25 de mayo y el 9 de julio, desmintiendo cualquier narrativa que pretenda presentar al archipiélago como un territorio vacío o en un limbo legal al momento de la usurpación.
La ocupación británica de 1833 no solo violó el derecho internacional al emplear la fuerza sin mediar estado de guerra, sino que desde el primer momento encontró una respuesta diplomática ininterrumpida. El representante Manuel Moreno presentó el 17 de junio de ese año un reclamo formal ante el gobierno de Londres, al que siguieron décadas de protestas que impidieron que el Reino Unido pudiera alegar prescripción adquisitiva por el paso del tiempo. Tal como se consigna en una serie de argumentos pensados para la divulgación educativa, “Argentina las reclamó desde siempre, jamás aceptó la usurpación, y por lo tanto los británicos no están en posesión de ningún documento que acredite su dominio o nuestra renuncia al mismo”. La comunidad internacional reconoció formalmente la existencia de esta disputa mediante la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965, que calificó la situación como un caso de colonialismo especial donde no corresponde aplicar el principio de autodeterminación de los pueblos, dado que la población actual es trasplantada por la potencia ocupante tras expulsar a los habitantes originales. Desde entonces, más de cuarenta resoluciones de la ONU y otros organismos multilaterales como la OEA y el MERCOSUR han reiterado el llamado a ambas partes a sentarse a negociar una solución pacífica y definitiva.
En el plano científico y geológico, el reclamo argentino ha recibido un respaldo de enorme relevancia técnica. Diversos estudios del CONICET, como los del Dr. Florencio Aceñolaza, demostraron que existe una continuidad estructural entre la Patagonia y el subsuelo de las islas, confirmando que las Malvinas no son un territorio aislado sino una extensión natural de la plataforma continental argentina. Tras más de dos décadas de investigaciones que incluyeron campañas oceanográficas, estudios sísmicos y relevamientos batimétricos de alta precisión, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la ONU aceptó en marzo de 2016 la presentación argentina, que incluyó más de ochocientas mil páginas de documentación técnica. Si bien ese dictamen no resuelve la cuestión de la soberanía, reconoce que las islas se encuentran dentro de la prolongación natural del territorio nacional, fortaleciendo la posición argentina en términos de recursos energéticos y pesqueros en un contexto global de creciente disputa por el control del lecho marino. La Ley 27.557, sancionada en 2020, incorporó oficialmente ese nuevo límite a la cartografía nacional, consolidando la visión de una Argentina marítima y bicontinental.
Sin embargo, la solidez de estos argumentos históricos, jurídicos y científicos contrasta con un escenario geopolítico complejo y con un giro en la política exterior argentina que ha generado fuertes controversias internas. Mientras el Reino Unido mantiene y refuerza su presencia militar en la base de RAF Mount Pleasant, que funciona como un centro de disuasión y proyección estratégica sobre el Atlántico Sur y la Antártida, el gobierno de Javier Milei impulsó en septiembre de 2024 un acuerdo con su par británico David Lammy que restablece medidas de cooperación en áreas como vuelos, pesca e identificación de soldados caídos. Dicho pacto, presentado oficialmente como un avance pragmático para construir confianza, ha sido duramente criticado por excombatientes y especialistas en relaciones internacionales, quienes lo equiparan al polémico Comunicado Foradori-Duncan de 2016. De acuerdo con advertencias del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la reanudación del vuelo semanal desde San Pablo con escala mensual en Córdoba facilita la conectividad y la logística de las industrias que operan bajo licencias unilaterales británicas, violando la Resolución 31/49 de la ONU que insta a las partes a no introducir modificaciones en la situación mientras dure la controversia.
Tenemos la responsabilidad, como argentinos, de mantener viva nuestra historia y seguir reclamando la soberanía sobre las Islas Malvinas. Nuestra bandera es la celeste y blanca.
— Axel Kicillof (@Kicillofok) April 2, 2026
El pueblo bonaerense ha demostrado que esta lucha sigue vigente, y ese es el mejor homenaje que… pic.twitter.com/53Sb7qAMSI
A esta preocupación se suma el avance del proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas Norte y operado por la empresa israelí Navitas Petroleum junto a la británica Rockhopper Exploration, que busca extraer unos mil setecientos millones de barriles de petróleo a partir de 2028 con una inversión inicial de mil ochocientos millones de dólares. El gobierno argentino ha calificado ese desarrollo como ilegal e ilegítimo, advirtiendo con sanciones y acciones legales a las empresas involucradas, que ya han sido inhabilitadas por operar sin permiso del Estado argentino. Para los sectores críticos, cada barril extraído en ese yacimiento no solo consolida una renta de largo plazo que financia la ocupación, sino que también introduce cambios unilaterales en la situación de la disputa, en abierta contradicción con las reiteradas exhortaciones de la comunidad internacional. En enero de 2026, la tensión interna alcanzó un punto álgido cuando excombatientes otorgaron un plazo de veinticuatro horas al presidente Milei para que se retractara de sus dichos ante medios ingleses, en los que manifestó su admiración por figuras como Margaret Thatcher y se mostró favorable a la autodeterminación de los isleños, expresiones que, a juicio de los veteranos, violan la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional. Esa cláusula, que data de la reforma de 1994, establece de manera explícita e irrenunciable que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”. La persistencia del reclamo, lejos de ser un acto de nostalgia o un ejercicio de memoria por los caídos en 1982, se erige así como una condición necesaria para la proyección soberana del país en el siglo XXI, en un mundo donde el control de los recursos naturales, las rutas marítimas y el acceso a la Antártida definen cada vez con mayor crudeza los márgenes de la autonomía estatal.
