La reciente confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner por la Corte Suprema de Justicia ha reavivado el debate sobre la denominada “guerra jurídica” o “lawfare” en Argentina. En este complejo escenario, el libro “Condenada” de la periodista Sofía Caram emerge como una pieza fundamental para comprender los intrincados pormenores de la Causa Vialidad, que culminó con una condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para la expresidenta por administración fraudulenta. Caram se adentra en el expediente para desentrañar las contradicciones y supuestas irregularidades de un proceso que, según la propia autora, exhibe una “endeblez” probatoria alarmante.
La obra de Caram, que inicialmente iba a ser una crónica de las audiencias, se transformó en un análisis más profundo de la historia política reciente, influenciada incluso por el intento de magnicidio que sufrió la expresidenta durante el desarrollo del juicio. La periodista, según sus propias declaraciones, plantea si la situación de Cristina Fernández de Kirchner se trata de culpabilidad, persecución, o “si son las dos cosas a la vez”, y si “parece sospechoso pero no se pudo probar”. Esta perspectiva crítica se alinea con las denuncias de “lawfare” que, desde el inicio del proceso, fueron esgrimidas por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes han calificado el proceso de “absolutamente viciado” y alertan sobre el riesgo que este fallo representa para el “pacto civilizatorio” de la democracia. El concepto de “lawfare”, según explicaciones que retoma el libro, implica la utilización abusiva o ilegal de instancias judiciales con el fin de inhabilitar o generar repudio contra un oponente político, incluso buscando la exclusión de candidaturas, lo que para estos sectores, la inhabilitación perpetua de Cristina Fernández de Kirchner valida esa estrategia.
Todo hace juego con todo. Hoy, Página/12 prueba que la asociación ilícita es la de ellos. El Pte. del Tribunal y el Fiscal de la causa “Obra Pública” jugando al fútbol en la quinta de Mauricio Macri. El camarista Llorens juega en el “mismo equipo” pero ese día faltó al partido. pic.twitter.com/Bl1mLMKXUy
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 8, 2022
La Causa Vialidad, aunque originada en una denuncia de Elisa Carrió en 2008, tomó “gran impulso” en 2016 con la presentación del entonces Director Nacional de Vialidad de la gestión de Mauricio Macri, Javier Iguacel. Este resurgimiento bajo un gobierno opositor es un punto central en las denuncias de instrumentalización política de la justicia. La investigación inicial estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, quien posteriormente fue implicado en el controvertido viaje a Lago Escondido, un episodio que generó fuertes cuestionamientos sobre la independencia judicial y los vínculos con figuras políticas y empresariales, según reportes de diversos medios. La implicación de un juez clave en la fase de instrucción en un escándalo que sugiere la fraternización entre el poder judicial y élites políticas y económicas, arroja una sombra sobre la imparcialidad de las etapas fundacionales del caso Vialidad.
El juicio oral, que comenzó en mayo de 2019, concluyó con la condena de primera instancia en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Esta condena fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y finalmente por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola habían solicitado una pena de doce años de cárcel, pero la condena se fijó en seis años de prisión por administración fraudulenta, con absolución del delito de asociación ilícita.1 A pesar de que los tres jueces del TOF 2 (Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) y el fiscal Luciani fueron designados durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, se ha difundido ampliamente que Luciani y Gorini, al igual que Giménez Uriburu, compartían un equipo de fútbol amateur que participaba en un torneo en la quinta de Mauricio Macri, “Los Abrojos”, un lazo que generó un escándalo mediático y judicial sobre la imparcialidad de los magistrados. El exjuez de la Corte Suprema, Raúl Eugenio Zaffaroni, calificó a los jueces como “títeres” del “poder real”.
El libro “Condenada” y la defensa de Cristina Fernández de Kirchner enumeran una serie de graves cuestionamientos sobre el proceso judicial:
La sentencia final, que absolvió a Cristina Fernández de Kirchner del cargo de asociación ilícita pero la condenó por administración fraudulenta, se percibe como un fallo que, más allá de lo jurídico, tiene un “sabor a proscripción”. La Corte Suprema, al rechazar el recurso de queja por “falta de fundamentación autónoma”, evitó un análisis de fondo de los argumentos de la defensa, lo que es interpretado como una ratificación de un proceso viciado sin una revisión exhaustiva, y un elemento más en la narrativa de la “guerra jurídica”.
