La investigación por presuntas coimas y sobreprecios en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) atraviesa un momento de máxima tensión, con nuevos elementos que profundizan el entramado bajo la lupa judicial y exponen fisuras entre los principales implicados. Grabaciones difundidas en el programa *La Última Pregunta* arrojan luz sobre los vínculos entre varios de los imputados y los dueños de Droguería Suizo Argentina, los hermanos Emmanuel, Jonathan y Eduardo Kovalivker. En esas conversaciones, que involucran a Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian —el primer detenido— y Miguel Ángel Calvete, se menciona de manera explícita a la empresa farmacéutica. Uno de los mensajes más reveladores, según el informe periodístico, muestra a Garbellini escribiendo a Atchabahian: “Es importante tener gente con la bandera correcta y la bandera de Suiza”, una frase interpretada como una alusión directa a la droguería y su presunto rol en el esquema.
El material sonoro también da cuenta de la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Museo”, integrado por empresarios que, de acuerdo a la investigación fiscal, coordinaban estrategias para adjudicarse contratos estatales en el organismo. En esa red digital habrían participado personas cercanas al círculo de los Kovalivker, lo que reforzaría las sospechas sobre su intervención. Este escenario se complejiza en el ámbito judicial, ya que si bien el juez federal Sebastián Casanello había rechazado un pedido de nulidad presentado por la defensa de estos empresarios, la Sala II de la Cámara Federal porteña revocó dicha decisión a comienzos de diciembre. El tribunal superior ordenó indagar el origen y la autenticidad de las grabaciones filtradas, una pesquisa que podría impactar en el desarrollo de la causa.
Paralelamente, el foco se posa sobre el explosivo crecimiento económico de Droguería Suizo Argentina, cuya facturación habría escalado de $2.417 millones en 2020 a aproximadamente $15.000 millones en 2024, tal como publicó la Agencia Noticias Argentinas. En este contexto, los investigadores no pasan por alto la relación entre los hermanos Kovalivker y el asesor político Eduardo “Lule” Menem, cuya cercanía con el grupo familiar es observada como un elemento de potencial influencia. Mientras se analizan estas conexiones, la trama interna de la ANDIS muestra signos de fractura. El extitular del organismo, Diego Spagnuolo, presentó un descargo escrito en el que buscó deslindar responsabilidades, argumentando que por el diseño institucional de la agencia le era imposible haber ejecutado las maniobras descritas por el fiscal Franco Picardi. Sin nombrarlo directamente, Spagnuolo apuntó a Daniel María Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, como el responsable funcional. Esta versión, según confirmó una consulta de *Tiempo* al entorno de Garbellini, fue calificada de manera terminante como “infantil”.
La hipótesis de la fiscalía, sin embargo, pinta un cuadro de organización criminal donde Garbellini ocuparía un lugar protagónico. Según el dictamen de Picardi, el ex funcionario habría actuado bajo lineamientos de Pablo Atchabahian, sindicado como un jefe paraestatal, y era quien decidía a qué proveedores invitar a las compulsas de precios —algunas abiertas y otras reducidas y presuntamente amañadas— para la adquisición de medicamentos. Esta imputación encontró corroboración en la declaración de Roger Grant, otro de los involucrados, quien afirmó que “era siempre Garbellini” el que determinaba los participantes. Frente a esta acumulación de señalamientos, la defensa de Garbellini prepara su propio descargo, a la espera de acceder a partes del expediente que permanecen reservados.
⭕️CAUSA ANDIS: Los Kovalivker cada vez más complicados. pic.twitter.com/jxau42hdEt
— C5N (@C5N) December 13, 2025
La causa avanza hacia una fase de definiciones con la incorporación de nuevas imputaciones. La próxima semana están citados a indagatoria cuatro sospechosos más: Diego Martín D’Giano, director de prestaciones médicas de la ANDIS; Patricia Canavesio, vinculada a Calvete; Julio César “Play” Viera, señalado como operador financiero del mismo Calvete; y Ornella Calvete, hija de Miguel Ángel. El rol de esta última cobra particular notoriedad tras el allanamiento a su domicilio, donde según pudo confirmar A24.com, se secuestraron “cerca de 700.000 dólares y 19.190.000 pesos”, además de llaves de cajas de seguridad. Ornella Calvete, quien se desempeñó como Directora Nacional en el Ministerio de Economía hasta su renuncia el mes pasado, mantuvo conversaciones con su padre donde incluso bromeaba con el entramado, advirtiéndole: “si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión”. El fiscal sostiene que desde su puesto en Economía podría haber accedido a información privilegiada sobre importaciones para beneficiar los negocios del grupo.
En su defensa, Spagnuolo fue más allá y acusó al ministerio público de mantenerlo en indefensión, afirmando que su condena “ya está escrita de antemano”. Cuestionó la solidez de las pruebas en su contra, como el hallazgo de una máquina contadora de billetes, argumentando que la adquirió en 2022 para tareas en una cooperadora. Su descargo, que tilda de “absurda” la imputación por la supuesta magnitud de los fondos que habría recibido, contrasta con la evidencia material acumulada contra otros acusados y con el relato construido por la fiscalía sobre una red que habría desviado recursos millonarios destinados a la salud de las personas con discapacidad. Con múltiples hilos por atar y relaciones de poder bajo escrutinio, el caso ANDIS promete seguir reverberando en el ámbito judicial y político en las próximas semanas.
