La ruta del dinero $LIBRA complica la imagen del Presidente

El escándalo por el presunto fraude de la criptomoneda $LIBRA ha escalado a niveles que comprometen al gobierno, luego de que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenara una medida cautelar de “prohibición de innovar” para congelar activos de la figura central de la maniobra, el empresario estadounidense Hayden Davis, y dos operadores sospechados de manejar una “cueva financiera” en el mundo cripto. La decisión judicial, impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano, se sustenta en informes técnicos del Ministerio Público Fiscal que recomiendan preservar bienes que podrían ser parte del presunto fraude a cientos de inversores, estimado entre 100 y 120 millones de dólares.

La resolución del juez Martínez de Giorgi, dictada al considerar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora por el riesgo de que los activos digitales fueran transferidos antes de una resolución definitiva, alcanza al colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y al argentino Orlando Rodolfo Mellino. Ambos figuran como titulares de billeteras virtuales bajo la lupa de la Justicia y son investigados como “intermediarios” en operaciones de conversión de criptoactivos a dinero fiduciario. Su inclusión en la medida judicial responde a su participación en la ruta del dinero bajo sospecha, presuntamente actuando como “rampas de salida a dinero fiduciario” para dificultar el rastreo de los fondos y ocultar a sus receptores finales, quienes aún permanecen sin identificar.

La investigación ha revelado vínculos y movimientos financieros que coinciden temporalmente con instancias de la más alta esfera del Poder Ejecutivo. Específicamente, los informes de la Fiscalía rastrearon que Mellino intermedió de manera directa entre Davis y los demás investigados en fechas que coinciden con la reunión entre el empresario y el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. En particular, se detectó que Davis transfirió US$ 507.500 a través de una plataforma apenas 42 minutos después de que el presidente tuiteara una selfie de ambos el 30 de enero, promocionando a Davis como asesor en blockchain e inteligencia artificial. Estos documentos analizados por la Fiscalía sugieren que dichas transferencias “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos”.

Por su parte, Rodríguez Blanco aparece como intermediario en operaciones que coincidieron con movimientos de dinero en efectivo vinculados a la apertura de cajas de seguridad atribuidas al lobista Mauricio Novelli. Como ejemplo, se señala el lunes 17 de febrero, cuando la madre y la hermana de Novelli retiraron bolsos de una sucursal bancaria horas después del colapso de $LIBRA. Es importante recordar que las medidas de “prohibición de innovar” ya habían sido adoptadas previamente contra los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes participaron en el Tech Forum de octubre de 2024, un evento de alto perfil con asistencia presidencial que generó varios de los vínculos hoy bajo escrutinio. Los documentos judiciales mencionan, además, planes de lobistas para “monetizar la imagen del Presidente”, incluyendo mensajes de texto atribuidos a Davis que sugieren el lanzamiento de otro criptoactivo: $MILEI.

En paralelo a la acción judicial, la Comisión Investigadora del Congreso ha avanzado con un expediente de más de diez cuerpos. La Comisión detectó movimientos sospechosos de 550 mil dólares hacia una billetera vinculada a la trama entre noviembre de 2024 y enero de 2025, lo que refuerza la hipótesis de un acuerdo previo entre Davis y el Poder Ejecutivo. Según el especialista Fernando Molina, esos fondos habrían sido direccionados a cuentas asociadas a Terrones Godoy, quien además habría gestionado la formalización de un contrato para que Davis obtuviera el rol de “representante exclusivo” del Estado argentino en materia de blockchain, inteligencia artificial y criptomonedas. En base a los hallazgos de la investigación parlamentaria, el diputado Juan Marino afirmó que se hallaron “indicios que refuerzan la hipótesis de que el presidente Javier Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones”.

Mientras la jueza federal Jennifer Rochon, en Nueva York, tramita la demanda colectiva (class action) ampliada por inversores damnificados contra Davis, la plataforma Meteora y su referente Benjamin Chow, en Argentina la oposición ha resuelto avanzar con denuncias penales contra el juez Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano, y varios funcionarios del Poder Ejecutivo. Entre los acusados de mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público se encuentran el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; la jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, Florencia Zicavo; y los representantes de la CNV y la UIF, Roberto Silva, Sergio Morales y Paul Starc. La complejidad del caso, que la Fiscalía investiga bajo las figuras de estafa, tráfico de influencias, cohecho y abuso de autoridad, se incrementa con el análisis de las 140 mil billeteras virtuales involucradas, de las cuales 36 obtuvieron ganancias superiores al millón de dólares, mientras que 114 mil registraron pérdidas.