La represión a cuidacoches en Quilmes destapa un llamativo vínculo entre Mayra Mendoza y un polémico empresario

La aprobación del Plan Integral de Ordenamiento Urbano y Vial por parte del Concejo Deliberante de Quilmes este lunes 22 de diciembre, lejos de ser un mero trámite administrativo, desencadenó una profunda crisis política y social que expone las tensiones entre la modernización del Estado, los intereses económicos en juego y la lucha por la inclusión laboral. La sesión, respaldada por una amplia mayoría de los bloques políticos que incluyó al oficialismo kirchnerista, el PRO, la UCR y sectores de La Libertad Avanza, se desarrolló bajo una fuerte custodia policial y en medio de violentos disturbios protagonizados por organizaciones de trabajadores de la economía popular. La norma, presentada como respuesta a una demanda histórica de ordenamiento del tránsito y seguridad vial, tiene como eje central la reorganización del Sistema de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) a través de una licitación pública, prometiendo la formalización laboral de los cuidacoches que hoy operan de manera informal.

Sin embargo, la promesa de integración choca con el diseño mismo de la licitación y con un sospechoso beneficiario. Las organizaciones sociales, lideradas por el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Juan Grabois, denuncian que el pliego técnico está deliberadamente diseñado para favorecer a la empresa Secutrans, propiedad del polémico empresario Leandro Camani. Este hombre, apodado el “zar de las fotomultas”, gestiona un imperio de recaudación basado en más de 1.500 cámaras desplegadas en una decena de municipios bonaerenses como La Matanza, Morón y San Martín. El negocio es de una escala descomunal: según datos oficiales, entre enero y septiembre de 2024, la provincia recaudó más de 67 mil millones de pesos por fotomultas, de los cuales Secutrans contribuyó con casi 1.700 millones. No obstante, la efectividad del sistema que promueve es más que cuestionable. Juzgados de faltas bonaerenses estiman que entre el 60% y el 70% de las multas emitidas por la tecnología de Camani son nulas debido a actas mal confeccionadas, fotos deficientes o datos erróneos. A pesar de esta altísima tasa de error, las multas se procesan de todas formas, generando una máquina de recaudación que, según un informe de C5N, le reportó a Secutrans ingresos por 386 mil millones de pesos en 2023, equivalentes a casi un millón de dólares diarios en períodos pico.

El conflicto por el estacionamiento medido trascendió instantáneamente lo local para convertirse en el campo de batalla de una disputa por el liderazgo y la dirección ideológica. Juan Grabois arremetió con dureza contra la gestión municipal a través de las redes sociales. “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, escribió. Y sentenció: “Pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca, lo haga quien lo haga”. La respuesta de Mayra Mendoza, quien se encuentra en uso de licencia como intendenta para asumir como diputada provincial, fue igualmente contundente y personal. En supuestos audios filtrados, la dirigente de La Cámpora acusó a Grabois de promover una “psicopateada” y de “fomentar la violencia”. “Dudo de su convicción política”, disparó Mendoza, agregando con tono desafiante: “A veces dudo de cual es tu conducción Juan Grabois y que es lo que verdaderamente representás”. Este cruce no es solo una pulseada retórica; visibiliza la tensión entre un modelo de gestión que prioriza acuerdos con proveedores tecnológicos para el “orden” y otro que exige la inclusión directa de los sectores populares en la economía formal.

El conflicto por el estacionamiento medido trascendió instantáneamente lo local para convertirse en el campo de batalla de una disputa por el liderazgo y la dirección ideológica. Juan Grabois arremetió con dureza contra la gestión municipal a través de las redes sociales. “Lamentable la intendencia de Quilmes habilitando junto a la bonaerense la represión de militantes y trabajadores por una protesta social mientras tratan en el Concejo Deliberante la privatización amañada del estacionamiento medido”, escribió. Y sentenció: “Pegarle a los laburantes dos días antes de navidad es de garca, lo haga quien lo haga”. La respuesta de Mayra Mendoza, quien se encuentra en uso de licencia como intendenta para asumir como diputada provincial, fue igualmente contundente y personal. En supuestos audios filtrados, la dirigente de La Cámpora acusó a Grabois de promover una “psicopateada” y de “fomentar la violencia”. “Dudo de su convicción política”, disparó Mendoza, agregando con tono desafiante: “A veces dudo de cual es tu conducción Juan Grabois y que es lo que verdaderamente representás”. Este cruce no es solo una pulseada retórica; visibiliza la tensión entre un modelo de gestión que prioriza acuerdos con proveedores tecnológicos para el “orden” y otro que exige la inclusión directa de los sectores populares en la economía formal.

Pero el perfil de Camani se oscurece aún más con vínculos que trascienden lo empresarial y lo político para adentrarse en el crimen organizado. El 2 de octubre de 2024, en un control rutinario en la Ruta 9, fue secuestrada una camioneta Mercedes Benz GLE 400 4Matic que era conducida por Lisandro Damián Contreras. El vehículo pertenecía a Leandro Camani. Hoy, Contreras está preso, acusado de liderar la banda narco “Los Menores” en Rosario y se investiga su posible vinculación con el asesinato del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte a fines del 2024. La pregunta sobre cómo y por qué un presunto narcotraficante manejaba un vehículo de alta gama a nombre del “zar de las fotomultas” permanece sin respuesta, proyectando una sombra de ilegitimidad sobre cualquier contrato público que su empresa pueda obtener.

La ordenanza fue finalmente sancionada, pero la fractura que dejó a su paso es profunda. El municipio insiste en que el proceso licitatorio será “transparente y abierto” y que la norma “contempla la contratación de manera formal” de los cuidacoches actuales. Sin embargo, para los 120 trabajadores censados por el MTE y para una franja importante del movimiento popular, la medida no es más que la privatización de un servicio público esencial, diseñada a la medida de un empresario con un historial turbulento y conexiones inquietantes. Lo ocurrido en Quilmes es un microcosmos de una batalla mayor: la que define si la modernización del Estado se hará mediante alianzas con capitales de dudosa procedencia o a través de la integración de los sectores históricamente excluidos. La calle, por ahora, sigue siendo el escenario de esta disputa, y la paz social en el distrito depende de una respuesta que aún no llega.