El Tribunal Oral Federal 2, responsable de condenar a Cristina Fernández de Kirchner y ahora encargado de ejecutar la pena, evalúa imponer restricciones significativas a sus condiciones de detención domiciliaria, sin descartar incluso la posibilidad de revocar ese beneficio. Según información de fuentes judiciales, los magistrados Jorge Gorini (presidente del tribunal), Rodrigo Giménez Uriburu (compañerito de fútbol de Macri y del fiscal Luciani) y Andrés Basso, analizan un paquete de medidas que endurecería notablemente el régimen de prisión en su departamento de Constitución. Entre las limitaciones bajo estudio figuran la prohibición expresa del uso de redes sociales, la implementación de un control sumamente riguroso sobre las personas autorizadas a visitarla, y la imposibilidad de que acceda al balcón del inmueble, especialmente para pronunciar discursos ante los simpatizantes que mantienen una vigilia en las inmediaciones. El objetivo, tal como publicó el medio, sería evitar que la esquina de San José y Humberto Primo se convierta en un centro de operaciones político comparable a la histórica “Guardia de Hierro”.
El juez Gorini, inicialmente anunciado para tomar licencia la próxima semana, postergó su ausencia para presidir la resolución sobre la situación de la líder del PJ, prevista para el próximo miércoles. Las fuentes enfatizaron que cualquier decisión contará con el acuerdo de los tres integrantes del tribunal, quienes mantienen una relación tensa con el kirchnerismo, al que acusan de haberlos sometido a espionaje ilegal, filtrado de datos personales y otras formas de presión. En círculos judiciales de Comodoro Py, consultados por LPO, se manifestó mayor escepticismo sobre la revocación efectiva de la prisión domiciliaria, aunque admitieron que es una opción que no se descarta por completo y que el beneficio podría ser revertido en cualquier momento por el TOF 2. Sin embargo, sí se considera altamente probable la imposición de las restricciones mencionadas. Esta postura judicial se alinea con el reclamo formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes han mantenido una posición de extrema firmeza contra Fernández de Kirchner, llegando a solicitar su detención inmediata.
El martes, cuando el Triunvirato títere que funge como ficción de Corte Suprema de Justicia cumplió la orden de proscripción del poder económico contra mi persona, poniéndole un cepo al voto popular, mis abogados presentaron ante el Tribunal Oral Nro. 2 solicitud de detención…
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 13, 2025
La eventual aplicación de estas medidas restrictivas alimentaría las acusaciones de persecución política contra la expresidenta, argumento central utilizado por sus defensores y sectores del oficialismo. Desde el Gobierno existe preocupación por que el fallo y sus consecuencias profundicen la polarización política y generen que el conflicto se traslade a la calle. Ante los rumores sobre la posible negación de la domiciliaria, Cristina Fernández se anticipó con una extensa publicación en sus redes sociales este viernes, reclamando la aprobación de su residencia como lugar de detención. “No se trata de un privilegio. Por el contrario, obedece a estrictas razones de seguridad personal”, expuso en su escrito. Mientras se define su situación procesal inmediata, Cristina enfrenta la perspectiva de otros tres juicios pendientes: el caso Hotesur-Los Sauces, la causa de los Cuadernos –cuyo inicio está previsto para el próximo 6 de noviembre– y el proceso por el memorándum con Irán, cuya fecha se espera sea establecida próximamente.
