La libertad de coartar libertades

La normativa, firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni y su subsecretario Javier Lanari, establece un régimen estricto que limita el acceso, controla los movimientos e impone criterios de evaluación basados en métricas de audiencia, en lo que organismos de derechos humanos y asociaciones de periodistas interpretan como un intento de silenciar críticas bajo el disfraz de “orden” institucional.

Según la disposición, solo 25 periodistas podrán acreditarse anualmente en la sala “Decano Roberto Di Sandro”, mientras que la sala de conferencias tendrá un cupo máximo de 36 profesionales. Además, se impone un código de vestimenta formal, se prohíbe la circulación por áreas no autorizadas —catalogada como falta grave— y se otorga a la Subsecretaría de Prensa facultades para moderar preguntas y gestionar el tiempo de intervención en conferencias. Estas medidas contradicen prácticas históricas que permitían a los reporteros realizar guardias y acceder a fuentes espontáneas, esenciales para el trabajo informativo.

Uno de los aspectos más polémicos es la “matriz de evaluación objetiva” que califica a los medios con un sistema de puntaje (entre 35 y 70 puntos), considerando su audiencia, alcance geográfico y “compromiso con normas institucionales”. Los solicitantes deberán presentar datos respaldados por herramientas como Google Analytics o Ibope, y aquellos que no mantengan un “alcance masivo” podrían perder su acreditación. Este mecanismo margina a medios independientes o locales, concentrando el acceso en grandes conglomerados afines al discurso oficial.

El Gobierno justifica la medida como necesaria para “garantizar seguridad, evitar aglomeraciones y promover la pluralidad informativa”. Sin embargo, la retórica contrasta con los ataques públicos del presidente Milei contra periodistas, a quienes frecuentemente llama “enemigos” y acusa de difundir “fake news”, un discurso que evoca las estrategias de Donald Trump contra la prensa. Esta resolución se enmarca en esa misma línea adversarial: mientras el Ejecutivo habla de “libertad” en sus alocuciones, restringe físicamente el acceso a la información y condiciona la permanencia de los medios a parámetros cuantitativos que nada tienen que ver con la calidad periodística.

Las nuevas reglas también incluyen controles intrusivos: los periodistas deberán mantener credenciales visibles, solicitar con 48 horas de anticipación el cubrimiento de eventos puntuales y abstenerse de transmitir en vivo desde espacios no autorizados. Incluso se regula el comportamiento durante las conferencias —prohibiendo acercarse al conferencista o ingresar una vez iniciado el acto—, lo que, según organizaciones como la SIP, convierte a la Casa Rosada en un espacio de actuación controlada, lejos de la transparencia prometida.

Paradójicamente, la resolución afirma buscar “condiciones de igualdad y transparencia”, pero su aplicación queda en manos de una Subsecretaría de Prensa que reporta directamente al vocero oficial. Este organismo no solo evaluará a los medios, sino que podrá suspender acreditaciones por “faltas graves” como usar prendas informales o cuestionar a funcionarios. La ambigüedad en los criterios —sin mecanismos de apelación claros— abre la puerta a arbitrariedades, consolidando un sistema donde la permanencia depende de la sumisión editorial.

La decisión llega en un contexto donde Milei, al igual que Trump, utiliza su plataforma para deslegitimar a la prensa independiente. Al restringir el acceso físico y someterlo a métricas de popularidad, el Gobierno no solo limita la circulación de información crítica, sino que institucionaliza un modelo de comunicación vertical, donde solo las voces funcionales al poder tienen espacio. Un golpe a la democracia, disfrazado de protocolo.